Sobre la eventual reforma a la justicia: Pt. 6 - Lo que vino siendo (I)

7. Prolongación del periodo para Magistrados de 8 a 12 años.8. Modificación de elección del Registrador Nacional del Estado Civil (Congreso - concurso).9.  Modificacion del sistema de elección del auditor de la Contraloría General de la República (Senado - concurso).10. Modificación del sistema de elección del Procurador General de la Nación (Senado - concurso).11. Modificación del sistema de elección de magistrados de la Corte Constitucional (Senado -concurso).12. Modificación del sistema de elección del Fiscal General de la Nación (CSJ - concurso).13. Cambio de la dirección de la Rama Judicial del C. S. de la Judicatura a la Dirección de la Administración Judicial).14. Elección del (la) Director(a) de la Administración Judicial.15. Funciones del (la) Director(a) de la Administración Judicial. 16. Consagración del Colegio Nacional de Abogados como órgano de control disciplinario de abogados (no funcionarios).17.  Eliminación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (Art. 257A).18. Eliminación de las contralorías territoriales y centalización de sus funciones en cabea de Contraloría General.19. Atribución de funciones jurisdiccionales a abogados por un lapso máximo de 5 años.20. Desconcentración de la justicia, creación (nuevamente) de la jurisdicción comercial.21. Limitación de indemnizaciones a cargo del Estado (responsabilidad del Estado).

9. Desconcentración de la justicia, creación (nuevamente) de la jurisdicción comercial. (Cambio Radical)10. Limitación de indemnizaciones a cargo del Estado (responsabilidad del Estado). (Cambio Radical)

11. Se señala que la CSJ actuará como Tribunal de Casación y de unificación de jurisprudencia.  (Gobierno)
12. Inclusión de dos parágrafos para permitir la selección de decisiones para unificación de jurisprudencia por la CSJ, así como para incluir la obligación de suscribir las providencias, salvamentos y aclaraciones antes de darlas a conocer al público. (Gobierno)
13. Inclusión de dos parágrafos para permitir la selección de decisiones para unificación de jurisprudencia por el CE, así como para incluir la obligación de suscribir las providencias, salvamentos y aclaraciones antes de darlas a conocer al público. (Gobierno)
14. Inclusión de la obligación de suscribir las providencias, salvamentos y aclaraciones antes de darlas a conocer al público a cargo de la C. Const. (Gobierno)
15. Modificación del artículo que regula la ley de apropiaciones para garantizar incremento presupuestal a la justicia en mayor proporción a la prevista en el Plan Nacional de Desarrollo. (Gobierno)

