La segregación ocupacional, el estancamiento en los puestos de trabajo, los problemas de conciliación, de corresponsabilidad…son los síntomas de un problema grave. De un problema vergonzoso en la época y en el contexto en que estamos situadas. La cuestión de trasfondo entonces pasa por la desvalorización del trabajo de las mujeres. Es aterrador comprobar que la entrada de las mujeres a un determinado sector conlleve una disminución en la percepción de su renta y lo peor de esto es que a pesar de tener un marco normativo que lo podría impedir, nadie hace ni dice nada.
En este espacio europeo, donde el ordenamiento comunitario es de aplicación obligatoria por parte del poder judicial de cada Estado miembro, pudiendo citar ejemplos en el art. 119 del Tratado de Roma (1957) que dice: "Cada Estado miembro garantizará durante la primera etapa, y mantendrá después, la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos para un mismo trabajo" y posteriormente la Directiva 76/207, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, pues bien, en este contexto considero vergonzoso que por término medio, las mujeres de la UE ganan alrededor de un 17% menos que los hombres. Y en un plano más local, en España cuya Constitución, en su artículo 14 nos habla del principio de igualdad y más concretamente con su Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, según el Instituto Nacional de Estadística, en 2008 el sueldo medio anual de las mujeres es un 25,6% inferior al de los hombres.
Cómo es posible que pudiendo utilizar todas estas herramientas normativas, que otros países en vías de desarrollo o del tercer mundo seguro envidiarán, aún aquí se permite que a las mujeres no se nos valore económicamente y por tanto se nos invisibiliza en este sector tan importante para el desarrollo de una Nación ¿acaso es posible hablar de plena ciudadanía cuando se nos excluye de la economía del Estado?
Por todo esto espero que este viernes el Consejo de Ministros se sume a la resolución del Parlamento Europeo para que el 22 de febrero sea declarado "Día Internacional por la Igualdad Salarial", vindicación que la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres viene reclamando hace años, y se de un paso más en la larga lucha por la consecución de nuestros derechos que, por cierto están escritos, ahora hace falta la responsabilidad de toda la sociedad para que éstos sean efectivamente aplicados.
Carla Cubillos Vega
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