¿Cuáles son y cómo funcionan los grupos sucesores del paramilitarismo? Radiografía del fenómeno criminal que podría poner en jaque la futura paz.
Fundación Paz y Reconciliación
Tal vez el mayor reto de seguridad en el postconflicto sean los grupos surgidos luego de la desmovilización paramilitar o las denominadas Bacrim. Estos grupos, hoy día, funcionan como una red criminal y no como estructura; además utilizan la subcontratación criminal para operar en las zonas urbanas; utilizan la violencia selectiva y ejemplarizante como mecanismos de represión; pero sobre todo han entendido que al Estado no se le gana una guerra y que es mejor infiltrarlo por medio de la corrupción para garantizar la operatividad criminal.
Las BACRIM son una diversidad de estructuras criminales que pueden estar agrupadas en una misma organización como los Urabeños- Clan Usuga o Rastrojos. Esta diversidad ha complejizado los procesos de comprensión del fenómeno, como se verá más adelante son al menos cinco estructuras criminales de alcance nacional, las cuales tienen capacidad territorial y militar para generar terror entre las comunidades y al menos 27 pequeñas bandas que operan de manera localiza. Ahora bien, lo importante es entender que esta diversidad de estructuras se pueden agrupar en al menos tres tipos de organizaciones.
Las primeras, se caracterizan por tener una organización definida, jerarquizada con mandos de poder visible y especializado, por ejemplo en este grupo encontramos al Clan Úsuga o los urabeños, quienes dentro de su estructura de poder tiene tanto jefes militares como políticos, quienes se encargan de manejar las relaciones de esta banda con otras organizaciones criminales, por ejemplo, en 2014 fue capturado Albeiro Feo Alvarado, desmovilizado del bloque Centauros de las Autodefensas y quien fue el responsable de dirigir los pactos de no agresión con otras bandas de Antioquia, como “la Oficina” y “los Rastrojos”. En Cesar por ejemplo, la responsable política de la banda es conocida como
la enfermera¸ quien es la responsable de tramitar este tipo de alianzas con otras estructuras criminales, controlar las redes de testaferros e incluso establecer relaciones con autoridades locales para tener mayor maniobra criminal.
Un segundo grupo tiene que ver con las bandas criminales que tienen alcances regionales, se diferencia de las primeras en la medida en que la organización de estas es menos jerarquizada, su operación es en lógica de red y su alcance está anclado a territorios definidos, por ejemplo, en este grupo encontramos bandas como las disidencias del ERPAC: el Bloque Meta y los libertadores del Vichada, en el oriente colombiano. Estas bandas criminales por lo general pactan rutas o servicios con estructuras más grandes como Urabeños o Rastrojos.
El tercer tipo de organización y tal vez las más peligrosas tienen una operatividad local, se caracterizan por tener un portafolio criminal amplio y se han denominado como bandas de “mercenarios”, quienes presentan su servicio al mejor postor. Entre estas organizaciones encontramos por ejemplo a la “constru” en el Putumayo o “la empresa” en Buenventura, estas bandas se caracterizan por operar bajo una lógica de subordinación y contratación de otras bandas delincuenciales en los cascos urbano, la oferta criminal de estas bandas tiene una lógica selectiva, es decir, cada vez hacen menor uso de la violencia indiscriminada para generar terror en las comunidades. En este sentido, la operatividad de las estructuras más grandes como el Clan Úsuga, es solo una parte del aparato criminal y operativo que mantienen. En importante destacar que en los tres casos, se pueden observar niveles de cooperación o disputa, ya sea por proveer servicios criminales o por ampliar el control de alguna de las zonas.
