Colectiva Ile presentará un recurso de amparo colectivo para garantizar el derecho al aborto en SLP

En una rueda de prensa frente al Congreso del Estado de San Luis Potosí, miembros de la Colectiva Ile, una organización dedicada a la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres, discutieron los esfuerzos legales recientes para despenalizar la interrupción legal del embarazo (ILE) en el estado. Los representantes de la organización expresaron su determinación en cambiar la legislación actual que penaliza el aborto.

Andrea Karine Moreno Ramos, junto con otros miembros de la colectiva, anunciaron la presentación de un juicio de amparo colectivo, el cual busca replicar el éxito obtenido en estados como Aguascalientes y Querétaro, donde la despenalización del aborto fue lograda sin necesidad de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La colectiva destacó que el amparo presentado en San Luis Potosí se fundamenta en precedentes donde se ha reconocido a las asociaciones civiles la capacidad de actuar en representación de las mujeres de una entidad, para promover derechos colectivos ligados a los derechos reproductivos.

Durante la conferencia, se mencionó que el amparo busca modificar el código penal para eliminar los artículos que criminalizan la interrupción voluntaria del embarazo y ajustar la Constitución estatal, la cual actualmente protege la vida desde el momento de la concepción. Se propone que la interrupción se pueda realizar libremente hasta las 12 semanas de gestación.

Los participantes expresaron su preocupación por la falta de voluntad política de los legisladores estatales para abordar este tema de manera proactiva, lo que ha llevado a la organización a optar por la vía judicial. Resaltaron también la importancia de asegurar que, una vez legalizado el aborto, existan las infraestructuras necesarias para que las mujeres puedan acceder a este servicio de manera segura y regulada.

La colectiva expresó su compromiso de continuar trabajando para garantizar que las mujeres en San Luis Potosí puedan ejercer plenamente sus derechos reproductivos sin temor a repercusiones legales o sociales. La esperanza es que la acción judicial propicie un cambio significativo en la legislación estatal, reflejando así un avance en la protección y promoción de los derechos de las mujeres en la región.