Cómo aplicar el Trabajo Garantizado en municipios y autonomías

La proximidad temporal de las elecciones municipales y autonómicas ha hecho que muchas personas se pregunten si sería posible poner en marcha una política de Trabajo Garantizado (TG) en las administraciones locales y autonómicas. Una pregunta muy pertinente teniendo en cuenta la mayor probabilidad de que en estos comicios determinadas fuerzas políticas transformadoras logren cotas de poder notable en ayuntamientos y comunidades.

Para abordar esta cuestión es importante tener en cuenta que la política económica de Trabajo Garantizado ha sido teorizada para aplicarse desde la administración estatal. A pesar de que la gestión de los nuevos empleos correría a cargo de las administraciones locales, está pensado que sea el Estado quien financie los salarios de los trabajadores garantizados. Esto es así porque el Estado es al fin y al cabo el ente administrativo más potente en términos de captación de recursos fiscales y financieros, de forma que el gasto dedicado a Trabajo Garantizado puede ser el máximo que posibilite la riqueza de la economía en cuestión; y también porque permite compensar algunos desequilibrios económicos que se producen a nivel regional (algunas regiones son más ricas que otras y por lo tanto el potencial de sus políticas de gasto difieren entre sí).

Desgraciadamente la legislación española concede márgenes fiscales muy reducidos a las administraciones locales: desde un ayuntamiento no se pueden crear nuevos impuestos y apenas se pueden modificar las figuras impositivas existentes. En el caso de las comunidades autónomas este margen es mayor, porque tienen autoridad para aprobar nuevos impuestos y modificar sustancialmente los que ya existen. No obstante, las posibilidades para aplicar en condiciones óptimas un Trabajo Garantizado siguen siendo limitadas a nivel autonómico, especialmente en comparación con el ámbito estatal. Y si se quisiese cambiar esta situación y dotar de mayor poder fiscal a estas administraciones, sería necesario hacerlo desde la legislación estatal, de forma que nos volveríamos a encontrar con el mismo problema.

Ahora bien, esto no quiere decir que no existan actualmente fórmulas para incrementar el margen fiscal de los entes locales y autonómicos. La más idónea de todas ellas es la de los créditos fiscales.

Un crédito fiscal es un instrumento que concede el sector público a una empresa o individuo para que pueda pagar sus impuestos con él. Por ejemplo, si una empresa tiene que pagar 100 euros en impuestos y tiene en su poder créditos fiscales por valor de 100 euros o más, podrá saldar la deuda con Hacienda recurriendo a los créditos fiscales. La empresa se deshará de créditos fiscales por valor de 100 euros, y al mismo tiempo eliminará ese compromiso de pago. Esto es algo que se utiliza hoy día fundamentalmente para grandes empresas cuando se las intenta compensar por haber pagado impuestos sobre beneficios siempre que no puedan aprovecharse de esos beneficios. Un ejemplos típico es el de una empresa que utiliza parte de sus beneficios para financiar un plan de pensiones privado a nombre de sus trabajadores: a pesar de pagar impuestos por esos beneficios, en realidad no es la empresa quien saca provecho de los mismos. Frente a esta situación, el Estado le concede créditos fiscales para que pueda pagar menos impuestos en el próximo curso fiscal.

Ahora supongamos que el sector público permite que esos créditos fiscales sean transferibles entre agentes económicos, que sirvan para pagar cualquier tipo de impuesto (no sólo el de sociedades) y que parte del salario de los trabajadores del TG sean pagados con este instrumento. Puesto que todos los agentes económicos tienen que pagar impuestos (IRPF, IVA, Impuestos especiales de tabaco, bebida y carburantes, IBI, Impuesto de Tracción Mecánica, Impuesto de Sucesiones, Impuesto de Actividades Económicas, etc), todos tendrían interés en disponer de créditos fiscales, ya que así podrían saldar sus compromisos tributarios. De esta forma, los trabajadores del TG, podrían comprar bienes y servicios utilizando euros pero también utilizando créditos fiscales. Por ejemplo, un trabajador del TG podría ir a un bar y pagar con créditos fiscales ya que el dueño del bar tiene que pagar impuestos y puede hacerlo con ese nuevo instrumento. Pero es que el propietario del bar también podría pagar a los camareros con esos créditos fiscales, ya que ellos también tienen que saldar deudas con Hacienda.

El resultado evidente es que, aunque no se hayan creado nuevos euros, sí que hay más "dinero" en circulación. Por lo tanto, la generación de créditos fiscales funciona en la práctica como una creación de dinero aunque no sea creación de euros. Esto permite a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas (¡también al Estado!) tener mayor margen de maniobra fiscal y crear más puestos de trabajo de TG de los que podría crear sin recurrir a los créditos fiscales.

Además, otra ventaja importante es que si esos créditos fiscales son sólo a nivel local o regional, el dinero y por lo tanto el impulso a la actividad económica se verá necesariamente circunscrita al área geográfica en cuestión. Los créditos fiscales de Andalucía, por ejemplo, sólo servirían para los andaluces y andaluzas, y nadie podría utilizar ese dinero para hacer compras fuera de la comunidad, como sí ocurre con los euros. La renta y riqueza se quedaría en nuestro territorio.

Este particular uso de los créditos fiscales no es nuevo: ha sido utilizado en más de una ocasión por gobiernos locales de los Estados Unidos como San Diego, Oakland, San Jose y Detroit para incrementar su margen de política fiscal, con excelentes resultados, por cierto. Precedentes que son más que suficientes para que determinadas fuerzas políticas españolas se atrevan en los ámbitos locales y autonómicos a recurrir a los créditos fiscales para, entre otras cosas, poner en marcha políticas potentes de Trabajo Garantizado.

Fuente: Eduardo Garzón.

C. Marco