El Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado una buena Ley de emprendedores, que incluye una de sus promesas electorales incumplidas: que las empresas paguen el IVA cuando lo cobren, pero no antes. La media afecta a pequeñas empresas con una facturación máxima de dos millones de euros.
La ley, que incluye otras medidas que favorecen al empresario, como que el emprendedor no tenga que responder con su propia vivienda a las deudas de su empresa, hasta un límite de 300.000 euros, y facilidades para crear con rapidez y eficacia nuevas empresas, incluso por vía telemática, pretende reactivar la vida económica española, pero sus efectos no serán visibles hasta que se den dos condiciones básicas, que, por ahora, están ausentes del mercado español:
La primera es que se dispare la demanda, hoy agonizante por culpa, entre otras razones, de los altos impuestos que cobra el gobierno a los ciudadanos y a las empresas. La segunda es que fluya en crédito, hoy cerrado para muchas empresas porque los bancos españoles se niegan a prestar dinero a personas y empresas con riesgo y sin garantías plenas.
Sin esas dos condiciones previas, la recién aprobada ley, a pesar de sus medidas positivas, será inútil.
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