Ambos grupos presentan una moción que intenta subsanar el trato discriminatorio, persecuciones y sanciones que sufrieron aquellos que pertenecieron a las logias masónicas
El texto de la misma recoge que esta Corporación "solicite la reconstitución o devolución de los bienes y derechos de contenido patrimonial incautados por la aplicación de normas sobre responsabilidades políticas y demás disposiciones jurídicas concordantes y complementarias, por entender que las pretensiones de la masonería española están ajustadas a derecho y afectan a sus logias ".
La moción, que será defendida por el consejero insular, Miguel Ángel Pérez, señala que "esta pretensión se centra en el restablecimiento por parte del Reino de España de la honorabilidad de la masonería y superar definitivamente el trato discriminatorio para quienes sufrieron de persecución, sanciones de cualquier clase, condenas penales, exilio o fueron ejecutados por razón de la defensa de la masonería y de los ideales democráticos; y, por otra parte, el restablecimiento de situaciones jurídicas ilegalmente extinguidas en los aspectos que afectan a la masonería en España ".
En ese sentido ambos grupos señalan que a partir de la promulgación de la Constitución Española de 1978, se han aprobado diversas normas conciliadoras que tienden a superar las situaciones jurídicas derivadas de la Guerra Civil, la legislación y la actuación del régimen franquista, tales como: la Ley 24/2006, de 7 de julio sobre declaración del año 2006 como Año de la Memoria Histórica; la ley 43/1998, de 15 de diciembre, de Restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados; y la propia Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura.
En el Pleno de mañana, CC-PNC y PSOE explicarán cómo en estas leyes se posibilita la devolución de los bienes y derechos de contenido patrimonial incautados por la aplicación del Decreto nº108, de 13 de septiembre de 1936; la Ley de Responsabilidades Políticas, de 9 de febrero de 1939; y las demás normas "ad hoc" sobre dicha materia, a todos los que fueron titulares o beneficiarios de esos bienes y derechos, o en su defecto, la compensación que proceda.
Entienden ambas formaciones políticas que la citada pretensión de la masonería española (es decir, la reconstitución de lo incautado) está jurídicamente fundamentada y justificada, "sin embargo, estas resoluciones no han reconstituido los bienes y derechos incautados a las logias masónicas, lo cual determina un cierto grado de indefensión, menoscabo u olvido de situaciones jurídicamente indeseables y reparables por el estado democrático".
En la propuesta que se presentará se hace constar que la tolerancia de las vecinas y vecinos de Santa Cruz ha sido una premisa fundamental desde su fundación, lo que permitió, entre otros aspectos, albergar a logias masónicas en la misma manzana que iglesias católicas. "En una España, aún sin libertades, tuvo en su callejero urbano ejemplos del respecto a las personas, a la diversidad de ideas y a culturas diferentes".
Se detalla, también, cómo en 1899 se construyó un templo masónico de excepcionales características arquitectónicas, "que funcionó como una verdadera obra humana, conjugando el espíritu liberal y abierto de esta ciudad atlántica hasta su incautación el 18 de julio de 1936".
Por último, hace mención a los políticos, notarios, médicos, sastres, periodistas o militares que construyeron juntos los cimientos de una capital "en donde la actividad de la masonería fue uno de sus valores más importantes durante décadas. Una labor a lo largo del tiempo que permitió numerosas obras filantrópicas, como la formación de las clases más humildes, con la creación de la primera institución de libre enseñanza, o el socorro en momentos de extrema necesidad a personas que la sociedad había dejado en desamparo".