Ciudadanos ha roto en el Pleno del Senado de este miércoles con ayuda del PP la grave contaminación a la que sometieron los políticos a la justicia desde 1985: ha resucitado a Montesquieu para devolverle al poder judicial su independencia.
La había perdido al anular la división de poderes de Montesquieu, consagrada en la Constitución, que con la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), se le entregó al legislativo, pero sobre todo al ejecutivo.
Fue cuando Alfonso Guerra, segundo de Felipe González en el Gobierno y en el PSOE, dijo que “Montesquieu ha muerto”.
Desde entonces los 21 miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) eran nombrados por los políticos con cuotas según la influencia de los partidos.
La LOPJ se había elaborado interpretando maliciosamente el artículo constitucional 122.3, que dice:
“El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”.
Como debe entenderse, señala que una LOPJ establecerá cómo elegirán los jueces a sus doce representantes, no que lo hicieran los políticos utilizando esa ley.
El escándalo de los últimos repartos del CGPJ ha obligado el PP a apoyar a Ciudadanos y al PSOE a abstenerse.
El resto de los partidos se opusieron: temen a los jueces.
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