Quince meses después de que entrara en vigor la reforma del Gobierno socialista que obligaba a todas las familias que disponían de una empleada de hogar (aunque solo fuera por una hora a la semana) a darles de alta en la Seguridad Social, la cifra de trabajadoras que sigue sin un contrato laboral continúa siendo muy elevada. Los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) revelan que unas 7.000 mujeres de Castellón (la mayoría inmigrantes) trabajan limpiando casas pero solo 4.007 cotizan a la Seguridad Social. La conclusión es clara: todavía hay casi 3.000 que lo hacen en negro.
Pero aunque los datos evidencian que la ley no ha logrado acabar con la economía sumergida en el sector de la limpieza doméstica, lo cierto es que la regularización sí ha cumplido parte de sus objetivos. Aunque estos no sean tan cuantiosos como los que pretendía el Gobierno. En los últimos nueve meses la afiliación de las empleadas domésticas ha aumentado un 10% en la provincia, al pasar de las 3.550 cotizantes en septiembre del 2012 a las 4.007 del pasado mes de marzo.
Para intentar aumentar la cifra de afiliadas, el Gobierno que preside Mariano Rajoy ha vuelto a cambiar la normativa y desde esta misma semana van a ser las propias trabajadoras (y no el empleador) las que se ocupen de los trámites con la Seguridad Socia. La reforma del régimen de empleadas de hogar que entró en vigor a principios del 2012 convirtió a miles de empleadores de Castellón en una suerte de empresarios: la ley disponía que ellos tenían que ocuparse de las altas, bajas y demás trámites de las empleadas de hogar que prestasen para ellos sus servicios y eso produjo una enorme confusión. Ahora, y aunque no es obligatoria, el Ejecutivo da la opción de que sean las propias trabajadoras las que se den de alta.
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