A 14 y 130 kilómetros de la península ibérica, respectivamente, Ceuta y Melilla son exclaves españoles bordeados por el Mediterráneo y Marruecos. Únicos territorios no insulares en el continente africano pertenecientes a la Unión Europea, sus controvertidas vallas se han convertido en el paradigma de la seguridad fronteriza: sus fronteras se consideran las más protegidas de Europa.
Si bien son los intentos colectivos por saltar sus fortalezas metálicas los que suelen atraer con frecuencia la atención de los medios internacionales, en su interior estas ciudades autónomas presentan una realidad tan particular como inquietante. Su singularidad geográfica ha favorecido la constitución de un carácter excepcional en los ámbitos político, militar, jurídico, fiscal, económico, institucional y social, lo que ha propiciado un complejo equilibrio con el que se ha tratado de preservar la viabilidad en todos ellos.
No obstante, este equilibrio se presume cada vez más frágil ante las tendencias que marcan el presente: la segurización de sus fronteras hasta traspasar los límites de la legalidad internacional, la debilidad de una economía dependiente del contrabando, el creciente peso demográfico de la comunidad musulmana, la precariedad y marginación de una parte de su población o la radicalización islamista son desafíos susceptibles de alterar la realidad en ambos exclaves en los próximos años.
¿Por qué no se consideran colonias?
Dependientes económicamente y carentes del peso estratégico del que otrora disfrutaron, Ceuta y Melilla siguen poseyendo buena parte de su prestigio histórico y simbólico, particularmente entre las filas del ejército español, sin cuya presencia no se entiende su Historia. Es por ello por lo que la soberanía de ambas ciudades es un asunto innegociable para Madrid, que las considera parte de su integridad territorial, al igual que las islas Canarias y otras plazas menores que aún conserva frente a las costas marroquíes: las islas Chafarinas y Alhucemas y el peñón de Vélez de la Gomera.
Ceuta y Melilla —de 19 y 12 km², respectivamente— pertenecen a España desde el siglo XVII en el primer caso y el siglo XV en el segundo. La primera fue conquistada por Portugal en 1415 para convertirse en parte de la Unión Ibérica con España en 1580. Al término de esta, en 1640, permaneció bajo el dominio español y así ha seguido hasta nuestros días. Por su parte, Melilla fue conquistada por Castilla en 1497. Las razones que motivaron la adquisición de estas dos plazas mayores al sur del Mediterráneo tuvieron que ver con la influencia marítima en el estratégico estrecho de Gibraltar y el refuerzo de la seguridad marítima ante la incisiva piratería. Desde entonces, Ceuta y Melilla vivieron prácticamente de espaldas al resto del continente africano y estuvieron habitadas principalmente por militares y presidiarios desterrados fuera de los confines de la Península. Esta tendencia se mantuvo en buena medida hasta el último tercio del siglo XIX, cuando ambas ciudades adquirieron el estatus de puerto franco, lo que favoreció el comercio, y se derogó la prohibición de residencia a ciudadanos de origen magrebí.
Para ampliar: “Los herederos de Sandokán”, Diego Mourelle en El Orden Mundial, 2017
En los tiempos del protectorado español en el norte de África (1912-1956), estas dos ciudades quedaron excluidas y siguieron su vinculación con la Península, por lo que a su conclusión España no cedió su soberanía al recién independizado Estado de Marruecos. Tras la dictadura de Franco —que se hizo con el poder tras una guerra civil que tuvo como punto de partida la sublevación militar iniciada en Melilla—, ambas ciudades quedaron configuradas como municipios andaluces. No obstante, se les reservó el derecho de convertirse en entidades autónomas cuando así lo decidiesen sus Ayuntamientos. Por ello, desde 1995 tienen el estatus de “ciudades autónomas”, una suerte de híbrido jurídico cuyas competencias son muy inferiores a las de una comunidad autónoma —por ejemplo, no tienen capacidad legislativa ni la gestión de la sanidad o la educación—, pero mayores que las de un municipio.
