Colombia: La frontera no integrada

Si en el marco de los Derechos Humanos se consideran las emergencias humanitarias como crisis sociales en las que un grupo de personas está sometido a extremas condiciones de marginalidad, violencia y negación de sus derechos básicos, en Colombia, al igual que en otros países de América Latina, la situación de las travestis se encuadra en esa categoría. Los múltiples asesinatos de personas travestis constituyen lo más visible y grave del problema. No obstante, la cuestión posee dimensiones mayores, encadenadas con una situación social generalizada: marginalidad y discriminación; deficiencias en la atención de la salud; y diversas modalidades de violencia.
La gravedad de este problema viene siendo denunciada en Colombia desde hace aproximadamente siete años, cuando en la ciudad de Bogotá activistas del sector LGBT iniciaron un trabajo de acercamiento a la policía para sensibilizar en temas de derechos humanos, sin que hasta ahora haya una respuesta contundente al respecto. En este momento, se reclama nuevamente una intervención inmediata, bajo la forma de un proceso en el cual participen activamente tanto las organizaciones como las personas travestis, con soluciones estructurales que impliquen no sólo la movilización de recursos del Estado sino de la sociedad en general.
Situación de marginalidad y discriminación
La Encuesta LGBT: Sexualidad y Derechos – realizada por el CLAM junto con la Universidad Nacional de Colombia y Profamilia, cuyos resultados fueron publicados en 2009 – así como otros estudios y diagnósticos realizados en ciudades como Bogotá y Cali, muestran que, de la población LGBT, las personas travestis son las menos afiliadas al sistema de seguridad social, las más marginadas de la oferta laboral, aquellas con los menores niveles de escolaridad y los más altos índices de deserción escolar. Según un diagnóstico de la Corporación Opción realizado en Bogotá, la mayoría de las personas travestis no tienen relaciones contractuales legales y sus ingresos se encuentran por debajo del salario mínimo.
Como en otros países de América Latina, en el territorio colombiano las travestis tienen grandes dificultades para establecerse en un barrio o en un pueblo, siendo víctimas de desplazamiento forzado, como ha sido documentado en diversos informes de derechos humanos. Las travestis y otras personas transgeneristas son forzadas a abandonar sus lugares de origen hacia las grandes ciudades donde no tienen otra alternativa laboral exceptuando la prostitución, principalmente, y en menor grado los negocios relacionados con la belleza.
Otra de las modalidades de restricción del uso del territorio y de los espacios públicos se refiere a la coerción social que les impide circular libremente por todas las zonas de las ciudades donde viven y acceder a lugares de comercio y esparcimiento. Al ser expulsadas de éstos o vetado su ingreso, se les restringe su derecho a habitación, trabajo y tránsito exclusivamente a las zonas donde se practica la prostitución.
El peso de las representaciones estigmatizantes que pesan sobre las travestis las excluye tanto de ámbitos laborales formales como de programas públicos. En los casos en los que acceden a estos últimos, generalmente no es considerada la especificidad de su identidad de género: las travestis son tratadas como hombres, no las llaman por su nombre elegido, y en programas de reeducación, de asistencia social y en las cárceles les cortan el cabello y las obligan a vestirse de forma masculina.
Aunque tal situación ha sido demandada ante la Corte Constitucional en diversas ocasiones y han existido esfuerzos aislados de algunas instituciones públicas para contrarrestarla, sólo se han obtenido ganancias positivas para casos individuales, que no se han traducido en cambios de protocolo ni normas nacionales claras.
Atención en salud e intervenciones corporales
A los problemas ya mencionados sobre la no consideración de la especificidad de género, se suman los bajos niveles de afiliación al sistema de salud de las travestis. Esta situación se agrava por el hecho de que muchas de ellas son indocumentadas lo que les impide tener acceso a un mínimo de servicios.
A esas barreras se agrega la alta prevalencia de VIH-Sida asociada al ejercicio de la prostitución. Pese a que esta situación está actualmente relativamente atendida por medio de acciones de prevención, continúa siendo una problemática latente para las travestis.
La segunda cuestión se refiere a un problema específico de salud de la población travesti: las intervenciones corporales inadecuadas. La Corporación Opción ha documentado esta situación en Bogotá y otras ciudades del país: la hormonización casera, por fuera del sistema de salud, inyecciones de silicona y otras intervenciones invasivas para acomodar el cuerpo al género deseado hechas con sustancias riesgosas y sin la intervención de profesionales, representando graves consecuencias para la salud e incluso la muerte.
