¿Causan inflación los aumentos salariales?

El pasado viernes 12 de agosto, el Presidente Nicolás Maduro anunció un nuevo incremento del ingreso mínimo legal (salario mínimo más bono de alimentación) de más del 90%. Se trata del número 33 entregado desde 1999 hasta la fecha, el 13 desde 2013 y el tercero en lo que va de año, como parte de la política de defensa del poder adquisitivo de la clase trabajadora.
Sin embargo, lo que en principio es una noticia que debería alegrar a la mayoría asalariada, por obra y gracia de los especuladores y sus mercenarios “teóricos” –léase expertos económicos– se convierte en un motivo de miedo y frustración ante la ola especulativa que se desata para anular la medida 
Para conocer de manera más precisa los pormenores del anuncio realizado por el presidente Nicolás Maduro y darnos una explicación satisfactoria sobre sus implicaciones, el equipo de 15 y Último decidió consultar al analista económico y político, José Gregorio Piña.
¿Qué opinión tiene respecto al anuncio realizado por el presidente Nicolás Maduro sobre el aumento salarial?
Tomando como base el cierre del año 1997, tanto la inflación como el ingreso mínimo legal vigente desde este mes de agosto –ya que el presidente decretó el aumento con retroactivo al primero de agosto– el incremento mínimo legal, es decir, el incremento acumulado con base en el cierre del año 1997, está en este momento 150% por encima de la inflación acumulada, tomando en cuenta el mismo lapso, haciendo la salvedad de que estoy proyectando lo que va de enero a julio de 2016 con base en unos indicadores propios, en la medida que no hay cifras oficiales publicadas.

Es decir, a pesar de que el salario mínimo queda un 10% por debajo de la inflación, el ingreso mínimo legal (salario mínimo más ayuda alimentaria) compensan un 150% por encima de la inflación acumulada, es decir, una vez y medio por encima.

Ahora, ¿cuál es la conclusión? Que a pesar de que el índice inflacionario acumulado, desde finales de 1997 hasta la fecha, ante los embates de los últimos tres años de la guerra económica, la influencia de la manipulación con el tipo de cambio ilegal, frente a todo esto a lo que se atribuye el 70% de la inflación de los últimos dos años, al contrario que otros países y la Venezuela anterior a Chávez, la política del gobierno revolucionario ha sido dar cumplimiento al mandato constitucional de proteger el salario real y el poder adquisitivo de las y los trabajadores.

¿Cree que esta medida del aumento decretado por el presidente Maduro se traducirá en una práctica de aumentar los precios por parte de los comerciantes formales e informales?

Necesariamente no, ya que el factor salario en el componente total de los precios arroja una incidencia menor con respecto a los otros elementos. Por otra parte, cuando el empleador tiene que aumentarle el salario a sus trabajadores no debe trasladar el mismo porcentaje a todas la unidades que produce, puesto que un mismo operador le produce muchas unidades y el empleador en consecuencia le está aumentando el porcentaje una sola vez al empleado.

A partir de ahí, lo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro es, primero y como te decía, lo que dice la Constitución: preservar el poder adquisitivo de las y los trabajadores. Por consiguiente, si suben los precios antes, entonces deben subir el precio de la fuerza de trabajo, para equilibrar y compensar y no al contrario, como lo han pretendido “argumentar” los “expertos” citados en medios privados, que el aumento del salario es el que provoca el aumento de los precios, no es así, sino que el Gobierno se ve obligado a decretar el aumento de los salarios porque previamente los comerciantes han incrementado los precios.

Además, existe un componente muy importante y que muchas veces el Gobierno nacional no ha sabido explotar comunicacionalmente y por supuesto los medios privados tanto nacionales como extranjeros tratan de ocultar, es precisamente lo que tiene que ver con el salario social, ya que comparando con otras épocas, hoy la oferta educativa es mucho mayor, todas, incluida la universitaria, la salud (atención médica directa e indirecta y gratuita), los subsidios a las comunicaciones (internet, wi-fi, etc.), el transporte, los servicios energéticos (electricidad, gasolina, gas), asimismo, otros elementos como el cultural, entre otros.

Por otra parte, hay que recalcar que este es el momento en los últimos cincuenta años del país, en que el desempleo está en su cota más baja, casi técnicamente lo que se considera el pleno empleo a pesar de todos los factores económicos y políticos adversos experimentados en los últimos dos años. En estos momentos más del 95% de la población en edad de trabajar está empleada.

¿Y sobre su impacto en la liquidez monetaria, qué nos puede decir? ¿No es cierto eso que dicen los economistas, que el aumento es inflacionario porque aumenta la liquidez monetaria?

En primer lugar, insisto, no es cierto que por cada determinado porcentaje de aumento de los salarios, los costos totales de producción aumenten en el mismo porcentaje y que, por ende, los precios de bienes y servicios deban elevarse en el mismo porcentaje. El propio Adam Smith demostró matemáticamente que dicha manipulación es indebida, puesto que si los salarios crecen en proporción aritmética, el elevar los precios en el mismo porcentaje hace crecer las ganancias en forma geométrica, por efecto de la mayor plusvalía retenida, con lo cual las ganancias del dueño del medio de producción se elevarán en forma desproporcionada a su favor. Al respecto, recomiendo leer un reciente artículo del camarada Luis Salas Rodríguez, en el cual revisa otra vez estos conceptos.

En cuanto al tema preciso de la liquidez monetaria, la primera precisión a destacar es que contra el dogma monetarista, la relación causal, cuando la hay, es totalmente a la inversa: la liquidez monetaria, que está constituida por los medios de pagos líquidos, efectivo y depósitos transferibles, en poder del público crece porque previamente se ha incrementado el nivel general de precios preexistente.

