El coronavirus ha creado un monstruo de noticias falsas jamás visto hasta ahora, reconocía en una reciente entrevista una experta internacional en verificación. Los periodistas ya estamos sometidos a las leyes civiles y penales en el caso de que nuestras informaciones traspasen los límites que consagra el artículo 20 de la Constitución Española. La polémica sexta pregunta en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en plena pandemia de Covid-19, ha sonado para muchos como una especie de globo sonda. Hasta hoy, parecía una cuestión consensuada que la libertad de opinión e información es un pilar firme en toda sociedad democrática. Un portavoz de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo aseguraba, y lo hacía taxativamente, que “la preservación de la salud colectiva puede justificar el sacrificio de otros derechos, pero no el de la libertad de expresión”. Es evidente que todo intento de cercenar este derecho constituye una medida autoritaria, a la vez que antidemocrática, en un flagrante intento por silenciar la crítica, la disidencia y la discrepancia frente al poder.
Hay jueces que estos días se han pronunciado en el sentido de que para controlar cualquier tipo de desmanes ya están los códigos civil y penal, mecanismos ambos más que suficientes para acabar con los bulos e informaciones falsas a las que se alude en el enunciado del cuestionario del CIS. La información nunca debe ser un monopolio de cualquier Gobierno, una voz única y oficial que para nada nos garantizará que ello se corresponda con la veracidad absoluta. Limitar la libertad de expresión o, lo que es tan pernicioso como esto, establecer una censura previa, supondría retrotraernos a épocas cavernarias que parecía que estaban felizmente superadas en nuestro país.
Volviendo a la pregunta del CIS, por cierto, “mal redactada, mal formulada y claramente manipuladora”, como la calificaba oportunamente en un certero artículo Álex Grijelmo, “¿cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener la libertad total para la difusión de noticias e informaciones?”. La respuesta, en román paladino, no debería dejar lugar a dudas: sería algo así como ni hablar del peluquín. Sin embargo, conviene no obviar que casi un 68% de los encuestados, quizá anteponiendo seguridad a libertad, se mostraban partidarios de ejercer algún tipo de control. “La libertad ni se divide ni se restringe, pero es inquietante que tanta gente diga lo contrario”, declaró a posteriori en una radio el presidente del CIS, José Félix Tezanos.
La catarata irrefrenable que muchas veces supone lo que se vierte por las redes sociales no se puede equiparar con lo que publican los medios de comunicación. Comparar una cosa con la otra es sencillamente inconcebible. Como también lo es que del seno del Ejecutivo de un país occidental y democrático surjan semejantes tentaciones totalitarias, así como que en el mismo tengan hueco gentes que suelen dirigir su mirada cómplice, con temeraria asiduidad, hacia sociedades donde el oscurantismo informativo campa por sus respetos.
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