El Gobierno de Castilla-La Mancha está diseñando las cinco primeras Agendas de Desarrollo Urbano y Rural (ADUR) en cinco zonas, de los 26 totales, afectadas por el fenómeno de la despoblación en la Comunidad Autónoma, a partir del 2024.
Se trata de cinco experiencias piloto con las que sentar las bases principales de esa nueva herramienta que el Ejecutivo autonómico está diseñando con el objetivo de acercar la lupa, analizar cada uno de los territorios, sus los problemas o las virtudes y poder incidir sobre estas zonas.
Estas Agendas de Desarrollo Urbano y Rural, tal y como ha explicado hoy el viceconsejero de Planificación Estratégica, José Antonio Carrillo, se constituyen como un instrumento para el desarrollo de la Estrategia Regional frente a la Despoblación, para “plasmar todo lo que se ha puesto en marcha desde la aprobación de la Ley de medidas contra la Despoblación”, en vigor desde el año 2021.
Carrillo, que ha inaugurado la XXII edición del Seminario de Legislación Urbanística de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Cuenca, ha subrayado que las ADUR se han concebido desde el Ejecutivo para articular todas las políticas que hay en el territorio, tanto ambientales, empresariales y de infraestructuras para que las concretemos en acciones positivas consensuadas con los Grupos de Acción Local, y con los municipios y el resto de agentes de cada territorio (empresas, colegios profesionales, y asociaciones, entre otros)”.
Asimismo, ha avanzado que las agendas se van a abordar dentro del marco de la Agenda 2023 y de la Agenda Urbana Española, permitiendo con ello interactuar con organismos internacionales como la Unión Europea o la ONU, así como con el Gobierno de España.
Por su parte, el comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique, ha recordado que una de las medidas pioneras que se incluyen en la Ley de Despoblación ha sido la delimitación de las zonas afectadas por la pérdida demográfica “que nos permite tomar medidas diferentes en función del grado de despoblación de cada una, en materias como los incentivos fiscales (hasta un 25 por ciento del tramo autonómico IRPF), incentivos económicos (mecidas de discriminación positiva, hasta un 40 por ciento para ayuda a empresas o autónomos), y la garantía de acceso a los servicios públicos. Se trata, ha insistido, de un trabajo que no se ha hecho en otras partes de España ni de Europa.
Fuente: Nacho López - eldigitaldealbacete.com
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