“¡Ocho horas! ¡Cinco pesos!” gritaban los mineros huelguistas de Cananea la mañana del 1 de junio de 1906. Hace 104 años los trabajadores de la mina de Cananea ejercían su derecho de ciudadanos de demandar trato justo y mejores condiciones de trabajo. En respuesta, el gobierno mexicano al servicio del dueño de la mina solicitó ayuda a un grupo gringo armado para disolver el conflicto. Este suceso es reconocido como uno de los detonadores de la Revolución Mexicana.[9]
Para celebrar el Centenario de la Revolución Mexicana, Felipe Calderón repitió el suceso pero ahora sin ayuda de los gringos (ellos están ocupados matando mexicanos en Ciudad Juárez desde el otro lado[3]). El gobierno de Calderón demuestra autonomía nacional en esta nueva intervención armada usando a las policías federal y estatal para terminar por la fuerza la huelga de los mineros de Cananea y ratificar que la policía está al servicio de los empresarios poderosos.[1] El grupo de poder usa la “autoridad” como rompe huelgas [4] y el gobierno federal demuestra que no tiene escrúpulos para reprimir los movimientos sociales opositores[5]. En este enfrentamiento de 2010 hubo lesionados y se emplearon granadas de gas lacrimógeno, toletes y, según la versión de los mineros, armas de fuego.[8]
Germán Larrea, presidente ejecutivo de Grupo México, heredó la mina de Cananea de Jorge “El Azote” Larrea, quien a su vez la recibió como un regalo de Carlos Salinas. Actualmente, la mina de Cananea es uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo y aunque tiene 80 años más de vida útil[4], Calderón se apresuró a terminar el conflicto minero mediante el uso de la fuerza para que Germán Larrea pueda aprovechar el aumento del 110% en el precio del cobre[6].
El conflicto minero inició cuando Vicente Fox criminalizó a la dirigencia sindical luego de que ésta exigió justicia para las familias de los 46 trabajadores que murieron en la mina de Pasta de Conchos en febrero de 2006, a consecuencias de fallas de seguridad atribuibles a la empresa y al propio gobierno.[8]
En el mismo tono que su antecesor, Felipe Calderón desconoce la dirigencia del sindicato y trata de imponer líderes sometidos[1] porque quiere que el sindicato sea una agencia sumisa de colocación al servicio de los dueños del negocio[2]. Calderón ratifica la orientación antisindical del gobierno federal y su determinación a resolver, por medio de la fuerza policial, los conflictos laborales, al mismo tiempo que exonera a los propietarios de Grupo México de toda responsabilidad legal por el accidente de Pasta de Conchos.[8]
Evidentemente la función del gobierno es garantizar la explotación de los recursos naturales de la nación por grupos privados —que financiaron campañas electorales[6]— usando la fuerza de ser necesario en contra de los trabajadores mexicanos[1] y sus familiares, en el más puro estilo porfirista[5]. En el conflicto en Cananea, el gobierno de Calderón está del lado de Germán Larrea[6] favoreciendo, por todos los medios posibles, los intereses patronales[8] sobre los intereses de los trabajadores. Por ejemplo, el secretario del Trabajo, Javier Lozano, funge como el vocero de Grupo México[1,4] quien ofrece pagar indemnizaciones que le corresponde pagar al Grupo México[4]. Durante la huelga, los gobiernos federal y estatal dejaron morir al municipio de Cananea, pero ahora dicen que se busca hacer renacer a Cananea.[4]
El gobierno ha orquestado una campaña mediática en contra de los trabajadores[8] y el sindicato apoyándose en los medios de desinformación[1], lo que ha sido fácil dado que Larrea también es miembro del consejo de administración de Televisa[7]. Se condena públicamente la corrupción sindical, pero no se permite que los trabajadores se deshagan de ella[2]. También gracias a la magia de la televisión el interés de los mexicanos se enfoca en el Futbol y se ve con buenos ojos que Calderón gaste, en medio de esta crisis, decenas de millones de pesos del pueblo mexicano en un viaje familiar a Sudáfrica para asistir a la inauguración de Mundial.[1,3]
En el Centenario de la Revolución Mexicana no hay nada que festejar. El gobierno todavía usa la violencia en contra de los trabajadores para nulificar el derecho colectivo de trabajo desconociendo las instituciones constitucionales en materia laboral.[1]
Hace 104 años los mineros de Cananea exigían 5 pesos por una jornada de trabajo de 8 horas. Ahora la mina de Cananea representa el 65% de las utilidades del tercer empresario más rico de México[4], quien paga 5 pesos por hectárea concesionada[6].
Referencias:
- Luis Javier Garrido. (11 junio 2010). Cananea. La Jornada.
- Adolfo Sánchez Rebolledo. (10 junio 2010). Miseria antisindical del régimen. La Jornada.
- Julio Hernández López. (09 junio 2010). Astillero. La Jornada.
- Carlos Fernández-Vega. (09 junio 2010). México SA. La Jornada.
- Pedro Miguel. (8 junio 2010). Violencia y resistencia. La jornada.
- Carlos Fernández-Vega. (8 junio 2010). México SA. La Jornada.
- Julio Hernández López. (8 junio 2010). Astillero. La Jornada.
- Editorial. (8 junio 2010). El gobierno, contra los sindicatos. La Jornada.
- Sonnichsen, C.L. (1971). Colonel William C. Greene and the Strike at Cananea, Sonora, 1906. Arizona and the West (Journal of the Southwest). 13(4):343-368.