Canarias tiene razón

Después de años apretándose el cinturón, seguramente mucho más de lo que era incluso saludable, debería tocar recoger los frutos del sacrificio. Una comunidad históricamente mal financiada como Canarias - entrar ahora en las causas nos llevaría demasiado tiempo -, tiene derecho a que se le reconozca el esfuerzo en el cumplimiento del objetivo de déficit y la estabilidad presupuestaria. Porque aún padeciendo una deficiente financiación de sus servicios públicos recortó el gasto,  hasta el punto de que aún tendrá que pasar mucho tiempo para volver a la situación previa a la crisis, que ya era manifiestamente mejorable. Fruto de un sacrificio injusto para unas islas con múltiples carencias, la comunidad autónoma puede presumir hoy de tener equilibradas sus cuentas, que incluso presentan superávit, y su deuda bajo control. Otras, en cambio, continuaron gastando a espuertas como si no hubiera un mañana y endeudándose hasta las cejas y más arriba.
El incumplimiento de las normas que se suponía obligatorias para todos, no les acarreará en cambio ninguna de las consecuencias previstas. Antes al contrario, serán premiadas con un nuevo alivio del objetivo de déficit en 2019 que les va a permitir gastar del orden de unos 2.500 millones de euros más de los previstos inicialmente. Ese alivio apenas le sirve en cambio a las comunidades que, como Canarias, hicieron los deberes hace tiempo y que lo que necesitan es poder destinar lo que han ahorrado a mejorar los servicios públicos. Es aquí en donde entra la controvertida regla de gasto, por la que se establece el tope que pueden destinar las comunidades autónomas a fines como financiar las competencias transferidas por la administración central, entre otras la sanidad y la educación. No es necesario ser un experto para comprender que si la regla en cuestión se aplica por igual a todas las autonomías, hayan o no cumplido sus obligaciones con la estabilidad presupuestaria, las perjudicadas serán las cumplidoras y las beneficiadas las incumplidoras.
Es, expresado en otros términos, un evidente agravio comparativo que no hace sino ahondar la brecha y el recelo entre comunidades. Se podría debatir largo y tendido sobre si Canarias debió haber sido menos estricta en el cumplimiento de sus deberes con el déficit ante la evidencia de que, no por eso, el Gobierno central iba a ser más condescendiente con las necesidades de una de las comunidades peor financiadas. Siempre he creído que el Gobierno canario erró cuando decidió convertirse  en el primo de Zumosol del déficit a costa de deteriorar hasta niveles alarmantes los servicios públicos. Una política menos seguidista de la obsesión por el déficit que presidió la gestión del PP, seguramente habría permitido que la sanidad, la educación y los servicios sociales sufrieran mucho menos y que las islas no se vieran hoy implorando de Madrid que le permita gastarse el dinero ahorrado.
Aún así y partiendo de que no sirve de nada llorar sobre la leche derramada, es de justicia que el Gobierno de Sánchez busque la manera legal de diferenciar el cumplimiento de la regla de gasto para que el dinero que hemos ahorrado todos los canarios en años de esfuerzos que otros no hicieron, revierta en la mejora de la sanidad, la educación y los servicios sociales. Ese trato diferenciado se antoja más justo si cabe, si tenemos en cuenta que el propio Sánchez ha descartado de plano afrontar en lo que queda de legislatura la ya tantas veces aplazada modificación de la financiación autonómica. Es probable que en el PSOE hacer distinciones con comunidades autónomas por muy cumplidoras del déficit que hayan sido, no debe entusiasmar demasiado ante la previsible reacción del resto de autonomías.
Sin embargo, creo que Canarias pone en la balanza razones objetivas de mucho peso que no puede exhibir la mayoría del resto para plantear la misma petición. Toda vez que no habrá nueva financiación autonómica a corto plazo y que quienes han eludido los sacrificios que hizo Canarias se verán premiadas con un déficit más llevadero, nada de trato de favor tendría que se autorizara a esta comunidad a emplear sus propios recursos en atender sus maltrechos servicios públicos.