Cataluña, Azaña y la farsa

Era impensable que la situación catalana, con un gobierno regional en abierta rebeldía contra la legalidad vigente, llegara a los extremos a que ha llegado por su afán en independizarse de España y proclamar una república catalana de manera unilateral, mediante fraude de ley y sin garantías democráticas que avalen ninguna de las iniciativas adoptadas al respecto. La “desconexión” de España, un Estado descentralizado, conformado por Comunidades Autónomas que gozan de gobierno y parlamento propios, se ha pretendido llevar a cabo por la fuerza de los hechos y no por la fuerza de la ley, actuando, además, sin respeto alguno ni al Estatuto catalán ni a la Constitución española. Las fuerzas soberanistas del Parlamento catalán, donde detentan una mayoría que no se corresponde con la mayoría social, han diseñado un proceso, de común acuerdo con el gobierno de la Generalitat, que persigue la independencia a través de un referéndum, para cuya convocatoria el gobierno regional no tiene competencias, pero que de todas formas se ha convocado y organizado en claro desafío a la legalidad vigente y a pesar de haber sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, junto a otras leyes catalanas (ley de transitoriedad, ley del referéndum) en tal sentido. Y ante esa permanente desobediencia a las leyes y el desacato a las sentencias del Constitucional por parte de la Generalitat y del Parlament, el Gobierno de España ha procedido al cierre de la caja de la Comunidad y ha congelado todas sus cuentas, para evitar que se destinen recursos a iniciativas declaradas ilegales. Y la Justicia, por su parte, dictando órdenes a la Guardia Civil y Policía Nacional en funciones de policía judicial, se ha incautado del material previsto (papeletas, carteles, folletos, cartas) para la realización del referéndum y ha detenido a los personalidades no electas de diferentes consejerías e instituciones catalanas, como responsables directos de la “maquinaria” para llevarlo a cabo, además de citar a declarar a todos los alcaldes dispuestos a facilitar instalaciones para el referéndum. Una situación, por tanto, sumamente tensa y conflictiva.

Todos parecen sobrepasados por las reacciones porque, a menos de una semana de la presunta consulta, ni los soberanistas que mantienen este pulso creían que el Estado respondería con tanto rigor para mantener la legalidad, ni el Estado esperaba que los soberanistas llegaran tan lejos en su desobediencia a la ley. Tanto es así que el Gobierno estudia, llegados a este extremo, suspender la Generalitat y también, incluso, a la Cámara Baja catalana si finalmente deciden, con o sin referéndum, proclamar la independencia de Cataluña. La terca actitud del Gobierno regional es manifiesta y parece encaminada a llegar hasta la sedición en su pulso al Estado. Sin que lo ampare la historia, ni las leyes ni, por supuesto, ningún derecho democrático (el primer derecho democrático es el respeto a las leyes con las que la democracia se dota), los secesionistas apuestan el todo o nada a un envite definitivo por la independencia de Cataluña.
Sin embargo, no es la primera vez que provocan un enfrentamiento tan grave. Esta historia de desencuentros entre España y Cataluña no es ninguna novedad, pero, como dijo Marx, la historia cuando se repite se convierte en una farsa. Una farsa que trágicamente está dividiendo a la sociedad catalana en dos bandos excluyentes e intolerantes, en los que podrían desencadenarse odios y enfrentamientos que, sin duda, perdurarán en el tiempo y afectarán negativamente a la convivencia. Un precio demasiado alto para una ensoñación independentista.
El caso es que esta situación ya la había advertido hace tiempo Manuel Azaña, el último presidente de la II República española, al principio defensor de los deseos catalanes por su autogobierno, pero profundamente defraudado después por las deslealtades de éstos tras conseguir el Estatuto de Nuria. Como si fuera testigo de lo que hoy sucede, Azaña no dudó en acusar a la Generalitat de irredenta por actuar “en franca rebelión e insubordinación, y si no ha tomado las armas para hacer la guerra al Estado, será o porque no las tiene o por falta de decisión, o por ambas cosas, pero no por falta de ganas”. Son palabras pronunciadas en 1934 que parecen describir la realidad actual.
Por aquel entonces, tras proclamarse la II República española (1931-1939), el Gobierno provisional republicano negocia con los catalanes el Estatuto de Nuria, el primero que dota de autonomía a Cataluña y le reconoce gobierno y parlamento propios. Pero, como pretende hacer Puigdemont en la actualidad, el entonces presidente de la Generalitat, Lluis Companys, aprovechando la inestabilidad política en España por la revolución de Asturias y la declaración del estado de guerra por parte del presidente de la República, proclama en octubre de 1934 el Estado Catalán de la República Federal Española. Azaña, que, como decimos, fue uno de los impulsores del Estatuto catalán, no puede evitar expresar su disgusto ante la deslealtad del gobierno catalán: “Por lo visto es más fácil hacer un Estatuto que arrancar el recelo, la desconfianza y el sentimiento deprimente de un pueblo incomprendido”.
De aquel Estatuto hasta el actual ya sabemos lo que pasó: sufrió los avatares de la República, al ser suspendido por el gobierno de Lerroux-Gil Robles y vuelto a poner en vigencia por el del Frente Popular. La dictadura de Franco lo derogó finalmente y la restauración de la democracia, al resolver el problema territorial mediante el Estado de las Autonomías, posibilitó la elaboración de uno nuevo, el actual Estatuto, que, otra vez, es orillado por los que desean la independencia, contraviniendo las leyes y sin más argumentos que un inexistente “derecho a decidir” que los independentistas no reconocen a cuantos hasta la fecha han “decidido” en las urnas el estatus quo actual.
Seguimos, pues, comportándonos, en este y en tantos otros problemas, como Manuel Azaña retrataba con su perspicaz elocuencia: “Al español le gusta tener libertad de decir y pensar lo que se le antoja, pero tolera difícilmente que otro español goce de la misma libertad, y piense y diga lo contrario de lo que él opinaba”.
Frente al egoísmo que orienta la mayoría de las reclamaciones territoriales, antes y ahora, en nuestro país, advertía el político republicano: “Todos los intereses nacionales son solidarios y, donde uno quiebra, todos los demás se precipitan en pos de su ruina”. Y ello es así porque “todos los españoles tenemos el mismo destino, un destino común, en la próspera y en la adversa fortuna, cualesquiera que sean la profesión religiosa, el credo político, el trabajo y el acento…” Exhortaciones que, como sabemos, cayeron en saco roto, pero que hoy seguimos ignorando.
Y todo esto lo dijo el último presidente de la República española un 18 de julio de 1938 desde el Ayuntamiento de Barcelona, donde aseguró, como si fuera clarividente: “A pesar de todo lo que se hace para destruirla, España subsiste”. Y subsistirá, cabría subrayar hoy ante las vicisitudes del conflicto catalán, un conflicto supuestamente generado por la libertad y la democracia. Pero  olvidamos que "la libertad no hace ni más ni menos felices a los hombres; les hace, sencillamente, hombres." ¿Reconocen al autor de la sentencia?