Cambios en la presión de las farmacéuticas sobre los médicos

Hay algunos datos que nos “hablan” de una posible merma en la presión que muchos laboratorios farmacéuticos realizan sobre los médicos para que receten sus productos. Por una parte, está el contexto de crisis al que la industria no es ajena y que en según qué ocasiones aprovecha para “descargar” sus departamentos comerciales, abultados en época de “vacas gordas”. Así, sabemos que las farmacéuticas han prescindido del 10% de sus visitadores médicos durante el primer semestre de 2012.

Es un dato coyuntural, que podíamos escribir, de la época de cambios actual; no obstante en el gremio sumaban 17.000 efectivos viajando de consulta en consulta. Los despidos en el área comercial no responden a un cambio en las estrategias de venta de las compañías sino más bien a una mera cuestión de costes. Para mantener la eficacia de sus métodos se han producido cambios dentro de la cadena sanitaria, con una pérdida significativa de actividad en el marco de la atención primaria, que está siendo sustituida por una mayor afluencia de visitas a los especialistas, lideres de opinión en sus sectores, y a las farmacias.

La de visitador no es una profesión con futuro pues ya son sustituidos por medios tecnológicos con los que hacer su misma función: conseguir que el médico prescriba. La mayor parte del marketing de las farmacéuticas a los médicos es ilegal, como bien explica el fiscal Valentín José de la Iglesia Palacios en su artículo Límites legales en la relación entre el profesional sanitario privado y público y la industria farmacéutica.

La imagen pública de la industria farmacéutica está supeditada al rigor ético de sus relaciones con la Administración, los profesionales sanitarios, los medios de comunicación, los científicos, las agencias de regulación o las asociaciones de pacientes. Por este motivo, el principal lobby de la patronal de laboratorios, Farmaindustria, creó esa estupenda cortina de humo o herramienta para el lavado de cara que es el código de buenas prácticas que ahora se propone “endurecer”. Como recuerda el citado fiscal en su artículo este es una mera herramienta interna no tiene rango de ley por más que quieran dotarlo de ese empaque:

“En el apartado de denuncias y sanciones incorpora la posibilidad de que cualquier persona física o jurídica interponga una queja, que será gestionada por una especie de tribunal de primera instancia y podrá ser apelada por la empresa denunciada”.

Inteligente estrategia pero no cuela.