Cómo evitar un Rodrigazo

Deberá implementarse un programa de estabilización que contemple el gradualismo y el shock. El plan no debe ser sorpresivo como la Convertibilidad, sino secuenciado como el Plan Real brasileño. Tras dos años de disciplina fiscal, normalización tarifaria y cambios estructurales, podría ejecutarse una reforma monetaria.

POR JORGE VASCONCELOS *

Hoy no existen las condiciones previas que permitieron lanzar el plan Austral, ni tampoco podría recrearse la convertibilidad. A su vez, con gradualismo será extremadamente difícil salir del andarivel de una inflación instalada en el 50 % anual, con riesgos ciertos de seguir escalando.
Sin margen para programas elaborados en secreto y reformas aprobadas en 24 horas, la salida habría que buscarla en una reforma monetaria que permita desindexar la economía, preanunciada pero a ser completada en un lapso de un año y medio/dos años, período que debería utilizarse para avanzar en todas las reformas necesarias para alejar el riesgo de un Rodrigazo en una primera instancia, y avanzar hacia una estabilidad sustentable el "día después".

Esa agenda debe abarcar desde la reversión de los desequilibrios macroeconómicos hasta la disolución de las trabas que frenan a la economía del lado de la oferta. Así, el debate de las reformas en el Congreso tendría el Norte de la estabilidad y la desindexación, mientras la política cambiaria podría normalizarse en una secuencia que arranque conviviendo con el control de cambios para las operaciones de atesoramiento, pero calibrada para dejar atrás las trabas existentes al comercio exterior y la disponibilidad de las divisas asociadas a exportaciones, importaciones y cumplimiento de los compromisos financieros públicos y privados.

Una secuencia análoga podría darse para que las tarifas de los servicios públicos pasen a reflejar sus costos con subsidios que se limiten a la tarifa social. Con este enfoque, las "muletas" de la asistencia del Banco Central al Tesoro podrían mantenerse por un tiempo más, pero apuntando a limitar a 1,0% del PIB el monto de esas transferencias.

Al momento de la eventual reforma monetaria, por ende, no será necesario llegar con una inflación de un dígito. No hay instrumentos para ese objetivo, pero sí para corregir el desorden de los precios relativos sin que eclosionen las amenazas que surgen del exceso de pesos y de los pasivos remunerados del Central.

Limitando la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro a una cifra equivalente a 1,0 % del PIB por un tiempo preestablecido, será posible bosquejar una hoja de ruta de recorte sustancial del déficit primario y de progresiva estabilización de la deuda pública como porcentaje del PIB, generando las condiciones para que el gobierno pueda prescindir del impuesto inflacionario desde el momento en el que la desindexación y la reforma monetaria entren en vigencia.

UN MODELO

Es evidente que, por encima de cierto andarivel, la inflación deja de ser un instrumento que pueda manipularse y, desde los intereses de la política, está cercano el momento en el que los costos del impuesto inflacionario sean percibidos como muy superiores a los presuntos "beneficios" de corto plazo.
Aun cuando la alta inflación pueda considerarse un factor de deterioro de primer orden para las chances electorales del gobierno de turno, las respuestas políticas al fenómeno pueden tardar en aparecer: trabajan a favor del statu quo, tanto la percepción de los elevados costos de un plan de shock, como el escepticismo acerca de los resultados que puedan obtenerse por la vía del gradualismo.

Frente a ese dilema, se propone conjeturar alrededor del diseño de una hoja de ruta en la que el plan de estabilización pasa a ser una secuencia de reformas discutidas a cielo abierto, pero con un Norte cercano de reforma monetaria y desindexación de la economía.
A diferencia del Austral y de la Convertibilidad, que fueron anunciados "por sorpresa", existe un antecedente de plan de estabilización de shock pero "secuenciado", que es del Plan Real, anunciado a fin de 1993, aprobado en el Congreso brasileño e implementado meses después.

De hecho el Real recién entró en circulación el 1 de julio de 1994, posibilitando que la tasa de inflación pasara del andarivel del 40% mensual a menos del 3% en unas pocas semanas. Los contratos se desindexaron, pero lo que dio credibilidad inicial al plan fue una política fiscal que duplicó el superávit primario del sector público, de 2,3% del PIB en 1992 a 4,3% en 1994, con un cambio en las expectativas que derivó en una duplicación de las reservas netas del Banco Central, de 32,2 a 60,1 mil millones de dólares entre 1993 y 1996.

El hecho que, a poco de andar, el programa brasileño entrara en un terreno de inconsistencias por tareas incumplidas básicamente en la dimensión fiscal, no invalida un valioso corolario: por su diseño, la materialización y el éxito del Plan Real dependía enteramente del tratamiento por el Congreso de las leyes presentadas por el Ejecutivo.