Así por ejemplo, entre 2013 y 2014 en el Valle del Cauca, la expansión y consolidación de los Urabeños en el norte del Valle, y en general en el pacífico colombiano, se ha construido a partir de dos tipos de alianzas, las primeras con disidentes de otras organizaciones criminales que han tenido operatividad en la región e incluso estuvieron vinculados a ejércitos privados de narcotraficantes, como es el caso de los Machos, y otras alianzas con combos y grupos delincuenciales. Desde luego, el segundo tipo de alianzas genera mayores niveles de subordinación, mientras que con el primer tipo hay mayores niveles de incertidumbre entre la lealtad que pueda tener una organización hacía la otra, hecho que ha motivado a que los Urabeños, luego de tener control sobre una zona en la cual lograron consolidarse por el primer tipo de alianza, envíen a esas zonas hombres de confianza del clan para tomar control y restar poder a la banda con la cual hayan tenido pactos para ganar un territorio.
Estos hombres de confianza se han denominado como la fuerza élite de las organizaciones, en muchos territorios fueron reconocido como “los paisas” o de manera más generalizada como “los gaitanistas”, esta forma organizativa deja entrever la complejidad de las lógicas operativas de las bandas criminales y la relación que existe entre cada uno de los tipos de bandas que tienen presencia en el territorio nacional.
Quienes son y donde están.
Los mapas a continuación permiten observar la presencia de estas bandas criminales según la información entregada por la Policía Nacional. De acuerdo a esta información, el Clan Úsuga opera en 250 municipios, los Rastrojos en 200, las disidencias del ERPAC en 55 municipios y las Águilas Negras en 62 municipios. Adicional a la identificación de estos grupos, la policía identifica otras 27 bandas criminales que operan en al menos 157 municipios del país. De acuerdo a este diagnóstico, la situación de las Bacrim ha vuelto a su etapa inicial, cuando en 2008 se conocía de la existencia de 32 estructuras criminales en el país. Sin embargo, más allá de la multiplicidad de posibles estructuras, este diagnóstico deja en evidencia las falencias de las autoridades para entender el fenómeno de las bandas criminales y la amenaza que representan estas estructuras para la aplicación del acuerdo de paz.
Por otro lado, entre 2007 y 2015 han sido capturados 19.579 integrantes de las bandas criminales y 1097 han sido dados de baja según datos entregados por la Policía Nacional
[1]. Los mismos datos sostienen que estas acciones han ocurrido en 491 municipios del país. Si bien, estas cifras ofrecen una dimensión territorial de las zonas en las que operan las bandas criminales, resulta difícil sostener que en los mismos municipios en los que se han reportado bajas o capturas corresponden a zonas en las que existe presencia activa de las bandas criminales.
Lo cierto es que en diferentes regiones del país, las bandas criminales hacen o han hecho presencia armada y actualmente representan el mayor riesgo para la ejecución y sostenibilidad de los acuerdos de paz. Las bandas criminales han demostrado a lo largo de los últimos años una alta capacidad de adaptación, las casi 20 mil capturas no han desestabilizado la capacidad de ejercer control territorial. Al contrario, se ha ampliado la oferta criminal, manteniendo el control de las actividades de microtráfico en cabeceras municipales, teniendo control sobre el las actividades relacionadas con la minería criminal, el contrabando, la extorsión y recientemente un aumento progresivo en las amenazas a líderes sociales, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras, organizaciones sociales y líderes de opinión que respaldan el proceso de paz.
La ampliación en el portafolio de estas organizaciones criminales tiene que ver con la estructura operativa de las bandas criminales. La Fundación Paz y Reconciliación ha identificado dos mecanismos de operación organizativa, el primero hace referencia a la prestación de servicios orientados a la actividad minera, el contrabando, tráfico de armas y control de rutas del narcotráfico. La segunda, tiene que ver una oferta criminal más descentralizada, relacionada con el sicariato, microtráfico y narcomenudeo y en especial con la intimidación a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Es decir, estas organizaciones criminales pueden vender servicios de seguridad a toda persona que esté en capacidad de pagarlo.
