Cámara de representantes aprueba independencia de las procuradurías

 

Senadora Rossana López León

CAPITOLIO, SAN JUAN (06.25.2013) - - - - Tras revelarse irregularidades en el manejo de las procuradurías y la aprobación de los Proyectos del Senado 352 al 356, hoy la Cámara de Representantes dio paso a las medidas que van a la firma del Gobernador Alejandro García Padilla. Las medidas, de la autoría de la senadora Rossana López León, eliminan la Oficina de la Administración de Procuradurías y restablecen la autonomía de las que ofrecen servicios a personas de edad avanzada, de personas con impedimentos, del paciente y de veteranos a su estado de derecho previo al Plan de Reorganización Número Uno establecido durante la pasada administración.
"Hoy la Cámara de Representantes acercó nuestras poblaciones más vulnerables a la justicia social. El restablecimiento de las procuradurías es urgente, porque devuelve la variedad y calidad de servicios a nuestros viejos, veteranos, personas con impedimentos y todos los que nos beneficiamos de los servicios de salud en nuestra isla." Afirmó la autora de las medidas y presidenta de la Comisión de Derechos Civiles del Senado de Puerto Rico, Rossana López León.
La presentación de los Proyectos del Senado 352 al 356 en la Cámara de Representantes estuvo a cargo del representante Varela Fernández quien como presidente de la Comisión de Gobierno de dicho cuerpo describió la manera atropellada en que se llevó a cabo el Plan de Reorganización Número Uno que creó la Oficina de Administración de Procuradurías. Entre otras cosas mencionó la merma en fondos federales, la burocracia desmedida y el incremento en gastos contrario a lo que proponía el plan de reorganización, así como la destrucción de la autonomía de las procuradurías.
Por lo demoledor del informe de la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social del Senado de Puerto Rico y la abundancia de información no fue necesario realizar vistas públicas en la Cámara de Representantes según informó Varela Fernández en su turno de presentación. El informe, entre otros datos, destaca pérdidas de más de $4 millones en fondos federales, que se están pagando empleados con fondos federales cuando su posición exige pago con fondos estatales, firma de contratos sin conocer el contenido, desinterés sobre casos de maltrato en Familia y frustración en los alcaldes por la falta de fondos y burocracia.