Buscan apurar los juicios para los delitos flagrantes

El ministro Adrián Cuevas mantuvo un encuentro con los jueces penales para analizar la propuesta.Por Claudio Leiva - Diario De CuyoEn el Ministerio de Gobierno de la provincia están trabajando en una propuesta para poner en marcha el llamado procedimiento de flagrancia, que consiste en acelerar el juzgamiento del autor de un ilícito cuando es sorprendido con las manos en la masa, como se dice comúnmente, o inmediatamente después con los elementos que lo incriminan. Y apunta a acotar los plazos para que el juez dicte sentencia, porque tendrá hasta 30 días para hacerlo, cuando con el método tradicional pueden llegar a transcurrir hasta 2 años para la realización del juicio. La intención es impulsar un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal, que incorpore el método sugerido.
Para debatir la iniciativa, el ministro de Gobierno, Adrián Cuevas, junto al secretario de Gobierno, Juan Romero, mantuvieron una reunión en la tarde de ayer con los jueces penales de la provincia. A la salida, el juez de Instrucción Alberto Ortiz dijo que “es una propuesta muy buena”. En el mismo sentido, la jueza Correccional Mónica Lucero consideró que “es una excelente iniciativa”.
“El procedimiento va a permitir una resolución más efectiva por parte de los jueces porque en un lapso de 30 días se puede llegar a determinar la sentencia de una persona que hubiera participado en un hecho delictivo”, explicó Cuevas.
De instrumentarse, el método se aplicará a los supuestos en los que el sospechoso de haber cometido un delito fuera sorprendido en ese instante o inmediatamente después, o mientras es perseguido por las fuerzas policiales, la víctima o terceros, o bien se le encuentren elementos o rastros que permiten concluir su intervención en una conducta reprochable. Una vez detenido, el juez Correccional o de Instrucción, según corresponda, a pedido del Ministerio Público Fiscal, podrá instrumentar el procedimiento de flagrancia. Si es así, el magistrado tiene hasta 7 días para llamar a una audiencia con las partes, es decir con la presencia del sospechoso, su defensa y el fiscal, y como resultado de ese encuentro, después hay un plazo de hasta 30 días para dictar sentencia, que deberá ser revisada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal. De esta forma se produce un ahorro considerable de tiempo, explicó Cuevas, para “descomprimir las actividades de los juzgados”.
Con el sistema vigente, en los casos de competencia de los juzgados de Instrucción, el detenido es puesto a disposición del juez, quien le toma declaración indagatoria y puede disponer su excarcelación y continuar la investigación con el sospechoso en libertad. Después, el magistrado dicta el auto de procesamiento y si hay requerimiento fiscal y luego de darle vista a las partes, la causa es elevada a juicio.
Entra en esta órbita los casos de delitos cuya condena es superior a los 3 años de detención, como por ejemplo en situaciones de robo, violación u homicidio. En cambio, si se trata de delitos de competencia Correccional, cuya sanción es inferior a los 3 años, por ejemplo para delitos como el hurto simple o amenazas, un juez instruye la causa y otro lleva adelante el juicio oral.
Actualmente, provincias como Mendoza, Salta, Tucumán, Buenos Aires y Córdoba tienen sistemas similares, y ahora lo quiere incorporar San Juan.
Para hoy, a las 18, está previsto un encuentro con los fiscales y que el viernes por la tarde se vuelvan a reunir todos con los aportes.