El gobierno estadounidense sacó provecho de sus atrocidades terroristas del 11-09-2011, primero justificó la guerra contra Afganistán y aterrorizó a su propia población. La administración Bush proclamó y ejerció el derecho de declarar a las personas (incluidos los ciudadanos estadounidenses) como “combatientes enemigos” o “terroristas sospechosos” y encarcelarlas sin dictarles cargos ante los tribunales, ni permitir el acceso de abogados o familiares hasta tanto la Casa Blanca determine que la “guerra contra el terror” ha culminado con éxito, o sea, indefinidamente.
El Departamento de Justicia considera “fundamental (que) si se detiene a alguien como enemigo combatiente, obviamente se le niegue el acceso a los familiares y a la accesoria legal”. Estos alegatos de autoridad por parte del Ejecutivo han sido corroborados parcialmente por los tribunales, que han fallado que “un presidente en tiempos de guerra puede arrestar indefinidamente a un ciudadano estadounidense capturado como enemigo combatiente en el campo de batalla y negarle a esa persona el acceso a un abogado”.
Ese es el procedimiento que Washington, da a los “enemigos combatientes” en su campamento de prisioneros de Guantánamo, en una zona todavía ocupada de Cuba. Esta actuación ha motivado protestas de las organizaciones de los derechos humanos e incluso del propio inspector general del Departamento de Justicia, en un severo informe del que hizo caso omiso el Departamento.
Tras la conquista de Irak, pronto surgieron pruebas de que los prisioneros iraquíes, estaban siendo sometidos a un tratamiento similar: amordazados, atados, encapuchados, golpeados “a la manera de los afganos y otros prisioneros detenidos en la bahía de Guantánamo en Cuba, tratamiento que es violatorio del derecho internacional.
La Cruz Roja presentó una firme protesta por la negativa del alto mando estadounidense, a permitirle acceso, tanto a los prisioneros de guerra, en violación de la Convención de Ginebra, como a los civiles capturados. Más aún, estas denominaciones son caprichosas. Combatiente enemigo puede ser quienquiera que Estados Unidos decida atacar, sin pruebas fidedignas, como lo reconoce Washington.
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