Pero, a su vez, las inevitables medidas de ajuste fiscal quedaron conectadas directamente ante la opinión pública como el paso necesario para que la tasa de inflación se desplomara. A regañadientes, muchos legisladores terminaron apoyando el proyecto, aunque la falta de convicción hizo que algunas reformas claves, o bien no se aprobaron, o bien fueron desnaturalizadas.

Pero siempre quedó claro que la tarea de estabilizar la economía de Brasil era una entera responsabilidad de la dirigencia política, sin que existieran opciones "milagrosas" diseñadas por economistas iluminados.

No es posible anticipar en qué momento habrán madurado las condiciones políticas en la Argentina para este tipo de debates, pero puede inferirse que aceleraciones adicionales de la tasa de inflación, que de ningún modo pueden descartarse, habrán de comenzar a hacer mella en la coraza de una parte de la dirigencia política, todavía abrazada al statu quo.

Por el momento, sigue predominando la búsqueda de responsables por fuera del déficit fiscal y la emisión monetaria, siendo el congelamiento de precios de unos 1.500 productos la máxima expresión de ese tipo de enfoques. Sin embargo, el taxi de la deuda pública, asociada a los déficits fiscales, habrá de dejar cada vez menos espacio a los argumentos escapistas, que se niegan a asumir el corazón del problema.

EVIDENCIA

Los números no permiten mentir. Cuando se mide correctamente la evolución de la deuda pública, excluyendo los compromisos intra-sector público e incluyendo los pasivos del Banco Central, todo esto neto de las reservas liquidas del BCRA, se tiene un asombroso paralelismo entre el 2015/19 y el 2019/21, al margen de las diferencias ideológicas entre ambas gestiones.

Entre 2015 y 2019 la deuda pública medida del modo descripto más arriba, aumentó a un ritmo anual acumulativo de 19,5 mil millones de dólares (tipo de cambio oficial) mientras que, desde fin de 2019 hasta el presente, el incremento ocurrió a razón de 20,5 mil millones por año.

Hay diferencias en cuando al item más dinámico de cada período: entre 2015 y 2019, la deuda con Organismos (incluye FMI) se acumuló a un ritmo de 11,2 mil millones de dólares por año y ahora lo hace a 1,5 mil millones/año; pero, como contrapartida, los pasivos remunerados del Central se están incrementando desde 2019 a un ritmo de 11,8 mil millones por año.

Es por eso que la marcha de la deuda consolidada, cuando se la netea de la evolución de las reservas líquidas del Central, no presenta mayores diferencias entre un período y el otro. Es cierto que la actual gestión tuvo que enfrentar la excepcionalidad de la pandemia, pero también lo es que "heredó" un déficit primario de sólo 0,5% del PIB (dato de 2019).

El punto es que para proponerse estabilizar la economía argentina lo primero es atarse a una política fiscal que permita proyectar un descenso gradual pero sostenido del ratio deuda pública/PIB. Esta es, a su vez, una de las principales condicionalidades de cara a un eventual acuerdo con el FMI. Sin embargo, la trayectoria de esa variable hoy sigue siendo divergente, ya que con un Presupuesto 2022 que proyecta un déficit primario de 3,3 puntos del PIB, la deuda pública seguirá engordando en términos del PIB.

Un reciente trabajo de Marcelo Capello (presidente de Ieral) muestra que, para iniciar un ciclo "sustentable" para la deuda pública sería necesario ya en 2023 obtener un superávit primario de 0,7 puntos del PIB (suponiendo transferencias del Central al Tesoro por 1,2 puntos del PIB), con metas más ambiciosas para años subsiguientes.

Pero si en 2022 el déficit primario llegara a 3,3 puntos del PIB (tal lo estipulado por el Presupuesto), habría que hacer un ajuste fiscal de 4 puntos del PIB para aterrizar en 2023 en el superávit de 0,7% del PIB. La falta de convicción del gobierno en este plano es lo que impide desechar escenarios del tipo "Rodrigazo" para el futuro mediato.

A su vez, es evidente que para converger hacia un superávit primario del Tesoro del orden de los 2,5 a 3,0 puntos del PIB desde 2024 ó 2025 en adelante, las reformas por el lado del gasto y de la política impositiva sólo pueden ser diseñadas en clave federal.

Objetivos ambiciosos en materia de superávit primario sólo podrían lograrse en coordinación con los gobernadores de las 24 provincias, eliminando superposición de partidas presupuestarias entre Nación, Provincias y Municipios, reordenando los sistemas previsionales y generando incentivos para el blanqueo de la economía, en base a una progresiva sustitución de los impuestos más distorsivos (Ingresos Brutos, al cheque, retenciones y demás).

