El estado de California demandó a la administración Trump el lunes por la noche, argumentando que la decisión de agregar una pregunta sobre ciudadanía en el censo 2020 viola la Constitución de los EE. UU. Actuó justo después de que el Departamento de Comercio anunciara el cambio en un lanzamiento nocturno.
La demanda es solo el comienzo de lo que probablemente será una batalla más amplia con enormes intereses políticos que enfrenta a la administración contra muchos estados demócratas, que creen que la cuestión de la ciudadanía reducirá la tasa de respuesta para el censo y generará subcostos. Como resultado, dicen los opositores, los estados con importantes poblaciones de inmigrantes pueden perder escaños en las legislaturas estatales y el Congreso, junto con los votos de los colegios electorales en las elecciones presidenciales y los fondos federales basados en los conteos del censo.
Los republicanos obtuvieron una ventaja significativa en el rediseño de mapas después del censo de 2010, como informó Aaron Blake, del Washington Post. Los demócratas se preocupan por una repetición.
El procurador general de California, Xavier Becerra, se encontraba entre los demócratas que prometieron impugnar la adición de la pregunta, que fue anunciada la noche del lunes por el Departamento de Comercio a instancias del Departamento de Justicia.
El secretario de Comercio, Wilbur Ross, dijo que los datos podrían ayudar a identificar posibles violaciones de los derechos electorales proporcionando información más precisa que la disponible actualmente sobre la proporción de la población de un distrito congresional que es realmente elegible para votar en virtud de la ciudadanía.
En términos políticos crudos, se ha estimado que un recuento tan bajo podría costar a California al menos un puesto en la Cámara de Representantes y, a nivel nacional, transferir el poder político de las ciudades a más comunidades rurales con los beneficios que recaen en el Partido Republicano, como Michael Scherer de The Post ha escrito.
La Constitución requiere un censo, o “enumeración real”, cada diez años para repartir la representación en el Congreso. La distribución se basa en el “número de personas libres” en cada estado. La demanda de California alega que el cambio viola el requisito constitucional de “Enumeración real” de cada persona en cada estado, cada diez años.
“Desde hace mucho tiempo se estableció que todas las personas que residen en los Estados Unidos, tanto ciudadanos como no ciudadanos, deben ser contadas para cumplir con el mandato de la ‘Enumeración actual’ de la Constitución”, declaró la demanda. Becerra también argumentó que la medida violaba la prohibición de la Ley de Procedimiento Administrativo contra la acción de agencia “arbitraria y caprichosa”.
“Las cifras del censo proporcionan la columna vertebral para planificar cómo nuestras comunidades pueden crecer y prosperar en la próxima década”, dijo Becerra en un comunicado. “California simplemente tiene demasiado que perder para permitir que la Administración Trump falle en esta importante obligación decenal. Lo que la Administración Trump está solicitando no es solo alarmante, es un intento inconstitucional de desalentar un conteo censal preciso “.
El Departamento de Comercio, en un memorando, describió la medida como una forma de aplicar mejor la Sección 2 de la Ley de Derechos de Voto. Preguntar a los encuestados si son ciudadanos ayudaría al gobierno a recopilar datos actualmente no disponibles sobre la población de personas que son realmente elegibles para votar, dijo el memorando.
Los funcionarios del Departamento de Comercio dijeron que un análisis de la Oficina del Censo no proporcionó “apoyo empírico definitivo” que al agregar una pregunta de ciudadanía reduciría las tasas de respuesta, produciendo el tipo de subestimación temida por Becerra.
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“El Departamento de Comercio no puede determinar de manera definitiva cómo la inclusión de una cuestión de ciudadanía en el censo decenal tendrá un impacto en la capacidad de respuesta”, escribió Ross en su memorando. “Sin embargo, incluso si hay algún impacto en las respuestas, el valor de datos más completos y precisos derivados de la encuesta a toda la población supera esas preocupaciones”.
En un intento de minimizar cualquier impacto en las tasas de respuesta, Ross ordenó a la Oficina del Censo que coloque la pregunta de ciudadanía en último lugar en el formulario del censo.
“Los datos de ciudadanía proporcionados” al Departamento de Justicia mientras revisa reasignación por violaciones de los derechos de voto “serán más precisos con la pregunta que sin ella, que es de mayor importancia que cualquier efecto adverso que pueda resultar de que las personas violen su deber legal de responder “al censo”, escribió Ross.
Los críticos disputaron las afirmaciones del gobierno de que los efectos serían mínimos. El ex titular estadounidense de Justicia, Eric, quien se desempeña como presidente de la Comisión Nacional de Redistribución Democrática, dijo que un comunicado que la decisión podría llevar a “impactos devastadores, década de duración del derecho de voto y la distribución de los mil millones de dólares en fondos federales.”
