Los principales medios de comunicación españoles niegan al ciudadano la verdad y ocultan sistemáticamente noticias que afectan gravemente al poder político. Hay dos informaciones recientes, de extrema gravedad, que han sido ocultadas por los medios: la primera es una condena por acoso y violación de derechos humanos al Reino de España, por parte de la ONU, y la segunda es una denuncia presentada en la Fiscalía General del Estado que pide la ilegalización del PSOE por torturas, corrupción y otras ilegalidades.
La mentira de los medios y la complicidad con el poder es uno de los síntomas más evidentes de que la España actual se parece más a una vulgar dictadura que a una democracia auténtica. Pero hay otros muchos que abonan esa tesis: desigualdad, corrupción, arbitrariedad en las administraciones públicas, abuso de poder, amiguismo, clientelismo, nepotismo, enchufismo, despilfarro, poder desmedido de los partidos políticvos y un largo y siniestro etcétera.
La denuncia que pide la ilegalización del PSOE, de obligada lectura para todo español demócrata y decente, es un compendio aterrador de las cloacas del PSOE y de una corrupción que campea, ya sin control, por las administraciones públicas españolas.
El derecho ciudadano a ser informado de manera veraz e independiente es fundamental en democracia porque poseer información correcta es vital para discernir y tomar decisiones. En España, ese derecho es violado de manera descarada y reiterada por un contubernio gobierno-medios que oculta la verdad, censura, desinforma y genera confusión, permitiéndo al poder eludir sus responsabilidades y disfrazas sus errores y arbitrariedades.
Si los medios españoles informaran con veracidad de la verdadera situación de la economía, de la corrupción y de los manejos y arbitrariedades del poder, los ciudadanos, asqueados, saldrían a las calles para reclamar decencia, la convivencia se haría imposible y el país entraría en colapso.