Comisiones de investigación: más ruido que nueces

Pocas cosas como una comisión parlamentaria de investigación para no sacar nada en claro o, si lo prefieren, para no sacar nada nuevo en claro. Después de meses de reuniones y comparecencias varias, los resultados que arrojan son más bien magros y poco novedosos con respecto a lo que ya se conoce del asunto investigado. A menudo, estas comisiones sólo sirven para reproducir en fórmato más reducido las diferencias y las afinidades que los partidos ya mantienen dentro y fuera de la cámara sobre la cuestión de la que se trate. La guerra que han protagonizado las principales fuerzas políticas para presidir las dos comisiones de investigación que se crearon ayer en el Congreso avalan lo que digo.
No tengo ninguna razón de peso para esperar que los resultados de esas dos nuevas comisiones vayan a ser distintos de los de las anteriores ni que vayan a aportar revelaciones espectaculares sobre los asuntos de los que se ocuparán. Obviamente, el hecho de que las presidan dos diputados nacionalistas canarios, – Ana Oramas y Pedro Quevedo -, aunque éste último a regañadientes,  no les otorga un plus de interés para los ciudadanos aunque para ellos supongan una indudable proyección política por el eco mediático que van a tener sus sesiones. Si, como se prevé, deben declarar ante la misma y hacerlo con la verdad por delante bajo pena de prisión o multa personajes como Mariano Rajoy, la expectación informativa está más que asegurada.
“No tengo ninguna razón de peso para esperar que los resultados de esas dos nuevas comisiones vayan a ser muy distintas de las anteriores”
De la comisión que se encargará de investigar el origen de la burbuja inmobiliaria y cómo la misma terminó costándonos 60.000 millones de euros a los españoles para rescatar a las cajas lastradas por el ladrillo, no hay casi nada nuevo que explicar.  Quien quiera ilustrarse tiene a su disposición una abundantísima bibliografía que narra el nacimiento del monstruo cuando José María Aznar liberalizó el suelo y cómo creció y se desarrolló cuando las cajas se dedicaron a conceder créditos como churros sin asegurarse su devolución. Luego vino la crisis y crecieron las sospechas de que las cajas, gobernadas por políticos y no por banqueros, estaban quebradas y no había más remedio que rescatarlas con el dinero de todos.
Es una historia demasiado conocida y sufrida por todos los españoles como para que quepa esperar revelaciones sorprendentes. Ni siquiera el inefable Miguel Ángel Fernández Ordóñez,  gobernador del Banco de España cuando la explosión del ladrillo y felizmente para él eximido ahora por el juez del desastre de la salida a bolsa de Bankia, dirá otra cosa que no sea exculparse una vez más de haber mirado para otro lado mientras el monstruo inmobiliario engordaba.
“Sólo si se acordaran medidas para que estos hechos no se repitan estarían justificadas”
De la comisión que investigará otra caja, aquella en la que presuntamente contabilizaba el PP el dinero que recaudaba para financiarse irregularmente, podría esperarse algo más si no fuera porque el asunto ya es también lo suficientemente conocido a través de no pocos libros y, lo que es aún más importante, de unos cuantos autos judiciales que no dejan lugar a muchas dudas sobre el asunto. Que en esa comisión tenga que comparecer probablemente Mariano Rajoy – suponemos que en vivo y de cuerpo presente – no significa que el presidente vaya a decir nada que no haya dicho ya y que en síntesis ha sido exactamente nada. Si para cuando Rajoy declare como testigo vía plasma ante el juez de la Gürtel ya ha dicho el PP que no tiene nada que aportar, sería ingenuo suponer que lo va a hacer en una comisión parlamentaria por muy seria y formal que sea.Mi escepticismo y seguramente el de muchos otros ciudadanos ante los resultados de estas dos comisiones de investigación no significa que no crea que estos asuntos no deban analizarse a fondo en sede parlamentaria. Sólo digo que la experiencia ha demostrado que, en todo caso y como mucho, no van nunca más allá de lo que va la Justicia que los investiga. En cambio, generan un ruido mediático y una distorsión política en la que importa más sacar los colores del rival o autoprotegerse de las acusaciones que llegar al fondo de la verdad. Ni siquiera confío demasiado en que sirvan para acordar medidas consensuadas que impidan que los hechos investigados se repitan, aunque con eso sólo su constitución, sus trabajos y las retribuciones que van a cobrar sus integrantes estarían más que justificadas.