La Asociación El Defensor del Paciente ha solicitado la retirada de la venta del cigarrillo electrónico por “engañoso, caro y no exento de riesgo para el que lo compra, de hecho los propios neumólogos se han pronunciado desaconsejándolo para dejar de fumar pues sun eficacia ‘está muy lejos de ser demostrada’”.
Carmen Flores, presidenta de esta asociación, se ha mostrado estos días a favor de la prohibición total del tabaco, de su ilegalización, vaya, pues asegura que es un producto tóxico y como tal la Adminsitración debería combatirlo. Esta ley le parece hipócrita, un parche pero no una solución:
“El cigarrillo electrónico parece un fraude de tantos que se producirán y que Vds. ‘inventores’ de la desastrosa ley del tabaco han propiciado”, le dice al gobierno. “En el caso de querer hacer algo efectivo valoren la gratuidad de los tratamientos ya contrastados como eficaces. Esperamos tomen en consideración esta petición para no posibilitar que el inventor de este cigarrillo se haga millonario a costa de los que piensan que les va a ser beneficioso”.
Los remedios para dejar de fumar, como la dichosa vacuna, parecen más peligrosos que el propio tabaco. Esta asociación ya pidió hace años a Sanidad que retire Zyntabac el medicamento de GlaxoSmithKline contra el tabaquismo. Empleado para dejar de fumar, la propia Administración sanitaria reconoce que produce convulsiones en “aproximadamente 1 de cada 1.000 pacientes”. Su fabricante admite que no sabe exactamente cómo funciona el fármaco -en el prospecto lo indica bien claro- y ha reconocido la muerte de 35 personas relacionadas con la ingesta del producto. La Agencia del Medicamento británica aumentó la cifra de fallecidos hasta 57. ¿Qué controles ha seguido el preparado para pueda adquirirse en las farmacias si el propio laboratorio desconoce su funcionamiento?
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