Chile "Si no hay Justicia..."

Esta vez la justicia llegó por la vía de un organismo internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) oficializó la demanda de la jueza Karen Atala, a quien la Corte Suprema de Chile quitara en 2004 la custodia de sus hijas, debido a su orientación sexual. En el año 2003, Jaime López, su ex esposo, presentó una demanda ante los Tribunales de Justicia por la tuición de sus hijas menores de edad, argumentando que las niñas no debían estar al cuidado de una madre lesbiana y su pareja. Sin negar su orientación sexual, Karen se defendió ante la justicia y logró que en sentencias de primera y segunda instancia se le reconociera el derecho al cuidado y custodia de las menores.
Frente a estos veredictos, el padre de las menores interpuso una queja ante la Corte Suprema de Chile. El máximo tribunal revocó los fallos anteriores argumentando que la convivencia de las niñas con la pareja de mujeres podría afectar negativamente su bienestar y desarrollo psíquico y emocional debido a una supuesta confusión en los roles sexuales de Atala y su compañera. La Corte Suprema señaló también que este tipo de convivencia ponía a las menores en una situación de vulnerabilidad social, al exponerlas al aislamiento y discriminación en su entorno por la orientación sexual de su madre, comprometiendo así su desarrollo.
Al conocer este fallo, la jueza Atala demandó al Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia internacional que busca garantizar el respeto a las normativas fundamentales. La Comisión empezó a investigar el caso a mediados de 2008 y en abril de 2010 presentó el informe final de la indagación donde señala que “la señora Karen Atala no fue escuchada con las debidas garantías en el proceso de custodia de sus hijas, en particular, no contó con la garantía de imparcialidad y, en suma, le fue negado el acceso efectivo a la justicia”. En el documento, el órgano de la OEA recomendó al Estado implementar políticas contra la discriminación de género y adelantar un trabajo con los poderes del Estado para encontrar una solución a esta situación.

El pasado 17 de septiembre, la CIDH oficializó la presentación de la demanda en contra del Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y publicó un comunicado informando que Chile no había cumplido con las recomendaciones de la Comisión.

Con el caso de Karen Atala, Chile se expone a una nueva sentencia del Tribunal Interamericano en su contra, que se sumaría a otras cuatro dictadas con anterioridad. La mayoría de estos fallos se han traducido en modificaciones legales destinados a cumplir con el veredicto de la Corte.

