Colombia: el segundo criptopaís más grande de América Latina

Es un hecho que el mundo ha tenido que enfrentarse a un fenómeno muy particular: la entrada de la virtualidad al mundo de los negocios y la creación de productos como las criptomonedas, los NFT y el mercado de valores de lo intangible. Por ello es pertinente hablar de Colombia, el criptopaís más grande de América Latina.

No es un secreto que la adopción y el uso de las criptomonedas viene en aumento en Latinoamérica y ya el debate se está trasladando al terreno de la reglamentación, por encima de la prohibición.

Sobre el segundo criptopaís más grande de América Latina

Esta región recibió el 9 % de las transacciones de criptomonedas realizadas entre junio y julio de 2021 que se traducen a $353 billones de dólares.

De acuerdo con los expertos, a pesar de que la penetración de la criptomoneda es más baja en Latinoamérica que en otras regiones, como por ejemplo en Estados Unidos, esta ha tenido un crecimiento acelerado y en algunos mercados como Argentina, México y Perú, la penetración de la criptomoneda ya ha llegado a casi la mitad de la tasa de propiedad de tarjetas de crédito.

Por otro lado, Colombia es considerado el segundo ‘criptopaís’ más grande de América Latina, después de Brasil. Conforme pasa el tiempo, los cripto-activos ganan más terreno en el territorio.

Este contexto deja claro que pese a los riesgos que implica este mercado, cada vez más personas están dispuestas a ingresar allí. Sin embargo, la falta de comprensión de cómo funciona la tecnología, y la necesidad de tener un mejor conocimiento sobre cómo comprar e invertir en criptomonedas son los obstáculos más comunes entre las personas interesadas en adquirir recursos digitales.

Así va Colombia con la reglamentación de las criptomonedas

Según dice este es un mercado que llegó para quedarse y poco a poco está avanzando hacia nuevas estrategias como la de los NFT (Not Fungible Token).

Más allá de hablar de prohibiciones o restricciones, como ha pasado en otros países, Colombia debe enfocarse en una reglamentación que inicialmente proteja a los consumidores.

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