Desde que se inició la crisis entre Catalunya y España me he referido varias veces a mi opinión de que la principal razón del problema no se localiza en Catalunya sino en Madrid porque, aparte que es donde se inició la crisis con las firmitas contra Catalunya de Rajoy, la inmensa mayoría de los políticos, periodistas e incluso ciudadanos de la capital del Estado no solo no tienen el más mínimo interés en solucionar el problema, sino que hacen siempre lo máximo posible para empeorarlo.
Esa política fascista, imperial y estúpida de exigir la rendición incondicional de todo lo que huela, aunque solo sea un poco, a soberanismo catalán ha llevado la crisis al desastre del viernes pasado que supone un claro punto de no retorno que va a eternizar el problema, añadiendo una terrible incertidumbre sobre cuál puede ser el resultado final de la crisis que en cualquier caso no se parecerá en nada a la solución adoptada por países serios y civilizados en situaciones idénticas, quedando como única posibilidad el que la U.E. se decida a imponer una solución civilizada, algo en lo que no tengo puesta ninguna esperanza.
Adjunto dos interesantes artículos, el primero lo he traducido del diario ARA en catalán, que lo publicó el 3 de noviembre, porque relaciona las principales falsedades y errores del escrito de la fiscalía, y el segundo lleva el claro título de ESPAÑA MIENTE, fue publicado por El Periódico el mismo viernes y el catedrático de derecho penal de la UB Joan Queralt recomienda su lectura para ser plenamente consciente de la barbaridad cometida.
Y para concluir reproduzco a continuación, extraído de un articulo de Santiago Lupe, algunos detalles de las condenas por el 23F de 1981 y la forma en que se cumplieron, cuya comparación con el escrito de la fiscalía dan ganas de mandar España a paseo.
A lo que viene a continuación solo añadiré que Tejero estuvo “preso” en el castillo de Figueras, sobre un montículo en las afueras de la ciudad en la carretera nacional hacia Francia, y al otro lado de la carretera se encuentra el Hotel Empordá, popularmente conocido como “el motel” que tenía y creo que sigue teniendo un excelentísimo restaurante al que íbamos con cierta frecuencia, y donde en un par de ocasiones pude ver al “preso” Tejero en un reservado donde comía con un grupo de militares y miembros de la Guardia Civil que tenían toda la pinta de haber ido a rendir pleitesía al héroe nacional.
Nadie negará que el 23F sí fue un golpe de Estado en toda regla. Al final el rey no lo bendijo, aunque en su preparación estuvo metido hasta un par de semanas antes como desveló la nada sospechosa Pilar Urbano en uno de sus últimos trabajos. El golpe como tal fracasó. Pero no sus objetivos políticos: poner freno a la descentralización, es decir defender la “unidad de España”, y fortalecer la monarquía.
¿Cómo juzgaron y condenaron entonces a los responsables del golpe los jueces del Supremo? Primero habría que decir que la búsqueda de “responsables” se quedó en el nivel raso. Solo aquellos mandos militares muy directamente implicados en los sucesos llegaron al banquillo. De la convivencia de políticos de diferentes partidos, periodistas y otros ilustres apellidos nada se investigó. Es más, se prohibió investigar y publicar sobre el tema.
Llegaron a ser juzgadas 33 personas, 32 de ellos militares. Las penas contrastan enormemente con el caso catalán: tres de ellos fue absueltos, ocho fueron condenados a 1 años de prisión, cinco a 2, otros tantos a 3, dos a 5 años, otros dos a 6 años, uno a 8 años, dos a 10 y dos más a 12. Por lo tanto la mayoría de los golpistas juzgados por el 23F fueron condenados a penas muy inferiores que las que hoy se demandan para los dirigentes independentistas presos.
De estos 27 condenados solamente los que lo fueron a penas inferiores a los 2 años – más de la mitad de ellos- cumplieron íntegra la condena. El coronel Miguel Manchado, condenado a 8 años, salió de prisión a los 3, lo mismo el coronel José Ignacio San Martín, condenado a 10, o el general Luis Torres, condenado a 12 y que quedó en libertad a los 7 años, y así otros 6 más, incluidos todos los condenados a 5 años o más. Algunos como el capitán Vicente Gómez Iglesias, condenado a 6 años, sería indultado por Felipe González en 1984 cuando solo había cumplido 2 años.
Por si esto fuera poco, la mayoría de los condenados fueron ascendiendo en la jerarquía castrense. Los golpistas del 23F dieron al Ejército español al menos dos nuevos capitanes, tres comandantes, tres tenientes coroneles y tres coroneles.
Sin embargo, es en el trato dado a los tres golpistas condenados a las penas más altas donde observamos el mayor contraste con el juicio que arranca en estos días en el Supremo. El teniente coronel Antonio Tejero fue condenado a 30 años y quedó en libertad a los 15 (si bien desde 1991 accedió al tercer grado). El general Milans de Bosch fue condenado con la misma pena pero fue puesto en libertad mucho antes, en 1991, solo cumplió 10 años. Pero el mejor parado fue el general Alfonso Armada, íntimo del monarca y ex secretario general de la Casa del Rey, condenado a 26 años pero indultado en 1988 (cuando solo había cumplido 6 años) por el gobierno del PSOE.
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