Me explico: los actores económicos en general mantienen medios de pagos líquidos solo en la cuantía necesaria para la adquisición de bienes y contratación de servicios en el corto plazo; y cuanto más inflacionario es el ambiente económico, menor será la propensión general a mantener dichos medios de pago líquidos, toda vez que son estos los que pierden valor y poder adquisitivo como consecuencia de la inflación.

En tal entorno, si para un mes dado el nivel general de precios, medido por el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), se eleva con respecto al mes precedente, los actores económicos en general se ven obligados a disponer de una mayor cuantía de medios de pagos líquidos. Por ende, la liquidez monetaria deberá aumentar por tal motivo, además del aumento propio exigido por el crecimiento real de la economía, expresado en el Producto Interno Bruto (PIB).

Tal afirmación, sustentada por teóricos de la Economía de distinto signo, tanto de los clásicos, incluidos Adam Smith y Carlos Marx, como por investigadores modernos y contemporáneos; queda demostrada en las cifras reales de la economía venezolana.

Analizando las series estadísticas históricas, desde el año 1958 hasta 2015, hay una correlación positiva media alta entre las variables IPC y M2. Sin embargo, al contrario del dogma monetarista, en los lapsos en que entre los años 1958 y 2015 hay un movimiento creciente de ambas curvas, primero aumenta el IPC y luego es cuando aumenta M2. Adicionalmente, en años recientes, se observa como M2 se incrementó mientras que el IPC disminuyó su ritmo.

Pero si analizamos mes a mes los dos últimos años, 2014 y 2015, lapso en el cual según la conseja de la oposición, el “exceso de liquidez” creado por el Gobierno nacional desde el BCV ha originado la aceleración de la inflación, tenemos que la evidencia empírica refuta de manera más contundente esa afirmación dogmática.

En efecto, observando el comportamiento mensual del INPC y de la liquidez monetaria, se cumple, plenamente y mes tras mes, que primero creció el INPC y luego, con rezago de entre dos meses a tres meses, se da el subsecuente crecimiento de M2.

En el caso del Estado como empleador, ya que tiene alrededor de 20% de la masa trabajadora asalariada, los recursos financieros para sufragar los aumentos decretados provienen tanto de incrementos reales en la recaudación tributaria, ya recaudados y que exceden lo ya presupuestado, como de recursos adicionales no presupuestados generados por los incrementos ya recaudados en el precio de venta de la gasolina. En ambos casos son recursos financieros que ya estaban en la liquidez monetaria, ya estaban en circulación, solo cambian de mano: de los contribuyentes o compradores, según el caso, a la Tesorería Nacional. Por lo tanto, en ningún caso hay generación de liquidez monetaria adicional.

En el caso de la erogación que deba hacer el sector privado en ocasión del aumento salarial, dicha suma proviene también de liquidez monetaria preexistente, represada en las cuentas de empresas, emprendimientos y particulares privados, producto de las mayores ganancias previamente obtenidas por los aumentos anteriores de precio de sus bienes y servicios.

¿Ahora bien, y ya para terminar, el aumento por sí solo puede ayudar a proteger el poder adquisitivo de las y los trabajadores o se requiere el acompañamiento de otras medidas?

Obviamente no. Y es allí donde se deben atacar una serie de elementos que lamentablemente no se atendieron a tiempo. En todo caso, en mi opinión lo que hay que reforzar es el control en la distribución de los alimentos.

Según las proyecciones del ministro de Producción Agrícola y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, se producirán 27 millones y medio de toneladas de alimentos en el país a nivel básico. A esto hay que sumarle toda la importación, que a pesar de la disminución en las divisas se está dirigiendo prioritariamente a garantizar el abastecimiento de alimentos y medicinas. Pero el problema está, según mi criterio, en la distribución, en los canales irregulares, por esa razón, es allí, donde se deben reforzar dos cosas, a mi juicio.

Primero, el control en los centros de producción tanto públicos como privados, sobre todo la grande y mediana agroindustria, es decir, el control en las plantas para que haya una producción adecuada y para que no se pare o no se disminuya la producción o la desvíen para contrabandearla, allí debe existir un control sobre todo eso. Segundo, hay algo que he venido proponiendo para atender el sistema de abastecimiento programado, que es que el Estado asuma lo que técnicamente se denomina el monopsonio estatal.

Me explico, entendiendo que un monopolio se da cuando uno solo produce, al contrario, el monopsonio es todo lo inverso, uno solo es el que compra. Por supuesto, que se debe hacer garantizando toda la materia prima que los productores privados requieren para producir y reconociendo a su vez su estructura de costos y ganancias, pero la diferencia sería que deberían venderle solo al Estado, entonces el Estado compraría toda la producción y después viene el otro eslabón que es el control en la distribución y allí es donde se debe garantizar el sistema de abastecimiento programado, pero no sustituyendo una rosca por otra. Un ejemplo podrían ser los CLAP (que sabemos muy bien que allí también surgen desviaciones y corrupción y eso hay que reconocerlo) pero profundizando ese control de manera directa, es decir, hacer la compra de todos esos productos a través de un sistema automatizado y que la información llegue a los usuarios a través de sms, correos electrónicos, mensajería instantánea, etc., con indicaciones tan simples de dónde llegarán sus productos, el día que deben ir a retirarlos, los productos que llegarán y su costo.

Allí se estaría acabando con todo tipo de desviación y corrupción, sería como un modelo de encomienda, el servicio de encomienda privado que ya existe en todas partes del mundo y funciona porque no hay manera de burlarlo. Probablemente puede asumirlo hasta un privado ya que no necesariamente tienen que ser solo los CLAP, es decir, habría una fusión entre lo público, lo privado y las comunidades organizadas.

Entrevista con José G. Piña