El título de esta entrada tiene la ventaja de que ya lo explica casi todo. Basta leerlo, resaltar alguna cuestión y poner los enlaces para que quede latente que en Valencia la cosa política no huele muy bien, que digamos.
Ahora resulta que el presidente Camps, que como todo el mundo sabe se ha visto obligado a dimitir para sentarse en el banquillo por el asunto de los trajes ligados a la trama Gürtel, no sólo no ha dimitido como parlamentario, sino que ha sido nombrado –ruego al respetable que no se ría, que la cosa es seria— miembro del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana.
Háganme caso, créanselo, un presunto delincuente que va a ser juzgado por cohecho, en vez de ir en busca del talego, le hacen asesor jurídico. ¡Viva la Pepa! Eso sí, con derecho a despacho, secretaria y coche, a cargo del contribuyente. Chusco, lamentable, patético, pero ahí está.
Y es que las instituciones valencianas gobernadas por el PP, se superan a sí mismas. Ahora resulta que el ayuntamiento de Valencia, regido por Rita Barberá, ha vuelto a decir que no a la retirada del título de Alcalde honorario al dictador Franco. Y se quedan tan panchos.
La Comunidad Valenciana cuenta con imputados en todas sus provincias, dentro de las mismas Cortes Valencianas y además tienen a Franco como alcalde en su ciudad más importante. ¡Hay quién dé más!
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