En cada uno de los casos, las bandas criminales han demostrado tener una lógica operativa distinta, si bien, para el control de las rutas del narcotráfico y la minería criminal, los dispositivos militares de las bacrim son fácilmente reconocibles, ya que la operatividad de estas actividades requiere de grandes esfuerzos de coordinación y cadenas de mando para evitar distorsiones en la comisión de los delitos, las otras actividades descritas en el portafolio criminal han estado sustentadas desde la operatividad descentralizada de las bandas criminales.
Desde luego, uno de los principales retos en la ejecución de los acuerdos de paz está en tener la capacidad de sustituir las economías ilegales tales como el cultivo de hoja de coca y la minería ilegal, hechos que no dependen únicamente de la dejación de armas de la guerrilla de las FARC. Las posibilidades de que las estructuras armadas de las bandas criminales lleguen a ocupar las zonas en las que las FARC participan de estas actividades es mayúscula, por ejemplo, es sabido que en zonas como el Putumayo, la banda criminal de la “constru” estaría interesada en ampliar su poder criminal copando las zonas de influencia de las guerrillas, poniendo en riesgo no sólo la ejecución de las acciones de sustitución de cultivos de uso ilícito, sino la seguridad de ex combatientes que lideren dichos procesos.
Mientras tanto, la lógica de la descentralización de estas estructuras para cometer otros delitos se ha hecho por medio de la subcontratación de grupos delincuenciales en cabeceras municipales. Esta estrategia maximiza la capacidad de las bandas para extraer rentas, abriendo una serie de servicio criminales como el sicariato, cobro de extorsiones, control del microtráfico y amenazas. Este mecanismo de operatividad trajo consigo dos elementos importantes para el análisis, por un lado, las BACRIM al hacer uso de organizaciones delincuenciales locales, evita aumentar los índices de violencia en las cabeceras municipales, ya que la entrada de estas no se hace por medio de la confrontación armada sino por medio de la subordinación. Y segundo, desvían la atención de las autoridades, en tanto, las bandas criminales que se benefician de estos servicios quedan relativamente blindadas, ya que muchos de los delitos son atribuidos a los grupos delincuenciales que están al servicio de las bandas criminales.
La atomización de la operatividad en centros urbanos distorsiona la capacidad militar y organizativa de las bandas criminales, las cuales cambiaron del paradigma de organización jerárquica y vertical hacía la organización jerárquica en red, la cual reconoce mandos en cada una de sus estructuras, pero que opera con mayor autonomía y descentralización. De allí que en regiones como el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, Cauca y Chocó zonas de fuerte influencia del Clan Úsuga y los Rastrojos, no ha sido posible determinar una estrategia unificada para entorpecer el proceso de paz, pero si una estrategia que responde a intereses particulares, por ejemplo, en estas zonas se ha puesto a circular la idea en la que para frenar los procesos de restitución de tierras se cometerán acciones selectivas, las cuales no alteran cifras como el aumento de homicidios o desplazamientos forzados, pero que son significativas para generar el temor suficiente en la población y de esa manera limitar el alcance de los acuerdos de paz en el territorio.
Esta misma situación se ha presentado en ciudades capitales, por ejemplo en la ciudad de Medellín, miembros de las bandas criminales que controlan el negocio del microtráfico y la extorsión y que se han denominado como los herederos de “don Berna” han declarado que todo excombatiente delas FARC que llegue a la capital antioqueña será declarado “objetivo militar”. Hechos que no han sido direccionados únicamente a la posibilidad de asesinar sistemáticamente a los hombres de las FARC que dejen las armas, sino también a líderes de derechos humanos, tal como se puede apreciar en la siguiente foto, el panfleto amenaza a defensores de derechos humanos en la ciudad en Barranquilla en los primeros días del mes de Febrero.
