Boicot al ERE de la Coca-Cola

Trabajadores de la embotelladora de Colloto (Asturias), durante una protesta a las puertas de la fábrica.  Iberian Partners, el nuevo embotellador único de Coca-Cola en España –el jarabe de la fórmula misteriosa–, comunicó a los sindicatos el cierre de las plantas de Fuenlabrada (Madrid), Asturias, Alicante y Mallorca. La compañía, que cuenta con una plantilla en España de 4.200 trabajadores, informó a los sindicatos de un nuevo ERE, pese a que un mes antes ganara 60 millones de euros. CCOO advirtió que lo impugnaría, si éste contenía despidos forzosos. El grupo embotellador presidido por Sol Daurella y controlado por Colega (que posee el 42% del accionariado) piensa reducir las duplicidades generadas por el proceso de fusión de siete embotelladoras de Coca-Cola en la Península Ibérica.La compañía alegó “causas organizativas y productivas” ante la autoridad laboral. El grupo pretende aplicar un nuevo modelo de venta y distribución para “maximizar la eficiencia comercial”. Coca-Cola Iberian Partners, que emplea a 5.000 trabajadores y factura 3.000 millones de euros, explica que ofrecerá un plan de recolocación y traslados a 500 de los 1.250 trabajadores afectados por los cierres. La compañía prevé ofrecer a los 750 empleados restantes un plan de bajas incentivadas y prejubilaciones para minimizar los despidos directos.
Coca-Cola Iberian Partners es la empresa resultante del proceso de integración de las siete begas o empresas embotelladoras que Coca-Cola tiene en España. Cobega (embotelladora mayoritaria en Cataluña) absorbe a Casbega (segunda por tamaño, responsable en Madrid); Colebega distribuye bebidas en Barcelona para la costa mediterránea; Rendelsur trabaja en Andalucía y Extremadura; Begano produce y distribuye bebidas gaseosas en Galicia; Norbega, en el País Vasco y Navarra y Asturbega, en Asturias. Un proceso que se puso en marcha hace un año que, según la compañía, está orientado a “eliminar duplicidades e ineficiencias y unificar criterios”. El cierre de cuatro plantas, remarca la empresa, supondrá el aumento de productividad y plantilla en las fábricas restantes, situadas en A Coruña, Bilbao, Barcelona, Málaga, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife y Valencia. El servicio de atención al cliente se centrará en Madrid, Barcelona y Sevilla también para potenciar su “rapidez, eficacia y funcionamiento, integrado en todas las áreas de contacto directo con el cliente”.
Los sindicatos se han opuesto desde el principio al ERE que contiene despidos forzosos y cierres de plantas, se mantienen firmes en su postura y han anunciado un calendario de movilizaciones a partir de febrero. Serán paros durante el periodo de consultas [30 días desde la formalización del ERE] entre la dirección y la mesa negociadora, con independencia de los que convoquen los comités de empresa o de otros centros de trabajo. CCOO impugna la composición de la mesa negociadora al entender que no representa el peso del sindicato. Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones Obreras, criticó, en una entrevista en TVE, que una empresa como Coca-Cola, “que obtiene unos beneficios de alrededor de 900 millones de euros y una facturación de más de 3.000 millones, prepare un proceso de destrucción de empleo para maximizarlos”. “Nos han matado –resume un portavoz de UGT–. Nos han condenado a más de 500 familias a la miseria”.
Por lo visto, la Coca-Cola no sólo está dispuesta a echar a la calle a parte de sus trabajadores sino a todo aquel que dañe la publicidad de la empresa. José María González, portavoz de UGT en el comité de empresa de la fábrica madrileña, y su homólogo en CCOO, Lenoro Pulido, presentaron, junto con USO, la convocatoria del paro indefinido contra los despidos y el cierre. Los sindicatos recibieron la noticia después de que terminasen de firmar el nuevo convenio colectivo de los trabajadores de esta fábrica hasta 2015. “Ha sido una bomba. Unas horas después de firmar el convenio, nos enteramos de que quieren cerrar la planta de Fuenlabrada”. Según González, el ERE presentado por el embotellador único no tiene fundamentos. “Somos una de las plantas más grandes del país, con mayor productividad y la más moderna; un ejemplo a nivel internacional produciendo 120 millones de cajas de refrescos al año y aportando uno beneficios de 900 millones anuales”, sostiene. Para Pulido, no hay lugar a dudas. La reorganización de las siete empresas embotelladoras del refresco en España en una única empresa es la excusa con la que “la patronal quiere aumentar sus beneficios reduciendo costes y eliminando puestos de trabajo”. Tanto Pulido como González ven “tintes políticos” en este proceso de reorganización.