Imagen tomada de: www.ramajudicial.gov.co
De las 15 propuestas, 3 de ellas son la misma, y podríamos entonces hablar realmente de 13 propuestas.  Dos de ellas fueron repetidas en los proyectos, así que podríamos hablar de 12 propuestas, y en el caso de la regulación de la tutela, se trata de un intento por modificar la misma institución, aunque se tratarían de cambios distintos.  A continuacion, entonces mi balance de estas propuestas:
* El tema de la inclusión del precedente como fuente formal de derecho es un tema estructural.  Colombia en sus primeros dos siglos de Historia ha venido siendo un país afiliado al modelo del derecho escrito, en donde lo que prima es la ley, y no las decisiones judiciales.  El cambio del precedente sigue llevándonos hacia el modelo del common law en el que se requiere que los jueces conozcan muy bien los precedentes judiciales de las altas cortes (cuestión que claramente no es el caso en la mayoría de juzgados).
* La limitación a la acción de tutela no debería ser por contenido.  Las autoridades judiciales han venido imponiendo una jurisprudencia según la cual todas las autoridades del Estado pueden vulnerar derechos fundamentales a excepción de ellos.  Las reglas de procedencia hacen prácticamente inviable que se tutele a un juez.  La limitación de presentar tutelas a nombre de otros, en cambio, tiene una intención noble (evitar tutelatones) dado que se ha prestado para un uso abusivo.
*  La obligación de organizar leyes desde el punto de vista temático es una gran idea, aunque en términos reales, para eso es que están los distintos códigos.  El problema es que la normatividad complementaria es tan copiosa, que cuando han intentado realizar decretos temáticos únicos, la numeración es supremamente enredada y en vez de ayudar a ayudar, implica cambiar un galimatías por otro.  En todo caso, la idea en sí misma, de poder contar con una implimentación funcional, sería beneficiosa para los ciudadanos, destinatarios de las normas.
*  La creación de un Colegio Nacional de Abogados para disciplinar abogados, es tan buena o mala idea como la del Consejo Superior de la Judicatura.  En el fondo, el problema no es cómo se llama el órgano, sino cómo lo integran y cómo desarrollan el procedimiento.  De la norma, lo más llamativo (y negativo) es que los superiores funcionales de los jueces serán los encargados de adelantar procedimientos disciplinarios contra sus subalternos.  Esto, por supuesto es una mala idea, porque es un incentivo perverso (aún más) a la lambonería.  La idea del Gobierno de crear una Comisión de Disciplina Judicial, al igual que la del Colegio Nacional de Abogados, es tan buena o mala como cualquier otra instancia.  El problema es quiénes estarían allí y cómo se manejaría.
*  La posibilidad de dotar a otros abogados de funciones jurisdiccionales es de las más osadas, pero también debatibles ideas que se plantearon.  El caso parte del presupuesto de que los jueces y magistrados, por muy superhombres o supermujeres que sean, siguen siendo tan abogados como el restado de profesionales del derecho.  En consecuencia un grupo de buenos abogados pueden ayudar activamente en la administración de justicia, especialmente en casos como el que nos ocupa, un escenario de paro judicial.  En mi opinión, la justicia sí debería poder delegar muchos asuntos en abogados investidos especialmente de jurisdicción.  No son ni más ni menos propensos a la estupidez ni a la corrupción que los jueces y magistrados actuales. 
*  La limitación a indemnizaciones a cargo del Estado me parece una idea sin ningún tipo de sentido.  Se trata del reconocimiento de que el Estado es tan irresponsable que está increíblemente endeudado como consecuencia de tantas demandas por las que resulta condenado.  El problema no es, entonces, la cantidad de dinero que se paga a quienes ganas la demandan (al menos, no siempre) sino que los verdaderos causantes de esos daños, nunca responden con su patrimonio por decisiones, operaciones o en general actuaciones que terminan generando condenas en contra del Estado.  Castigar a los demandantes por esto, es francamente ilógico, inconveniente y facilista.
* La idea de que los jueces y magistrados saquen las sentencias completas antes de que salgan a anunciarla a los medios a través de comunicados de prensa, es más que necesaria.  La notificación por comunicados debe desaparecer. Más que necesario esto, aunque realmente no se requiere un cambio constitucional para lograr esto.
*  Incluir la participación ciudadana después de las elecciones, me parece una tontería.  La ciudadanía (y no solo las ONG sino cualquier ciudadano) debe poder realizar una labor de verificación real antes de que los encargados elijan a cualquiera que ellos deseen.  Finalmente, las motivaciones de estas elecciones son preponderantemente políticas, y no funcionales.
*  La idea de permitirle al Consejo de Estado y a la Corte Suprema de Justicia seleccionar las sentencias que van a conocer para efectos de unificación de jurisprudencia, suena bien, en la medida en que se logre modificar la idea de una Corte de Casación (que como he anotado en entradas anteriores, no cumple con una verdadera función en materia de desarrollo de jurisprudencia).  El problema es que la selección de tutelas en sí misma genera un incentivo perverso que ya se ha visto operar en la Corte Constitucional, dado que lo que se selecciona viene a cotizarse más y más (recuerden el caso que llevó al Magistrado Pretelt a salir de la Corte Constitucional). La posibilidad de manipular lo seleccionado es sumamente elevada, y más aún si no se logra corregir la calidad ética de nuestros jueces y magistrados.
En la próxima entrada de esta serie, se analizará más en detalle el proyecto del Centro Democrático, para cerrar en la tercera entrada con lo que realmente fue aprobado en Primer Debate.