[1] Ministerio de Defensa Nacional -Policía Nacional. Dirección de Investigación Criminal e Interpol. Capturas de Integrantes de Bacrim Registradas Por La Policía Nacional en el País. Periodo comprendido del 01 de Enero Al 31 de Diciembre 2007-2014 Y del 01 Enero Al 31 De Octubre 2015. Bajas a Integrantes de Bacrim Registradas por la Policía Nacional en el País. Periodo comprendido del 01 de Enero al 31 De Diciembre 2007-2014y del 01 Enero al 31 de Octubre 2015/ Las 2orillas
Tal vez el mayor reto de seguridad en el postconflicto sean los grupos surgidos luego de la desmovilización paramilitar o las denominadas Bacrim. Estos grupos, hoy día, funcionan como una red criminal y no como estructura; además utilizan la subcontratación criminal para operar en las zonas urbanas; utilizan la violencia selectiva y ejemplarizante como mecanismos de represión; pero sobre todo han entendido que al Estado no se le gana una guerra y que es mejor infiltrarlo por medio de la corrupción para garantizar la operatividad criminal.
Las BACRIM son una diversidad de estructuras criminales que pueden estar agrupadas en una misma organización como los Urabeños- Clan Usuga o Rastrojos. Esta diversidad ha complejizado los procesos de comprensión del fenómeno, como se verá más adelante son al menos cinco estructuras criminales de alcance nacional, las cuales tienen capacidad territorial y militar para generar terror entre las comunidades y al menos 27 pequeñas bandas que operan de manera localiza. Ahora bien, lo importante es entender que esta diversidad de estructuras se pueden agrupar en al menos tres tipos de organizaciones.
Las primeras, se caracterizan por tener una organización definida, jerarquizada con mandos de poder visible y especializado, por ejemplo en este grupo encontramos al Clan Úsuga o los urabeños, quienes dentro de su estructura de poder tiene tanto jefes militares como políticos, quienes se encargan de manejar las relaciones de esta banda con otras organizaciones criminales, por ejemplo, en 2014 fue capturado Albeiro Feo Alvarado, desmovilizado del bloque Centauros de las Autodefensas y quien fue el responsable de dirigir los pactos de no agresión con otras bandas de Antioquia, como “la Oficina” y “los Rastrojos”. En Cesar por ejemplo, la responsable política de la banda es conocida como la enfermera¸ quien es la responsable de tramitar este tipo de alianzas con otras estructuras criminales, controlar las redes de testaferros e incluso establecer relaciones con autoridades locales para tener mayor maniobra criminal.
Un segundo grupo tiene que ver con las bandas criminales que tienen alcances regionales, se diferencia de las primeras en la medida en que la organización de estas es menos jerarquizada, su operación es en lógica de red y su alcance está anclado a territorios definidos, por ejemplo, en este grupo encontramos bandas como las disidencias del ERPAC: el Bloque Meta y los libertadores del Vichada, en el oriente colombiano. Estas bandas criminales por lo general pactan rutas o servicios con estructuras más grandes como Urabeños o Rastrojos.
El tercer tipo de organización y tal vez las más peligrosas tienen una operatividad local, se caracterizan por tener un portafolio criminal amplio y se han denominado como bandas de “mercenarios”, quienes presentan su servicio al mejor postor. Entre estas organizaciones encontramos por ejemplo a la “constru” en el Putumayo o “la empresa” en Buenventura, estas bandas se caracterizan por operar bajo una lógica de subordinación y contratación de otras bandas delincuenciales en los cascos urbano, la oferta criminal de estas bandas tiene una lógica selectiva, es decir, cada vez hacen menor uso de la violencia indiscriminada para generar terror en las comunidades. En este sentido, la operatividad de las estructuras más grandes como el Clan Úsuga, es solo una parte del aparato criminal y operativo que mantienen. En importante destacar que en los tres casos, se pueden observar niveles de cooperación o disputa, ya sea por proveer servicios criminales o por ampliar el control de alguna de las zonas.