“Vamos a litigar para evitar que la Administración siga adelante con esta decisión irresponsable”, escribió Holder. “La adición de una pregunta de ciudadanía al cuestionario censal es un ataque directo a nuestra democracia representativa”.
“No se equivoquen: esta decisión está motivada exclusivamente por la política”, agregó Holder. “Al decidir agregar esta pregunta sin siquiera probar sus efectos, la Administración se está alejando de décadas de política censal e ignorando las advertencias de los expertos del censo”.
“El anuncio de una nueva pregunta de ciudadanía por parte de la Administración Trump”, dijo Nancy Pelosi (D-Calif.), Líder de la minoría de la Cámara de Representantes, “viola el claro mandato constitucional de proporcionar un recuento preciso de todas las personas que viven en los Estados Unidos”. Este temor perjudicial inyectará miedo y desconfianza en las comunidades vulnerables, y hará que las comunidades tradicionalmente subestimadas estén aún más subrepresentadas, excluidas financieramente y dejadas atrás “.
De hecho, el anuncio fue recibido con críticas significativas de los expertos del censo el lunes por la noche. Terri Ann Lowenthal, una experta del censo y ex miembro del personal del Congreso que trabajó en la supervisión del censo, calificó el movimiento como un error y predijo una serie de desafíos legales por parte de los grupos de defensa.
“Mi mayor preocupación es el creciente riesgo de que la confianza pública en el censo disminuya significativamente”, dijo Lowenthal. “Entre la evidencia de que la administración está manipulando el censo para obtener beneficios políticos, y el temor de que la administración use el censo para dañar a los inmigrantes, la confianza en la integridad del conteo podría desplomarse. Y el censo es tan bueno como la voluntad del público de participar “.
El ex director de la Oficina del Censo, Kenneth Prewitt, dijo que la decisión “crea una situación tormentosa dada la visibilidad única del censo”. “No tenemos idea de cómo la inserción no probada de una cuestión de ciudadanía afectará la cooperación pública. ¿Mi conjetura? Tendremos un censo menos preciso de lo que la nación podría haber tenido “.
La cuestión de la ciudadanía será similar a la incluida desde 2005 en la Encuesta de la Comunidad Estadounidense, que se envía anualmente a una muestra de aproximadamente el 2,6 por ciento de la población. El Departamento de Justicia actualmente utiliza los datos de esa encuesta para hacer cumplir la Ley de Derechos Electorales, pero dice que los datos son “insuficientes en alcance, detalles y certeza” para su uso en la identificación de violaciones de los derechos de voto, escribió Ross.
El censo hizo regularmente preguntas sobre la ciudadanía entre 1820 y 1950, cuando se eliminó la pregunta. En diciembre, el Departamento de Justicia solicitó que la Oficina del Censo restablezca la pregunta en el censo de 2020.
California se vería particularmente afectada por el cambio, debido a su alta proporción de residentes nacidos en el extranjero e indocumentados, como dice la demanda de Becerra.
“Subestimar el número considerable de no ciudadanos californianos y sus parientes ciudadanos pondrán en peligro la participación del Estado en los escaños del Congreso y los electores del Colegio Electoral y le costará al Estado miles de millones en fondos federales durante la próxima década”, dice la demanda del fiscal general.
En un artículo de opinión en San Francisco Chronicle , Becerra y el secretario de Estado de California, Alex Padilla, describieron la maniobra como “verdaderamente insidiosa” y un “extraordinario intento de la administración Trump de secuestrar el censo 2020 con fines políticos”. Un subestimado, Becerra y Padilla argumentó que podría poner en peligro los servicios comunitarios cruciales, como los fondos de seguridad nacional, la preparación para desastres naturales y los recursos de salud e infraestructura.
El Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Designados dijo que la adición “tendría consecuencias catastróficas para los latinos y todos los estadounidenses”.
“Lo que está en juego es demasiado alto para un Censo 2020 fallido, y no nos quedaremos de brazos cruzados ya que aquellos con intenciones malintencionadas buscan frustrar un conteo justo y preciso de inmigrantes, latinos y todos los estadounidenses”, dijo la organización en un comunicado.
“La pelea acaba de comenzar y no nos detendremos hasta que hayamos agotado todos los medios para proporcionar al Departamento del Censo la solución y la certeza que necesita para abordar su tarea más ambiciosa hasta el momento, contando la población estadounidense más grande de la historia”.
Heather Long y Tara Bahrampour contribuyeron a este informe.
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https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2018/03/27/california-sues-trump-administration-over-decision-to-add-citizenship-question-to-census/
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