Buscamos a un presidente que no arruine a más de 50.000 familias del sector de las renovables

“En España no hay democracia. Ni gobierna el PSOE ni gobernará el PP. Quien manda, al menos en temas de energía, es Unesa, la industria eléctrica. Ellos no se presentan a las elecciones, pero son quienes la van a ganar”. Así de rotundo se muestra Luis Calatayud, tesorero de Anper, la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables. Este colectivo, que agrupa a miles de pequeños propietarios de negocios energéticos, ha lanzado una campaña en prensa con un sorprendente reclamo en los que ‘ofrece’ una plaza vacante para la presidencia del Gobierno.

El anuncio, a página entera, ha aparecido en varios diarios, nacionales, entre ellos EL MUNDO. La campaña no termina aquí, sino que habrá “nuevas inserciones el viernes, el sábado y el domingo y nuevos mensajes”, informa, Luis Calatayud, quien explica que aun así, todos insisten en la misma idea, la de que el gobierno ha atacado a las energías renovables y especialmente a las fotovoltaica para servir a los intereses de las grandes industrias.

“¿Que qué es lo que queremos?”, dice el representante de Anper. “Buscamos un presidente que cumpla los requisitos que indicamos en en el anuncio. Buscamos un presidente que no arruine a más de 50.000 familias del sector de las renovables, que no provoque la desaparición de 100.000 puestos de trabajo y que no cause la pérdida de liderazgo europeo como potencia en energía fotovoltaica”.

Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, y el Ministro de Industria, Miguel Sebastián.

Todo esto ha ocurrido en la última legislatura, dice Calatayud, en la que el Gobierno ha cambiado el marco legal y tarifario de las renovables con una sucesión de decretos que han creado inseguridad jurídica y han alterado retroactivamente las reglas del juego. Para Calatayud, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha sido el ariete de esa estrategia, que ha “demonizado a la renovable y la fotovoltaica”, para mantener el negocio de las grandes: “Miguel Sebastián quiere cargarse el medio ambiente [reduciendo las energías limpias] para defender los intereses de Ignacio Sánchez Galán [presidente de Iberdrola]“, afirma Calatayud.

Cambios continuos de normativa

Según Anper, desde septiembre de 2008 el Gobierno ha sacado adelante tres leyes distintas para tratar de frenar la tecnología fotovoltaica, algo que no se corresponde con su discurso público ni con la tendencia internacional donde esta tecnología lleva cuatro años creciendo a un ritmo del 80% anual. Para Anper, “el culmen de estos intentos de acabar con el sector fotovoltaico nacional llegó con el Real Decreto 14/2010, que modificaba la retribución de las plantas ya instaladas, medida que fue calificada de «retroactiva» e «inaceptable» por el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger. Esta ley ha sido denunciada ante el Tribunal Constitucional, por las comunidades autónomas de Valencia y Murcia, y está siendo actualmente investigada por la Comisión Europea, recuerda Anper.

Anper afirma que los últimos cambios legales diseñados por el ministro Sebastián han hecho que el sector fotovoltaico “cargue con el 48% de todo el esfuerzo de restricciones económicas exigido al sector eléctrico” en el real decreto impulsado por Industria en 2010. Eso supone 2.220 millones de recortes retroactivos a las plantas fotovoltaicas durante tres años, frente a un total de 4.613 millones para todo el sector eléctrico y todas las tecnologías.

Para Calatayud, hay un intento claro de culpar a las renovables y al sector fotovoltaico de todos los males del sector eléctrico. Y ello coincide con especie de conspiración del silencio que hace que ni los partidos políticos ni los medios de comunicación presten atención a los actores pequeños de la energía y sólo reproduzcan “los mensajes interesados de las grandes empresas” como ese de que el déficit tarifario es culpa de las renovables.

Como ejemplo de esto último, el sector fotovoltaico da un dato: “En 2005 la energía solar recibió menos de 14 millones de euros en primas, pero el déficit creado ese año superó los 4.000 millones”.

En realidad, según Calatayud, el déficit tarifario “es una gran mentira”. Él defiende que la realidad es que la tarifa debería bajar. “¿Por qué los usuarios pagan facturas tan altas cuando las grandes eléctricas producen casi toda la energía a bajo coste?”, se pregunta la asociación fotovoltaica en su campaña publicitaria.

En esa idea coincide Anper con otros analistas del sector eléctrico que creen que el sistema con el que se fijan los precios “hincha” los costes yla factura que pagan los ciudadanos. El llamado déficit de tarifa es la diferencia entre lo que cuesta producir la electricidad y lo que los consumidores pagan por ello.

A finales de los 90, para bajar la inflación y cumplir las normas de acceso al euro, el Gobierno de PP congeló la tarifa eléctrica. Esto hizo que los productores recibieran menos de lo que costaba esa luz, y este “déficit” se fue apuntando para ser pagado después. Han pasado 14 años desde el recurso al “lo pagaremos después” y la deuda acumulada con las grandes eléctricas supera ya los 20.000 millones de euros.

El problema reside en que, para muchos analistas, ese déficit de tarifa está mal calculado. Se supone que el déficit es la diferencia entre lo que paga el consumidor en su factura y lo que la compañía eléctrica dice que cuesta producir esa energía. Para muchos, es esa parte última de la cuenta la que está inflada, debido al sistema de asignación de precios vigente en España, que hace que se retribuya por igual a todo kilovatio, venga de donde venga, y que el precio que se pague a todas las fuentes de generación sea el de la más cara utilizada ese día en la operación del sistema eléctrico.

Recientemente, el senador Pere Sampol ha criticado en sede parlamentaria “la perversión del sistema tarifario eléctrico” y ha calificadoel sistema de asignación de precios de “latrocinio” y de “robo” a los ciudadanos, ya que hay tecnologías como la nuclear o la hidroeléctrica, amortizadas hace tiempo, que están cobrando cada kilovatio que venden a un precio muy superior al del coste de producción.

El senador también lamentaba que el Gobierno y las empresas eléctricas “estén manipulando a la opinión pública” para intentar que sean las energías renovables y sobre todo la solar, las que sean señaladas como culpables del déficit.

Para luchar contra esa demonización y romper el muro de silencio, Anper ha lanzado esas campaña publicitaria en prensa en busca de un presidente del Gobierno que no atente contra las energías renovables y la solar.

La campaña en prensa es una iniciativa particula de Anper, una asociación que está integrada en la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) junto a otras tres del sector, AEF, APPA y ASIF. Anper representa al pequeño productor mientras que las otras aglutinan al mediano y gran inversor y el resto de puntos de la cadena.

Fuente: ANPER

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