Por su parte, el reino de Marruecos ha reivindicado desde su independencia como Estado la marroquinidad de estas ciudades, inspirado por la tesis irredentista del Gran Marruecos, que cobró fuerza durante los años sesenta y setenta. Incluso solicitó formalmente a la ONU su devolución con ocasión de la adquisición del estatus de ciudades autónomas. Sin embargo, la posición de España ha sido inamovible y ha estado respaldada por el Derecho internacional: Naciones Unidas no ha incluido estos enclaves africanos en la lista de territorios pendientes de descolonización, puesto que ambas plazas han sido españolas de manera ininterrumpida desde siglos antes de que Marruecos existiera como entidad política e incluso antes de que se estableciera la actual dinastía alauí en 1631.
Para los intereses españoles, este hecho constituye un espaldarazo determinante que cobra todavía mayor relevancia si se considera que tanto Gibraltar —perteneciente a Reino Unido— como el Sáhara Occidental —perteneciente de iure a España, pero ocupado por Marruecos— sí están incluidos como territorios por descolonizar. Esta comparación no es baladí: en aras de defender su legitimidad sobre sus respectivos territorios, tanto desde Marruecos como desde Reino Unido se ha intentado trazar un paralelismo con las posesiones españolas e incluso se ha tratado de vincular la hipotética desocupación de sus territorios a la de Ceuta y Melilla.
Para ampliar: “La hermandad de los asuntos pendientes: España y las reivindicaciones territoriales de Marruecos”, Pablo Moral en El Orden Mundial, 2014
Las vallas de Europa
Con la adhesión de España a las Comunidades Europeas en 1986, Ceuta y Melilla se convirtieron en los únicos territorios de la posterior Unión Europea sobre suelo africano. No obstante, sus peculiaridades geográficas se han traducido en anomalías jurídicas, dado que ambas ciudades están fuera del régimen arancelario de la Unión y, aunque formalmente forman parte del espacio Schengen, este no se aplica en su totalidad, ya que se realizan controles fronterizos al salir de estos exclaves hacia el resto de España. Además, estos territorios quedan en principio fuera de la cobertura de la OTAN.
La entrada de Ceuta y Melilla a la UE primero y a Schengen después tuvo el efecto de, por un lado, acercar estas ciudades al continente europeo y ser reconocidas por Bruselas como territorios especiales, pero por otro, significativamente, conllevó un refuerzo de la seguridad de una frontera cuya impenetrabilidad ha ido aumentando hasta hoy. Actualmente existen dos vallas consecutivas en el caso de Ceuta y tres en Melilla, de hasta seis metros de altura, reforzadas con concertinas —a pesar de que el actual Gobierno español se ha comprometido a retirarlas—, sofisticados sistemas de vigilancia y un nada desdeñable despliegue de personal de seguridad a ambos lados de la frontera. Marruecos, desde una de las grandes crisis de intentos masivos de saltar las vallas en 2005, también protege dos fronteras que, paradójicamente, no reconoce como legítimas.
Para ampliar: “La frontera sur de Melilla con Marruecos”, Antonio Alonso y Rodrigo Silva en El País, 2016
La segurización fronteriza ceutí y melillense resulta un ejemplo paradigmático de la llamada Fortaleza Europa, consistente en la libertad de movimiento en el interior del continente a costa de un inexpugnable control fronterizo. En Ceuta y Melilla, además, varias ONG y otras instituciones internacionales, como el Consejo de Europa, han denunciado violaciones de derechos humanos y otras prácticas en materia migratoria que van en contra de la legalidad internacional. Las devoluciones en caliente, por las que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Gobierno en 2017, siguen siendo frecuentes en unos exclaves donde resulta prácticamente imposible solicitar protección internacional. Además, los pocos que logran saltar la valla y acceder a territorio europeo son destinados a centros de acogida temporales en cuyo interior a menudo quedan hacinados y atrapados a la espera de que les otorguen la autorización para ser trasladados al territorio peninsular.
Aun así, los intentos no cesan y en ocasiones se producen de forma masiva, con varios cientos de migrantes tratando de burlar al mismo tiempo el complejo entramado de seguridad, como ocurrió en el verano de 2018. Solo en la primera mitad de ese año la cifra de inmigrantes irregulares que accedieron a Ceuta y Melilla superó los 4.000, si bien solo una mínima parte de los que intentan saltar logra acceder a los exclaves europeos.
