En Cangallo, donde las noticias suelen caminar a paso de burro pero de vez en cuando galopan como caballo desbocado, un caso ha sacudido el polvo judicial y ha puesto en evidencia que no todos los “hombres de leyes” respetan las leyes… ni los límites, ni las paredes del juzgado.
La Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho logró que se imponga ocho años de pena privativa de libertad efectiva contra Fortunato Quispe Gutiérrez, de 64 años, ex juez del Juzgado de Paz Letrado del distrito de Chuschi. Sí, ese mismo despacho donde deberían reinar la imparcialidad, la sobriedad y el olor a papel sellado… no exactamente otro tipo de “intenciones”.
Y es que Quispe Gutiérrez no solo fue hallado autor del delito de cohecho pasivo específico, sino que su caso quedará en los archivos del surrealismo peruano: el magistrado habría intentado “agilizar” un proceso civil, pero no con escritos, audiencias o notificaciones. No. Él optó por intentar cobrar su propia versión de un arancel, pero de naturaleza íntima.
El día en que la justicia casi se volvió “justicia con condiciones”
Según la investigación fiscal, el 5 de julio de 2019, el ex juez solicitó —sin vergüenza y con demasiada confianza— un acto sexual a una ciudadana que acudió al juzgado simplemente para preguntar por el estado de un proceso de obligación de dar suma de dinero.
La mujer buscaba una actualización del expediente; el juez, al parecer, buscaba… otra cosa. Tanto así que incluso llegó a emplear la fuerza para intentar mantener relaciones sexuales, condicionando su deber jurisdiccional a una ventaja totalmente indebida. Una escena impropia de una institución que debería encarnar solemnidad y no desvergüenza.
Un historial que ya olía raro
El Ministerio Público reveló que el comportamiento inapropiado no fue un impulso aislado. No. Las diligencias acreditaron que el 18 de diciembre de 2017, Quispe redactó un documento privado de préstamo entre la víctima y un tercero, documento que luego sería usado como base para la demanda civil. Todo muy “casual”, muy “servicial”, muy “dejemos la puerta abierta para futuros favores”.
Y entre febrero y marzo de 2018, los mensajes de texto que enviaba el magistrado solo confirmaban la intención: insinuaciones, propuestas y una clara intención de influir en el proceso judicial mediante encuentros extrajudiciales… demasiado extrajudiciales.
La imparcialidad, la ética, la probidad… todo quedó tirado en un rincón del despacho, como si fueran sellos viejos.
La factura judicial: cara, dolorosa y ejemplar
Además de los 8 años de cárcel, Quispe fue sentenciado a:
- 8 años de inhabilitación para ejercer función pública
- 365 días multa
- S/ 25,000 de reparación civil
Un combo completo que podría titularse “Cuando confundiste el juzgado con un motel mental… y la justicia te devolvió a la realidad”.
Eso sí: la pena será efectiva una vez confirmada en segunda instancia. Mientras tanto, deberá cumplir reglas de conducta. Ironías de la vida: ahora el juez tendrá que obedecer reglas estrictas… algo que debió hacer desde el principio.
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