Así por ejemplo, entre 2013 y 2014 en el Valle del Cauca, la expansión y consolidación de los Urabeños en el norte del Valle, y en general en el pacífico colombiano, se ha construido a partir de dos tipos de alianzas, las primeras con disidentes de otras organizaciones criminales que han tenido operatividad en la región e incluso estuvieron vinculados a ejércitos privados de narcotraficantes, como es el caso de los Machos, y otras alianzas con combos y grupos delincuenciales. Desde luego, el segundo tipo de alianzas genera mayores niveles de subordinación, mientras que con el primer tipo hay mayores niveles de incertidumbre entre la lealtad que pueda tener una organización hacía la otra, hecho que ha motivado a que los Urabeños, luego de tener control sobre una zona en la cual lograron consolidarse por el primer tipo de alianza, envíen a esas zonas hombres de confianza del clan para tomar control y restar poder a la banda con la cual hayan tenido pactos para ganar un territorio.
Estos hombres de confianza se han denominado como la fuerza élite de las organizaciones, en muchos territorios fueron reconocido como “los paisas” o de manera más generalizada como “los gaitanistas”, esta forma organizativa deja entrever la complejidad de las lógicas operativas de las bandas criminales y la relación que existe entre cada uno de los tipos de bandas que tienen presencia en el territorio nacional.
Quienes son y donde están.
Los mapas a continuación permiten observar la presencia de estas bandas criminales según la información entregada por la Policía Nacional. De acuerdo a esta información, el Clan Úsuga opera en 250 municipios, los Rastrojos en 200, las disidencias del ERPAC en 55 municipios y las Águilas Negras en 62 municipios. Adicional a la identificación de estos grupos, la policía identifica otras 27 bandas criminales que operan en al menos 157 municipios del país. De acuerdo a este diagnóstico, la situación de las Bacrim ha vuelto a su etapa inicial, cuando en 2008 se conocía de la existencia de 32 estructuras criminales en el país. Sin embargo, más allá de la multiplicidad de posibles estructuras, este diagnóstico deja en evidencia las falencias de las autoridades para entender el fenómeno de las bandas criminales y la amenaza que representan estas estructuras para la aplicación del acuerdo de paz.
Por otro lado, entre 2007 y 2015 han sido capturados 19.579 integrantes de las bandas criminales y 1097 han sido dados de baja según datos entregados por la Policía Nacional[1]. Los mismos datos sostienen que estas acciones han ocurrido en 491 municipios del país. Si bien, estas cifras ofrecen una dimensión territorial de las zonas en las que operan las bandas criminales, resulta difícil sostener que en los mismos municipios en los que se han reportado bajas o capturas corresponden a zonas en las que existe presencia activa de las bandas criminales.
Lo cierto es que en diferentes regiones del país, las bandas criminales hacen o han hecho presencia armada y actualmente representan el mayor riesgo para la ejecución y sostenibilidad de los acuerdos de paz. Las bandas criminales han demostrado a lo largo de los últimos años una alta capacidad de adaptación, las casi 20 mil capturas no han desestabilizado la capacidad de ejercer control territorial. Al contrario, se ha ampliado la oferta criminal, manteniendo el control de las actividades de microtráfico en cabeceras municipales, teniendo control sobre el las actividades relacionadas con la minería criminal, el contrabando, la extorsión y recientemente un aumento progresivo en las amenazas a líderes sociales, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras, organizaciones sociales y líderes de opinión que respaldan el proceso de paz.
La ampliación en el portafolio de estas organizaciones criminales tiene que ver con la estructura operativa de las bandas criminales. La Fundación Paz y Reconciliación ha identificado dos mecanismos de operación organizativa, el primero hace referencia a la prestación de servicios orientados a la actividad minera, el contrabando, tráfico de armas y control de rutas del narcotráfico. La segunda, tiene que ver una oferta criminal más descentralizada, relacionada con el sicariato, microtráfico y narcomenudeo y en especial con la intimidación a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Es decir, estas organizaciones criminales pueden vender servicios de seguridad a toda persona que esté en capacidad de pagarlo.