Bazas geopolíticas en las relaciones hispano-marroquíes
Otra de las peculiaridades que guardan estos dos exclaves españoles es que son escollos diplomáticos en las relaciones entre España y Marruecos, dos países que se necesitan mutuamente en los ámbitos de la seguridad y el control de la inmigración —en el caso de España— y en el económico —en el caso de Marruecos—. A pesar de que la cordialidad suele imperar ante las discrepancias, Ceuta y Melilla acostumbran a ser dos piezas que el reino alauí arroja sobre el tablero de la diplomacia bilateral siempre que la partida atraviesa una situación delicada para sus intereses.
La reivindicación de su soberanía por parte de Rabat suele mantener un perfil bajo, pero es susceptible de adquirir dimensiones más relevantes y ser el motivo central de contenciosos diplomáticos, como sucedió en la década de los 2000. A inicios de siglo, el Gobierno español de José María Aznar se mostró más proclive al derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental y más crítico con la gestión de la inmigración de su vecino del sur, al que tanto España como la UE utilizan como barrera de contención de la inmigración subsahariana. El resultado fue la mayor crisis diplomática bilateral desde que Mohamed VI llegara al trono en 1999. La retirada del embajador marroquí de Madrid; la ocupación por varios gendarmes marroquíes de la isla Perejil, frente a las cosas norafricanas —que motivó la intervención del Ejército español—, y la denuncia de la ocupación española de Ceuta y Melilla por parte del rey alauí se sucedieron en los siguientes meses.
Para ampliar: “España y Marruecos, una relación envenenada que no interesa romper”, Carmen Campos en RTVE, 2010
A pesar de que la cordialidad se reinstauró a partir de 2004 con la llegada del nuevo Gobierno socialista a Madrid, la primera y única visita en 2007 de los entonces reyes de España a Ceuta y Melilla —que además coincidió con el aniversario de la Marcha Verde, mediante la que Marruecos ocupó el Sáhara Occidental en 1975— volvió a desatar el agravio marroquí. Su Gobierno volvió a llamar a consultas a su embajador en España y el rey marroquí volvió a reivindicar, por última vez hasta la actualidad, la soberanía sobre las dos ciudades. Desde entonces, ni el rey emérito español ni su sucesor han vuelto a pisar los enclaves norafricanos; de hecho, son las únicas autonomías españolas que Felipe VI no ha visitado desde su coronación en 2014.
Una transición problemática
Tras los rifirrafes, la cuestión que subyace es la interdependencia no solo entre ambos países, sino entre los exclaves españoles y las regiones marroquíes contiguas. El negocio del contrabando —llamado eufemísticamente por España “comercio atípico”— es uno de los principales sustentos económicos tanto de los exclaves como de las deprimidas regiones marroquíes limítrofes, particularmente en el caso de Melilla. A pesar de su carácter ilícito, esta actividad es tolerada e incluso fomentada por las autoridades de ambos países. De hecho, a los ciudadanos nacidos en las provincias marroquíes de Nador y Tetuán no se les requiere visado para entrar en los exclaves españoles. Además, se ve favorecido tanto por privilegios fiscales —por ejemplo, existe un tributo distinto al impuesto sobre el valor añadido presente en la Península— como arancelarios —son puertos francos que no forman parte de la Unión aduanera—. Aunque no hay datos oficiales, se calcula que esta actividad genera más de mil millones de euros anuales.
Tradicionalmente, el día a día en la frontera ha estado marcado por las colas de miles de porteadores marroquíes, mayoritariamente mujeres, que cargan con bultos con productos de todo tipo para introducirlos irregularmente y revenderlos en su país. En ocasiones, este proceso, de flagrante precariedad, ha generado tumultos que se han saldado con víctimas mortales. Hasta que se limitó la entrada a 4.000 porteadores al día en Ceuta, decenas de miles solían transitarla diariamente; en Melilla, hasta 30.000. No obstante, la realidad ha cambiado drásticamente en el caso melillense: en agosto de 2018 el Gobierno marroquí decidió unilateralmente cerrar la aduana comercial establecida en 1956 de mutuo acuerdo —a diferencia de en Ceuta, donde Marruecos no ha reconocido aduana alguna—. En consecuencia, se ha producido una interrupción súbita tanto del comercio legal como del atípico con la ciudad española, una maniobra con la que el reino alauí espera favorecer su proyecto comercial en el puerto de Nador. La medida, lógicamente, ha perjudicado a comerciantes a un lado y a otro de la frontera, con consecuencias nefastas para la economía del exclave español.