Al respecto, la principal demanda de las organizaciones de personas transgeneristas ha sido la inclusión de sus especificidades de género en la atención en salud. Por otro lado, buscan cambiar la consideración de que las intervenciones corporales son meramente estéticas, con el fin de que sean financiadas por el sistema público de salud, como derecho a la identidad de género. Esta situación es más clara en el país para las personas transexuales.
Violencia de Estado
Según la Encuesta LGBT: Sexualidad y Derechos, entre las personas transgeneristas consultadas en Bogotá, en la Marcha de la Ciudadanía LGBT del año 2007, el 83,2% afirma haber sufrido discriminación y el 77,9% relata algún tipo de agresión, superando en ambos casos la proporción para el total de la muestra.
La Corporación Opción interpuso, entre el año 2006 y 2009, 10 demandas penales por homicidio, 3 por tentativa de homicidio y 6 por lesiones personales y abuso policial hacia personas travestis en ejercicio de la prostitución en Bogotá. Ninguno de estos casos ha llegado a producir un fallo. Asimismo, según el Informe de Derechos Humanos de la organización Colombia Diversa para el periodo 2006/2007, de los 67 homicidios perpetrados contra las personas LGBT en el país, 24 fueron contra personas transgeneristas, de las cuales 17 corresponden a travestis en la ciudad de Cali. El mismo documento destaca la falencia de los sistemas de información legal tanto para recopilar información por orientación sexual e identidad de género, como para indagar acerca del papel del prejuicio sexual y de género en los crímenes.
Los asesinatos hacen advertir la gravedad del problema. Son el tipo de acontecimientos que lo coloca, de manera coyuntural, en la agenda pública, pero mismo tiempo desvía la atención de todo el contexto de discriminación del cual el asesinato es sólo el eslabón final.
Dos puntos permiten considerar esta situación como ‘violencia de Estado’: en primer lugar, porque la policía es el principal autor señalado en el caso de agresiones físicas, amenazas e intimidaciones (cuestión que se extiende a toda la población LGBT). En segundo lugar, porque la policía y otros agentes de control que ejercen violencia contra las travestis actúan extraoficialmente en nombre del Estado para mantener el orden moral. Estos actos constituyen una política de control público que expresa valores compartidos por gran parte de la sociedad, de allí desembocando en la falta de atención y consideración del problema.
La frontera no integrada
Aunque las organizaciones de personas transgeneristas y particularmente las travestis vienen haciendo un trabajo importante de denuncia, documentación e intervención en estos problemas, el panorama es muy desalentador. El Consejo Consultivo para la política pública LGBT de Bogotá acaba de presentar ante Samuel Moreno, actual alcalde de la ciudad, una propuesta en relación con la población travesti. Cabe esperar los frutos de una reunión más que se realiza con el gobierno sobre el asunto, sin que hasta ahora se logre un resultado concreto.
Es notable que, pese a los avances en otros temas para el sector LGBT en diversas ciudades del país –y particularmente en Bogotá– la situación de derechos humanos de las travestis continúa en niveles preocupantes.
La marginalidad social de las travestis se da por una combinación tanto del orden sexual como de género y de clase, en la cual –además– interviene la cuestión moral asociada a la prostitución. En ese sentido, las personas travestis y sus reivindicaciones de ciudadanía representan quizá la otredad en su máxima expresión en el orden sexual, social y de género, tanto para la sociedad heterocentrada en general como para las comunidades y espacios de personas lesbianas, gays y bisexuales.
Las travestis representan, de alguna manera, la frontera no integrada al nuevo pacto sexual y de género de la sociedad colombiana. En ese nuevo pacto social varios derechos sexuales han hecho incursión, pero otros no: la adopción por parte de personas del mismo sexo en el caso de los derechos de gays y lesbianas tiene un lugar similar. Son elementos que cuestionan ese orden y difícilmente pueden ser integrados al nuevo pacto. Por tanto requieren ser eliminados política, social, moral e incluso materialmente. El rezago de las travestis y de las cuestiones de género en el marco de las reivindicaciones sexuales alcanzadas es una muestra del funcionamiento de esa lógica de integración y exclusión de diferencias.
La ponderación de los logros alcanzados permite ver los avances que ha habido en la materia, pero también todo lo que queda por hacer para afectar de manera contundente el orden sexual y de género y conseguir así sociedades verdaderamente equitativas.
*La foto que ilustra la nota pertenece al archivo personal de la activista Diana Navarro, de la Corporación Opción.
*Por Franklin Gil Hernández, Escuela de Estudios de Género - UNAL/CLAM
Fuente: Clam