Con la demanda, Atala busca también que la legislación reconozca explícitamente el derecho de las lesbianas a criar a sus propios hijos y a formar familias. Sin embargo, ya se percibe un escenario adverso para estas modificaciones. La Corte Suprema se retiró de la mesa de trabajo convocada por el Gobierno para discutir la respuesta del Estado chileno a las recomendaciones de la Comisión. Esta señal negativa reaviva el debate sobre la garantía los derechos fundamentales de ciudadanas y ciudadanos chilenos.
Más allá de la respuesta que dé el Estado chileno a la demanda, la resolución de la Comisión es de gran importancia para la región, incluso para Estados Unidos y Canadá, ya que es la primera vez que se determina que discriminar a una persona con base en su orientación sexual viola el marco de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Para profundizar sobre esta materia, el CLAM entrevistó a Érika Montecinos, directora de Rompiendo el Silencio, la primera revista para lesbianas de Chile.
¿Qué está en juego con esta demanda internacional?
Lo que se está vulnerando aquí es, principalmente, el derecho a ser, a vivir como se nos da la gana y a decidir con quien nos relacionamos social y afectivamente. En nombre de un conservadurismo extremo y con la sospechosa intención de “velar por los intereses superiores del niño”, en Chile se cometió la aberración de separar a una mujer de sus hijas basándose en estereotipos y prejuicios. Ante esta situación, el Estado se hizo cómplice de esta vulneración de derechos con su silencio (el ex presidente Lagos decía en ese tiempo “que era un decisión judicial”, al igual que la presidenta Bachelet) o con su inamovilidad, lo que sitúa a nuestro país en la lista de los más atrasados en materia de legislación a favor de lesbianas, gays y trans.
Hay que presionar al Estado chileno para que se haga responsable por sus discriminaciones y sus atropellos a los derechos humanos, eso es algo que ha estado invisibilizado en los discursos de este Estado moderno. Lo que menos le importa a la jueza Atala, a quien hemos entrevistado en nuestro medio de comunicación, es la compensación monetaria. Ella desea que en Chile no se le vuelva a quitar la tuición de sus hijos o hijas a un padre o madre homosexual.
Atala y su compañera declararon que su interés es que la legislación reconozca explícitamente el derecho de las mujeres lesbianas a criar a sus hijos y a formar familia. ¿Cómo evalúa el actual escenario político y judicial al respecto?
A Chile todavía le falta mucho para reconocer estos derechos. Existen muchos prejuicios no sólo frente a las lesbianas y los gays, sino también respecto a grupos indígenas como los Mapuche. Éste es un país racista al que le cuesta trabajo reconocer la existencia de familias diversas que no responden a un “deber ser” católico y apostólico. Sin embargo, los chilenos y chilenas estamos acostumbrados a los dobles discursos, cubrimos nuestros ojos ante esas realidades y actuamos como si en este país no existieran.
Considero que el actual escenario político para el reconocimiento de derechos es complejo. El gobierno de Piñera afirma que está haciendo todo lo posible para cumplir los requerimientos de la CIDH, pero la Comisión ha señalado que las acciones implementadas han sido insuficientes, y lo son. Las autoridades no reflexionan sobre estos temas ni están interesadas en comprender que un Estado no puede diferenciar a las personas para decidir quiénes pueden acceder a ciertos derechos y quiénes no. Mientras no se reflexione al respecto creo que seguiremos presos por las trampas de estas estructuras que no nos permiten avanzar hacia una sociedad mejor.
¡Y qué decir a nivel judicial! Las leyes chilenas son del siglo pasado y muy arregladas, así como es la cultura chilena; se proponen soluciones rápidas para salir del paso y la situación continúa igual. El poder judicial debe dejar de lado los prejuicios en los que se basa para formular sus leyes; de hecho, debe jubilar a aquellos funcionarios que no le hacen ningún bien a este poder.
Como respuesta a la demanda, el gobierno afirmó que va a acelerar la discusión del proyecto de ley de no discriminación, que aguarda en el Senado desde hace 6 años. ¿Cuáles son sus expectativas al respecto? Si no avanza esta iniciativa, ¿cuál cree que es el camino a seguir?
En primer lugar, ese proyecto de ley no cuenta con todo el respaldo de las organizaciones sociales y el movimiento LGBT en general, que existe pero no se ve. Es necesario discutir algunas cuestiones que están ausentes y que deberían estar allí; porque, de nuevo, esta es una solución rápida. Ahora, no sé cómo hará el gobierno para alcanzar este cometido cuando los partidos políticos que lo conforman hicieron en el pasado un acuerdo con las iglesias evangélicas para no aprobar este proyecto. No sé si la visión un poco más liberal de la derecha se logre imponer al conservadurismo de la UDI (Unión Demócrata Independiente) y a sus sectas del Opus Dei. Las lesbianas, los gays y las personas trans no existimos para este Estado, y con las últimas informaciones nos hemos dado cuenta de que la presión internacional es mucho más efectiva que cualquier otro recurso.
¿Qué impacto ha tenido la decisión de la CIDH en el movimiento LGBT y la sociedad chilena?
Quienes conocen el tema consideran que el impacto ha sido histórico. Sin embargo, no toda la sociedad está conciente de este caso, o no quiere estarlo, porque se ve cuestionada frente a la idea que tiene de lo que debe ser una familia tradicional y porque la decisión de la Comisión visibiliza a aquellas familias que han sido negadas por la sociedad. Pese al impacto mediático que ha tenido este caso creo que aún falta mucho por recorrer; todavía no veo que las personas respeten de verdad la diversidad. Aún están presentes los prejuicios y los estigmas que ubican a Chile como el país más conservador de América Latina.
El juicio ante la Corte puede tardar incluso dos años antes de conocerse una sentencia vinculante que obligue al Estado chileno a adoptar medidas en materia de legislación, políticas públicas y programas para erradicar la discriminación sexual. ¿Cuáles son sus proyecciones respecto al resultado final del juicio?
Tengo la esperanza de que el fallo de la Corte genere un fuerte remezón, que cuestione nuestra cultura discriminadora. Pero puede ocurrir, como siempre, que todo quede en el camino. Sin embargo, creo que el fallo tendrá un gran impacto porque la Corte no es un ente cualquiera, y la condena internacional nos mostrará como un país que no respeta los derechos humanos. El fallo implicará doblarle la mano al Estado y darle donde más le duele: en la imagen internacional. A todos los políticos les encanta aparentar que acá no pasa nada, que Chile es un país feliz, rico económicamente, y ocultan un alto nivel de racismo y xenofobia y un doble discurso típico de los chilenos o chilenas. Tengo fe en que este fallo sacuda las conciencias de la gente. Ojalá los medios de comunicación, pese a que están controlados por el Estado, mantengan la vigencia de esta noticia por más tiempo; aunque bien sabemos cómo estos temas se diluyen con el tiempo como una estela que pasa por el cielo.
Fuente: Clam