La decisión marroquí ha servido para poner de manifiesto la vulnerabilidad de la economía melillense y ha reabierto el debate sobre la viabilidad socioeconómica de los exclaves, cimentada, además de en el comercio, en los subsidios estatales y las exenciones fiscales. Ceuta y Melilla son las autonomías españolas con mayor índice de desempleo —con un 30% y 24% en 2018, respectivamente, también están entre las últimas posiciones en la UE— y más de la mitad de los que trabajan son empleados públicos. Si solo tuviésemos en cuenta el desempleo juvenil, la cifra sobrepasa el 60% en Melilla y el 50% en Ceuta. Ante las desalentadoras perspectivas económicas que acarrea un previsible futuro sin contrabando, una de las alternativas que está cobrando mayor vigor es la atracción de empresas de base tecnológica y servicios en línea, entre las que se incluyen aquellas dedicadas al controvertido juego online. En el caso de Melilla, su Gobierno ya ha aprobado una drástica reducción impositiva a su actividad, del 25% al 0,5%, que se suma al 50% de bonificación existente para ambos exclaves en los impuestos de la renta, sociedades y seguridad social. En definitiva, la deriva parece avanzar hacia el modelo de Gibraltar, lo que implicaría tener que competir con el istmo, considerado un paraíso fiscal.
Pero no solo la economía presenta un futuro incierto. La convivencia social y la estabilidad política pueden alterarse sustancialmente en las próximas décadas debido al creciente peso demográfico de la población musulmana. De hecho, ya es mayoría en Melilla y se aproxima paulatinamente a la mitad en Ceuta. La inmensa mayoría de estos musulmanes son españoles de origen o ascendencia marroquí, favorecidos en buena medida por la concesión de la nacionalidad a los residentes marroquíes en los exclaves en 1986. Ambos porcentajes tenderán a incrementarse en el futuro, puesto que este sector de la sociedad es el motor de crecimiento poblacional de estas autonomías, que cuentan con las mayores tasas de población joven, natalidad, nupcialidad y crecimiento vegetativo de toda España. El incremento de la población, además, no tiene demasiada cabida en la limitada economía local, lo cual es un desafío para la sostenibilidad y la estabilidad de las ciudades autónomas.
Junto a ello, también es de esperar que la población de origen marroquí incremente su hasta ahora marginal peso político en detrimento de sus conciudadanos de origen peninsular, que contemplan el avance con cierto recelo. Entre ambas comunidades, el patrón hasta el momento ha sido de coexistencia más que de convivencia, con una marcada segregación espacial y social, como muestran los escasos matrimonios mixtos y los peores indicadores en los ámbitos socioeconómicos por parte de los musulmanes: la mayoría reside en barrios más marginales, sufre unos mayores fracaso escolar y mayor desempleo y ocupa puestos más precarios. Esta situación se agrava entre los más jóvenes, lo que ha propiciado la gestación de un sentimiento de desafección que constituye un caldo de cultivo idóneo para su radicalización violenta. No en vano, Ceuta y Melilla han sido las ciudades donde se han detectado más incidentes de actividad yihadista en España en los últimos años.
En definitiva, las tendencias actuales nos permiten presagiar un cambio en la identidad política, económica y social de estas ciudades autónomas a medio y largo plazo. Los próximos lustros seguramente serán cruciales en su devenir. En manos de los dirigentes en Ceuta, Melilla y Madrid estará la responsabilidad de hacer apacible esta previsible transición. Al igual que ya se buscan modelos económicos alternativos, también se ha de incidir en modelos de convivencia más efectivos que promuevan la disminución de una doble brecha social, política y económica: la que arraiga tanto entre sus ciudadanos como entre estas autonomías y el resto de España.
Ceuta y Melilla, la excepción española fue publicado en El Orden Mundial - EOM.
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