Tras confesar Felipe González en una entrevista que quizás cometió el error de negarse a volar la cúpula de ETA como le propusieron, el PP trató de revitalizar el caso del GAL, que mataba terroristas en los años 1980, acusando al expresidente de ser su jefe, la X que el juez Garzón supuestamente no encontró.
Una actitud hipócrita porque gran parte del electorado de AP, después rebautizado como PP, igual que el del PSOE, que gobernó entre 1982 y 1996, aprobaba silenciosamente que “alguien” matara a quienes asesinaban cada año a unas cuarenta personas.
Admiraban la valentía de Luís Olarra, expresidente de la Patronal Vasca, que anunció en 1982 que si ETA atentaba contra él o los suyos haría que mataran a numerosos etarras y a sus familias. Nunca sufrió el más mínimo percance. Falleció de cáncer en 1994.
Lo importante entonces era ignorar quién formaba los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que asesinaron entre 1983 y 1989, cuando desaparecieron, a sesenta personas, algunas no terroristas.
Frente al silencio hipócrita, los policías que habían montado la banda gastaban como millonarios el dinero gubernamental que recibían. El subcomisario José Amedo se lo jugaban en los casinos.
A esas torpezas se unieron el despecho del juez Baltasar Garzón, que esperaba un ministerio que le había prometido González y que no le dio, y las campañas del PP para explotar las chapuceras venganzas de los GAL.
Así se logró enviar a la cárcel a importantes miembros de los gobiernos González, aunque faltaba la X. Esperar beneficios políticos ahora puede ser un boomerang para el PP.
Aquello ya es historia, y el “enemigo” del PP a batir ahora, Alfredo Pérez Rubalcaba, no estuvo en aquellos gobiernos: fue nombrado ministro en 1992, cuando los GAL habían desaparecido.