Bases del Liberalismo político

  El pensamiento ilustrado se basa en la libertad crítica de la razón, y su ejercicio condujo a los primeros desarrollos del liberalismo. El libre ejercicio de la crítica se aplicó en los planos económico, social, religioso e intelectual, pero se detuvo en el político, pues para el despotismo ilustrado la Monarquía absoluta era un dogma intangible.
Pedro Pablo Abarca de Bolea (conde de Aranda), Pedro Rodríguez de Campomanes y Gaspar Melchor de Jovellanos pensaron que un cambio en la estructura socio-económica exigía un poder despótico que venciera las resistencias tradicionales y los obstáculos a la expansión de las luces. El liberalismo político no surgió hasta el siglo XIX, en las Cortes de Cádiz, con pensadores en el siglo XVIII, bajo las monarquías de Fernando VI, Carlos III y Carlos IV, que extendieron su libertad crítica al campo político, pensando que no debía ser un islote de autoritarismo en medio de una sociedad liberal. La razón se debía imponer en todos los órdenes y no debía hacer excepción en el orden político.
Estos primeros liberales españoles desmontaron críticamente los supuestos de la Monarquía absoluta, haciéndose portavoces de la incipiente burguesía (con menos fuerza social que la francesa), que había vencido a la nobleza y al clero, mientras en España las reminiscencias señoriales de la época feudal articulaban a la nobleza y al clero dentro de un sistema de privilegios vinculados a la soberanía regia, defendida por el despotismo ilustrado. Por eso se dijo que en España no existió burguesía y, por tanto, tampoco Revolución burguesa. Sin embargo, si se distingue burguesía como clase social y mentalidad, los ilustrados españoles pertenecieron al arquetipo humano del burgués. Así ocurrió con los fundadores y promotores de las Sociedades Económicas de Amigos del País, que fueron nobles identificados con las aspiraciones burguesas.
PEDRO PABLO ABARCA DE BOLEA, CONDE DE ARANDA
La Ilustración fue transición entre la sociedad estamental y la nueva sociedad burguesa, entre el antiguo y el nuevo Régimen, pues abrazó la causa de la libertad económica, pero no la política, por considerar al pueblo todavía como menor de edad. Por eso el ilustrado fue diferente del demócrata y del liberal, pues creyó en la necesidad de una reforma frente al inmovilismo (de una lado) y la Revolución (del otro lado), pero estuvo convencido de que esa reforma había de ser realizada desde el Poder civil del despotismo ilustrado, asesorado por la minoría ilustrada. Al pueblo tocaba recibir pasivamente esa Ilustración.
Hoy es fácil denunciar esa inconsecuencia, pero en aquella época los Ilustrados no vieron otra forma de enfrentarse al Poder eclesiástico que apoyándose en el Poder Real, encarnación entonces de la sociedad civil. A ese fin respondió el apoyo que prestaron al regalismo y al jansenismo, así como a las críticas que recibían de la nobleza y del clero; por lo que para socavar los Poderes de la nobleza y del clero atacaron la estructura socio-económica que las sustentaban: amortización, vinculaciones, Inquisición, Compañía de Jesús, etc. No resultaba sencillo pasar de la libertad económica a la política, cerrando el acceso al poder político a una burguesía culta y enriquecida, con derechos adquiridos por su propio esfuerzo.
En estas circunstancias la Ilustración se mantuvo en un equilibrio inestable, amenazado por los intereses del Antiguo Régimen y de los liberales, para quienes la libertad era económica y política; mientras la Ilustración era una delgada capa de la sociedad, que realizó una extraordinaria función en la difusión de las nuevas ideas y en la apertura de cauces sociales inéditos. Si los tradicionalistas se atrincheraron en posturas reaccionarias, los primeros liberales realizaron una labor de apertura a nuevos horizontes de convivencia social y tuvieron sus primeras manifestaciones públicas en el segundo decenio del siglo XIX.
Ya antes se había pensado que el cambio de la estructura socio-económica era imposible si no se cambiaba la organización política. Algunas de las críticas que sufrieron la nobleza y el clero antes de 1789 no fueron sólo en cuanto a clases sociales improductivas, sino como piezas fundamentales de un orden político que se rechazaba. Antes de 1789 se criticó la Monarquía absoluta y el despotismo ilustrado, pero no la monarquía como institución. Y ya en el reinado de Carlos III fue surgiendo una oposición política que pidió la reunión de Cortes y una reforma profunda.
PEDRO RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES
La Escuela poética salmantina del siglo XVIII y los pensadores, catedráticos y políticos de esa época (José Cadalso, Dalmiro, Juan Pablo Forner, Aminta, Juan Meléndez Valdés, Batilo, Juan Nicasio Gallego, Bartolomé José Gallardo, Juan Justo García, Marcial Antonio López, Miguel Martel, Diego Muñoz Torrero, Manuel José Quintana y Ramón de Sala y Cortés) estuvieron más preocupados por temas jurídicos y doctrinales que por los estrictamente filosóficos o literarios.