En cada uno de los casos, las bandas criminales han demostrado tener una lógica operativa distinta, si bien, para el control de las rutas del narcotráfico y la minería criminal, los dispositivos militares de las bacrim son fácilmente reconocibles, ya que la operatividad de estas actividades requiere de grandes esfuerzos de coordinación y cadenas de mando para evitar distorsiones en la comisión de los delitos, las otras actividades descritas en el portafolio criminal han estado sustentadas desde la operatividad descentralizada de las bandas criminales.
Desde luego, uno de los principales retos en la ejecución de los acuerdos de paz está en tener la capacidad de sustituir las economías ilegales tales como el cultivo de hoja de coca y la minería ilegal, hechos que no dependen únicamente de la dejación de armas de la guerrilla de las FARC. Las posibilidades de que las estructuras armadas de las bandas criminales lleguen a ocupar las zonas en las que las FARC participan de estas actividades es mayúscula, por ejemplo, es sabido que en zonas como el Putumayo, la banda criminal de la “constru” estaría interesada en ampliar su poder criminal copando las zonas de influencia de las guerrillas, poniendo en riesgo no sólo la ejecución de las acciones de sustitución de cultivos de uso ilícito, sino la seguridad de ex combatientes que lideren dichos procesos.
Mientras tanto, la lógica de la descentralización de estas estructuras para cometer otros delitos se ha hecho por medio de la subcontratación de grupos delincuenciales en cabeceras municipales. Esta estrategia maximiza la capacidad de las bandas para extraer rentas, abriendo una serie de servicio criminales como el sicariato, cobro de extorsiones, control del microtráfico y amenazas. Este mecanismo de operatividad trajo consigo dos elementos importantes para el análisis, por un lado, las BACRIM al hacer uso de organizaciones delincuenciales locales, evita aumentar los índices de violencia en las cabeceras municipales, ya que la entrada de estas no se hace por medio de la confrontación armada sino por medio de la subordinación. Y segundo, desvían la atención de las autoridades, en tanto, las bandas criminales que se benefician de estos servicios quedan relativamente blindadas, ya que muchos de los delitos son atribuidos a los grupos delincuenciales que están al servicio de las bandas criminales.
La atomización de la operatividad en centros urbanos distorsiona la capacidad militar y organizativa de las bandas criminales, las cuales cambiaron del paradigma de organización jerárquica y vertical hacía la organización jerárquica en red, la cual reconoce mandos en cada una de sus estructuras, pero que opera con mayor autonomía y descentralización. De allí que en regiones como el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, Cauca y Chocó zonas de fuerte influencia del Clan Úsuga y los Rastrojos, no ha sido posible determinar una estrategia unificada para entorpecer el proceso de paz, pero si una estrategia que responde a intereses particulares, por ejemplo, en estas zonas se ha puesto a circular la idea en la que para frenar los procesos de restitución de tierras se cometerán acciones selectivas, las cuales no alteran cifras como el aumento de homicidios o desplazamientos forzados, pero que son significativas para generar el temor suficiente en la población y de esa manera limitar el alcance de los acuerdos de paz en el territorio.
Esta misma situación se ha presentado en ciudades capitales, por ejemplo en la ciudad de Medellín, miembros de las bandas criminales que controlan el negocio del microtráfico y la extorsión y que se han denominado como los herederos de “don Berna” han declarado que todo excombatiente delas FARC que llegue a la capital antioqueña será declarado “objetivo militar”. Hechos que no han sido direccionados únicamente a la posibilidad de asesinar sistemáticamente a los hombres de las FARC que dejen las armas, sino también a líderes de derechos humanos, tal como se puede apreciar en la siguiente foto, el panfleto amenaza a defensores de derechos humanos en la ciudad en Barranquilla en los primeros días del mes de Febrero.
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