Canal 9 cierra filas

Cuando cierra un medio, un trozo de periodismo muere en España. Muchos trabajadores, gran parte de ellos periodistas, se quedan compuestos y sin trabajo. Se dejan de contar historias, y más si es un medio autonómico o incluso local. Significa, sobre todo, que el dinero ha vuelto a ganarle la batalla al periodismo, que la mala gestión ha llevado a la quiebra a otro ente público. Y lo peor es que quienes pagan no son directivos, cargos casi políticos o administradores económicos, pagan trabajadores, futuros trabajadores y ciudadanos.

Hace años que las cuentas en la Radio Televisión Valenciana no cuadran. Hace más años de los que estamos en crisis que allí se vienen reduciendo plantillas, que el medio se utiliza como arma política y propagandística y que las audiencias bajan a un ritmo vertiginoso. Y si ya de por sí este panorama era desolador, luego llegó la crisis y entonces sí, ahí estaban los verdaderos problemas, que se saldaría con un ERE que afectó a 1.000 trabajadores y que ayer mismo fue anulado por una sentencia de 45 páginas de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia valenciano. Los trabajadores debían ser reincorporados a la plantilla y eso parecía una buena noticia, hasta que finalmente, la Generalitat anunció que la única posibilidad tras la sentencia, es el cierre.

Ayer también, los presentadores Amàlia Sebastián e Iñaki Crespo arrancaron el informativo rodeados de compañeros. Explicaron la decisión de la Generalitat y los argumentos del comunicado sobre la clausura del medio, y también mostraron las reacciones de grupos políticos, profesionales y sindicatos, para después leer su propio comunicado rechazando la decisión, el cual dice que la única voluntad de los trabajadores de la RTVV es la de trabajar, que ni los valencianos ni los trabajadores son responsables de “una gestión política y económica que ha hundido a la empresa” y que consideran una “vileza y acto de cobardía” que se haya optado por el cierre como única solución a los problemas económicos y de credibilidad (y es que la RTVV acumula más de mil cien millones de deuda y pasó de un 21% de audiencia a un 4%).

El Gobierno valenciano dice que esta decisión ha sido tomada para poder ofrecer otros servicios públicos de manera eficiente, haciendo hincapié en la educación y la sanidad y asegura que ésa es su única prioridad. Cuesta creerlo de un gobierno autonómico que ha tenido, durante mucho tiempo, muchas otras prioridades que no eran, precísamente, los servicios públicos. Yo, como madrileña, me acuerdo de Telemadrid, de su panorama no menos desolador, de su gestión politizada y propagandística, de sus huelgas día sí y día también. Y pienso, ¿cuánto tardarán en tomar la misma decisión?