Menéndez y Pelayo afirma que la Universidad de Salamanca y su Colegio de Filosofía fueron, a fines del siglo XVIII, un foco de ideología materialista y radicalismo político, del que salió la mayor parte de los legisladores de 1812 y conspiradores de 1820: Manuel José Quintana, Bartolomé José Gallardo, Diego Muñoz Torrero y Ramón de Sala y Cortés. Las nuevas ideas enciclopedistas penetraron también en Salamanca, traídas por la librería francesa de Alegría y Clemente, donde Juan Meléndez Valdés leyó el Derecho de gentes de Vattel y el Espíritu de las Leyes de Montesquieu.
Pero el liberalismo político no fue sólo producto de la influencia europea, sino resultado de la propia meditación de los pensadores españoles.
JOSÉ CADALSO
José Agustín Ibáñez de la Rentería (1750-1826) nació en Bilbao y murió en Lequeitio. Heredó importantes mayorazgos, y defendió el sistema foral. Redactó sus Discursos (1780-1783) bajo la influencia de Montesquieu, en los que abogó por las libertades municipales y la defensa del empleo del castellano. Desempeñó varios cargos en las administraciones local y regional. En 1774 fue miembro benemérito de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Fue alcalde de Lequeitio en 1775 e historiador de Vizcaya en las Juntas Generales de Guernica (1816). Fue también autor de Fábulas (1789-1797), El raposo (1789) y Memorial histórico (1798), en el que refiere su participación en la guerra contra los franceses (1793-1795).
León de Arroyal y Alcázar (1755-1813) nació en Gandía y murió en Vara del Rey (Cuenca). De origen noble, estudió derecho en Salamanca (1773-1777), relacionándose en la Academia de Cadalso con Juan Meléndez Valdés, José Iglesias de la Casa, Juan Pablo Forner y Pedro Maríano de los Ángeles Estala Ribera. Marchó a Madrid en 1778, donde escribió Sátiras, Epigramas y Odas (1784). Se casó con Rita Piquer, parienta de Forner y Andrés Piquer, instalándose en las localidades conquenses de San Clemente y Vara del Rey.
Tradujo al castellano la liturgia cristiana, y los Dísticos de Catón con Escolios de Erasmo (Madrid, 1797). Representaba el desengaño de los intentos del reformismo borbónico por encontrar mayor representatividad política. Fue el primer escritor del siglo XVIII en pedir y esbozar una Constitución, en Cartas político-económicas al conde de Lerena (1795), ministro de Hacienda.
En economía fue liberal, y como filósofo creyó que la religión y la razón son compatibles. Escribió un opúsculo contra la Apología por España y su mérito literario de Juan Pablo Forner, conocido como Pan y Toros, pero titulado Oración apologética en defensa del estado floreciente de España (1793): el ataque más violento de la época contra el despotismo político y religioso, pero defendiendo la libertad civil. También escribió Versión parafrástica de la Santa Misa (Madrid, 1785), Versión castellana del oficio parvo de Nuestra Señora, según el breviario romano (Madrid, 1781) y Versión castellana del oficio de los difuntos (Madrid, 1783).
FRANCISCO CABARRÚS, FUNDADOR DEL BANCO DE ESPAÑA(BANCO DE SAN CARLOS)
Francisco Cabarrús Lalanne (1752-1810) nació en Bayona (Francia) y murió en Sevilla. Hijo de Domingo Cabarrús Fourcade, propietario de una casa de comercio en Bayona, fue un financiero naturalizado español. En 1770 su padre le envió a Zaragoza para que completase su formación como negociante en casa de un francés que había triunfado en la capital aragonesa. Se casó con Antonia Galabert Casanova, hija de su anfitrión, de cuyo matrimonio nació Teresa Cabarrús; y se establecieron en Carabanchel Alto (Madrid), donde dirigió una fábrica de jabón que poseía el abuelo de su esposa.
Su capacidad para las finanzas y su visión ilustrada de la sociedad le granjearon la amistad de Gaspar Melchor de Jovellanos y de los condes de Campomanes, Floridablanca y Aranda. Ingresó en la Sociedad Económica Matritense, y fue consejero y prestamista de Carlos III, y ministro plenipotenciario en el Congreso de Rastadt (1797).
A él se debe la idea de emitir vales reales para hacer frente a los gastos de la guerra con Inglaterra (de la independencia de América, 1779-1783), y el proyecto de creación del Banco de San Carlos (1782); también la potenciación del comercio con Asia y la refundación de la Compañía de Filipinas (1784). Carlos IV le otorgó el título de conde de Cabarrús en 1789. Su carrera se vio alterada por la enemistad con importantes personajes políticos. Cuestionado por sus ideas, perseguido por la Inquisición y acusado de malversación de fondos fue encarcelado en el castillo de Batres (1790). En 1792 recobró la libertad, volvió a ocupar altos cargos durante los reinados de Carlos IV y José I Bonaparte, y murió siendo su ministro de Finanzas.
Sus obras son de carácter epistolar: Memoria relativa al comercio de Indias (1778), Memoria para la formación de un Banco Nacional (1783), Memoria para la extinción de la deuda nacional y el arreglo de contribuciones (1783), Sobre la unión del comercio de América con el de Asia (1784), Elogio del conde de Gansa (1786), Memoria sobre montepíos (1784), Elogio de Carlos III, rey de España y de las Indias (1789), Carta al Príncipe de la Paz (1795), Cartas sobre nobleza y mayorazgos (1808), Cartas sobre los obstáculos que la naturaleza, la opinión y las leyes oponen a la felicidad pública (1783) y Cartas político-económicas (1841).