El Parlamento Europeo aprobó este miércoles, con 528 votos a favor, 135 en contra y 15 abstenciones, actualizar la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental, que excluye la obligatoriedad de que se hagan estudios de impacto ambiental para la exploración o extracción de gas de esquisto con la técnica de fractura hidráulica, conocida como ‘fracking’, y deja este criterio en manos de los países de la UE.
La nueva norma cubre alrededor de 200 proyectos y afecta, entre otros sectores, a puentes, puertos, autopistas y lugares para la cría intensiva de aves de corral o de cerdos.
Con ello, los eurodiputados tienen en cuenta la biodiversidad y el cambio climático, y garantizan que las autorizaciones de proyectos que requieren evaluaciones de impacto ambiental no estén influidos por los conflictos de intereses.
Sin embargo, la directiva obvia que los proyectos de exploración o extracción de gas de esquisto mediante ‘fracking’ sean sometidos obligatoriamente a evaluaciones de impacto ambiental, aunque recomienda que estos proyectos tengan en cuenta los riesgos para la salud humana por la contaminación del agua, el uso del suelo y del agua, y la calidad y la capacidad de regeneración de agua subterránea.
De esta manera, deja al criterio de los Estados miembro que sean oblitatorias las evaluaciones para los proyectos de ‘fracking’ y los países deberán exponer los motivos de por qué no creen que deban realizarse estos estudios de evaluación ambiental.
“A pesar de la fuerte resistencia de varios Estados miembro, el Parlamento logró su objetivo de elevar los estándares de calidad para proteger mejor la salud humana y el medio ambiente. Los gobiernos tendrán que tomar en cuenta tales disposiciones con el fin de tomar decisiones informadas. El acuerdo fue respaldado por ONG ambientales clave”, dijo el eurodiputado italiano Andrea Zanoni, del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa y que ha promovido la iniciativa.
La nueva Directiva, que debe ser refrendada por el Consejo de Ministros de la UE en las próximas semanas, subraya que las evaluaciones tendrán que tener en cuenta nuevos favores ambientales como la biodiversidad y el cambio climático.
Para garantizar la objetividad, los Estados miembro de la UE tendrán que hacer una “separación funcional” entre la autoridad competente y el promotor del proyecto objeto de evaluación de impacto ambiental.
La Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental, que nació en 1985 y ha sido modificada en diversas ocasiones, se aplica tanto a proyectos públicos como privados. Cada año se realizan entre 15.000 y 26.000 evaluaciones de impacto ambiental en la UE.
Fuente: EcoDiario.es
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