El Departamento de Estado de Estados Unidos acaba de disminuir la alerta de peligrosidad de los viajes a Cuba. En apenas un año evolucionó de la categoría 4, la máxima posible, a la categoría 2, en la cual solo se recomienda “tener prudencia” a la hora de hacer el viaje, por lo que se aplica a muchos países del mundo.
De esta manera, se pretende rectificar, en parte, una política que ha tenido una oposición mayoritaria en todo el espectro político y social norteamericano.
También anunció que reanudará parcialmente los servicios consulares de su embajada en Cuba, pero solo a ciudadanos norteamericanos de estancia en el país. Se mantienen suspendidos los servicios a los cubanos que aspiren viajar de manera temporal o definitiva a Estados Unidos, los cuales tendrán que trasladarse a otros países para hacer los trámites.
Según el Departamento de Estado, tales medidas responden a las recomendaciones hechas por el Comité de Evaluación de Riesgos de ese órgano e incluye el fortalecimiento de medidas de seguridad no especificadas para su personal en Cuba, los cuales solo podrán permanecer un año en el país sin la compañía de sus familias.
Nada indica que se trata de un paso hacia el mejoramiento de las relaciones con Cuba. Por el contrario, se han arreciado las acciones contra el país y Cuba continúa siendo uno de los objetivos de la ofensiva norteamericana contra los procesos progresistas en América Latina.
Pero ni siquiera para esto sirve la reducción del personal de su embajada en Cuba. Recientemente, el Servicio de Investigaciones del Congreso dio a conocer un memorando, donde se plantea que la situación de la embajada norteamericana en Cuba “reduce potencialmente la capacidad del Departamento de Estado -y obviamente otras dependencias- para comprender la situación sobre el terreno y reportar sobre sus desarrollos”.
Dicho de otra manera, se quedaron ciegos frente a los cambios que tienen lugar en Cuba y reducida su capacidad para influir sobre los mismos. Hasta los llamados “disidentes”, a los que se entregan fondos millonarios para subvertir el sistema cubano, se han quejado públicamente de las afectaciones que les ha producido las limitaciones de acceso a la embajada norteamericana. Esta pudiera ser una de las causas para tratar de enmendar el error.
También pudiera suponerse que es el resultado del desgaste de la credibilidad de los misteriosos “ataques sónicos”, los cuales sirvieron como excusa para reducir el personal de ambas embajadas. Sin embargo, no parece que el apego a la veracidad, como atributo de su política, sea un factor particularmente cuidado por la administración de Donald Trump.
La mejor explicación debe ser buscada en la política interna de Estados Unidos. Sobre todo, de cara a las elecciones parciales de noviembre de este año, donde los republicanos enfrentan una situación muy complicada.
Desde hace rato, los viajes de norteamericanos a Cuba han sido mirado desde dos perspectivas distintas por parte de la política oficial norteamericana. La prevaleciente ha sido impedirlos, en el entendido en que se contrapone con el clima de hostilidad que debe regir las relaciones entre los dos países. La otra es promoverlos, en tanto suponen que aumenta la influencia de Estados Unidos en Cuba y favorece el desarrollo del sector privado, visto como un agente de cambio del sistema cubano.
Obama asumió la segunda estrategia y Cuba aceptó el reto, en la confianza de sus fortalezas políticas y su correspondencia con sus propios planes de desarrollo económico. En pocos meses, a pesar de que el bloqueo impide que viajen en calidad de turistas, ello significó un incremento notable de los viajes de norteamericanos a Cuba y su aprovechamiento por parte de empresas e instituciones norteamericanas interesadas en diversas formas de intercambio.
Las medidas de Donald Trump redujeron el flujo de viajeros en casi un 25 % en relación con el año precedente. Debido a los peligros legales y financieros que implicaba actuar bajo las alertas de viaje antes existentes, más del 80 % de los turoperadores norteamericanos se vieron obligados a cancelar los viajes a Cuba e igual se afectaron los intercambios académicos y culturales en marcha.
Rebajar el nivel de alerta de estos viajes puede facilitar un incremento de los mismos y, de esta manera, satisfacer los reclamos de poderosos intereses vinculados a la industria de los viajes, dígase hoteleros, líneas aéreas, turoperadores, agencias de viaje y cruceros, así como instituciones académicas y culturales, incluso religiosas, muchos de las cuales son importantes contribuyentes a los procesos electorales estadounidenses.
Un problema no resuelto con las recientes disposiciones, es el daño que esta política ha ocasionado a la comunidad cubanoamericana y su posible efecto en las elecciones de La Florida.
Estados Unidos ha reconocido que no cumplirá con los acuerdos migratorios con Cuba, el cual establece conceder un mínimo de 20 000 visas anuales para cubanos que deseen radicarse en ese país. Este año apenas se han concedido 8 000 visas, afectando de manera sensible un programa de reunificación familiar que funciona desde 1994. Más grave aún, es que el cierre del consulado de Estados Unidos en La Habana ha impedido viajar a miles de personas, con la intención de visitar a sus familiares en ese país.
Según una reciente encuesta de Florida Latino Voters, para el 21 % de los votantes cubanoamericanos un tema esencial en las próximas elecciones, son los asuntos relacionados con la política migratoria y la reunificación familiar. Esto debe haber activado las alarmas entre los republicanos, que aspiran a contar con la mayoría de ese voto en unas elecciones que se anuncian muy reñidas.
En particular, es un problema muy grave para la decisión de los tres escaños al Congreso que hoy día están en manos de cubanoamericanos republicanos. Al promover la separación de las familias, la derecha cubanoamericana se ha dado un tiro en el pie y la hemorragia puede costarles la vida.
No es descabellado entonces suponer que en los próximos días el gobierno norteamericano, con la discreta anuencia de la derecha cubanoamericana, tome otras medidas -ya se habla de “estabilizar el personal en Cuba-, con vista a llegar a las elecciones con la sensación de que se trata de un problema en vías de solución. Por eso, hasta ahora, el vociferante “exilio histórico cubano”, no ha dicho nada en contra.