¿clausuraremos la alcaldia?

 Las instituciones públicas son entidades, mecanismos estructurados creadas por un Estado para permitir que los ciudadanos puedan organizar sus relaciones sociales de forma legal, de tal manera que ésta pueda desarrollar la vida armónica de sus integrantes.
En la sociedad actual estamos pasando por un proceso de crisis que ha tenido como efecto, el cuestionamiento de las instituciones, y que en vez de resultar una solución a las contradicciones propias sociales, han derivado en un obstáculo para la solución pacífica de las crisis coyunturales y estructurales de nuestra sociedad. 
En el día de hoy se dice que hay una crisis de valores éticos y morales, que cada día los ciudadanos se sienten menos protegidos por el Estado y que las instituciones son cada día más ineficientes frente a las exigencias sociales, políticas y económicas de la población. 
Hoy, los venezolanos se han visto afectados en su vida cotidiana por esta incapacidad del Estado en dar respuesta a situaciones que tienen que ver directamente con los derechos fundamentales del individuo y de la sociedad. Estas situaciones tienen que ver con el derecho a la alimentación por lo elevado de los precios de los productos, a la escasez de productos de la dieta básica, entre otros. 
Otro elemento tiene que ver con el acceso a los servicios (luz, agua, transporte) y el costo que estos tienen frente a la poca capacidad adquisitiva del ciudadano común. En ese sentido los tocuyanos estamos pasando por una situación que ha roto el borde que divide la vida social ordenada con el desbarajuste, anarquía legal y la ineficiencia burocrática del Estado. 
Hoy un tocuyano para comprar una Harina debe estar haciendo cacería cual león hambriento en la sabana africana, si decide ir por el lado fácil, solo le basta pagar hasta 3 veces más el valor del producto en cualquier buhonero que se consigue en la avenida. Si va a una Carnicería compra la carne de 28 Bs/Kg a 75 ó 80 Bs/kg. 
Si decide montarse en un transporte para ir a Barquisimeto, Quibor, Guarico o los Humocaros, el precio regulado es de 20 Bs y lo colocan a 30 Bs y si es 40 Bs los ciudadanos lo pagan a 50 Bs. Los tocuyanos hemos aprendido a vivir en un constante toque de queda, es decir, se nos está prohibido, en la mayoría de los casos, salir antes de las 6 Am o después de las 7 pm, so pena de ser atracados por cualquier delincuente drogado que quiera resolver sus problemas financieros con nuestros bolsillos. Y si uno conoce quien lo atraca, igual debes morir callado porque corres el riesgo de que mañana se ensañen contra ti o tu familia. 
Los tocuyanos frente a esta situación han dejado de creer en las instituciones, y una de ellas, la Alcaldía, ha dejado de ser la solución a todo el problema estructural que vive el Estado. Hoy la Alcaldía es un estorbo, una piedra en el zapato, un obstáculo que es incapaz, aunque quisiera, de responder a los requerimientos básicos de los vecinos, de los parroquianos. 
Hoy, es un demás ir a la Alcaldía a reclamar los problemas básicos de la población, nadie les hace caso y si algún funcionario quiere hacerlo bien, viene inmediatamente el zarpazo desde arriba para neutralizarlo, tal como ocurrió con la Coordinación Municipal del Indepabis, cuando el funcionario llegaba ante un chino vendiendo con sobreprecio y le salía que el chinito era familia del embajador, que si iba ante un conocido comerciante tocuyano a una inspectoría de su negocio, desde arriba le salían que este era de la Asociación Bolivariana de Comerciantes y que no podía ser “tocado”. 
El lomito de los negocios como el cemento, las cabillas y otros, son controlados por mafias ligadas al poder, las cuales son imposibles, de romper hasta que no haya un cambio en el poder municipal. Funcionarios municipales les dan los contratos a familiares o amigos sin ningún control externo, es más, hasta se dice que los puestos de buhoneros de la avenida son controlados por estas mafias que parasitan en la Alcaldía, personas con 4 ó 5 puestos colocan a familiares para que atiendan sus pequeños negocios. 
La verdad es que actualmente es imposible hacer una auditoría legal en los fondos públicos, el destino del poco dinero que queda por la abultada burocracia, es repartido en contratos sin licitación, el dinero que llega por vía Consejo Federal de Gobierno viene con contratistas asignados a dedo o, en menor caso, en cuotas de porcentaje que se diluyen en el camino. 
Frente a esta situación no queda otra solución que un cambio radical en la administración, visión y misión del poder público municipal. La burocracia se combate con buena administración, con objetivos claros, con reglas visibles al ciudadano que pueda ejercer una verdadera contraloría social y que se sienta con PODER de que al hacer una crítica o sugerencia no será reprimido, acusado o aislado por el poder constituido.
 Si no se logra este cambio radical, entonces la institución no cumple con su función y pasará lo que está pasando actualmente, nadie “le para” a esto y es mejor CLAUSURAR ESTE NEGOCIO!!