En este sentido, debería tomarse como referencia la reciente propuesta de Idesa de reemplazar los mecanismos actuales de coparticipación por un esquema en el que los ingresos de las provincias pasen a depender mucho más del valor agregado aportado por sus respectivas jurisdicciones. Ese enfoque puede ser la plataforma adecuada para reconstruir un régimen tributario que ha demostrado ser contraindicado para estimular la inversión, el empleo y la convergencia de la calidad de vida entre las distintas regiones del país.

Un Fondo Federal de compensaciones será necesario para financiar la transición entre el viejo y el nuevo régimen fiscal. A su vez, es imprescindible volver a achicar el monto de los subsidios económicos, que estarían llegando este año al equivalente a 3 puntos del PIB, cuando en 2019 se habían logrado achicar a 1,5% del PIB. Esta tarea está directamente conectada con la recomposición de precios relativos, que en 2020 y 2021 se están distorsionando a mucho mayor velocidad que durante el cepo original (entre 2012 y 2015).

Volver a acercar el set local de precios relativos a los parámetros internacionales es clave para la reducción de los subsidios. A su vez, la recuperación del concepto de tarifas que cubran sus costos tiene directa vinculación con los incentivos a la inversión.

El período entre el momento en el que se habrá de lanzar el eventual plan de estabilización y el punto en el que se reúnan las condiciones para la reforma monetaria y la desindexación, también deberá ser aprovechado para desmalezar a la economía y recuperar un funcionamiento fluido del lado de la oferta, incluyendo un imprescindible aggiornamiento de los marcos legales del mercado de trabajo.

Desde el punto de vista de las actividades productivas y de los incentivos a la inversión, es clave desmontar cepos y controles al cambio y al comercio exterior. Pero si en la etapa inicial del plan de estabilización se intentara unificar el mercado de cambios como en 2015, habría una sobredemanda de divisas por motivo atesoramiento, explicada por el riesgo de la eventual reaparición del cepo si algo no funcionara en línea con lo previsto por las autoridades.

Y ningún compromiso oficial, del tipo "nunca más cepos", sería creíble hasta que la economía no haya dado varios pasos firmes en su retorno a la normalidad. Es preferible en una primera etapa concentrar las energías en el desmalezamiento de todas las restricciones y trabas que operan sobre el comercio exterior, conviviendo por algún tiempo con un régimen cambiario en el que subsista el control de capitales.

Obviamente, el tipo de cambio oficial de equilibrio no sería el actual. La política cambiaria deberá tener en cuenta el deterioro sobre la competitividad generado por la suba del gasto público: el Presupuesto para 2022 proyecta un gasto público primario de 13,1 millón de millones de pesos y un tipo de cambio oficial promedio para el año de 112,5 pesos por dólar, pero estos guarismos implican que, respecto de 2019, el precio del dólar estaría subiendo sólo 2/3 de lo que aumenta el gasto.

Dada la incidencia que tiene la evolución del gasto público sobre los precios de los bienes no transables de la economía, la política cambiaria no puede ignorar ese fenómeno, por lo que deberá ser recalibrada, única forma de lograr que las operaciones de comercio exterior puedan normalizarse, prescindiendo de cepos y controles, contemplando también, dentro del mercado oficial de cambios, la demanda de las empresas y el Estado para cumplir sus compromisos de deuda externa y dejando margen, al mismo tiempo, para que el Banco Central pueda recuperar reservas netas.

No hay que subestimar el impacto positivo que eliminar el "riesgo de aprovisionamiento" podría llegar a tener. Hay múltiples evidencias del fracaso de la tablita para contener la evolución de los precios mayoristas, que en teoría deberían estar alineados con la variación del tipo de cambio, por lo que remover las causas de este fenómeno ayudaría a acotar el traspaso a precios de eventuales devaluaciones del futuro.

TIMING

¿Cómo establecer la duración apropiada entre el lanzamiento del plan de estabilización y la introducción de una nueva moneda para desindexar la economía? En la experiencia del Plan Real brasileño ese período fue de seis meses. Dada la magnitud de los desequilibrios a corregir en la Argentina, ese tiempo es demasiado breve. Pero tampoco se puede abusar del gradualismo para las correcciones a realizar, porque entonces se habrá de diluir el efecto positivo sobre las expectativas que supone todo plan de estabilización.

Desde el punto de vista técnico, quizá el período apropiado se ubique entre un año y medio y dos años, pero serán las convicciones políticas las que finalmente lo definan, si es que en algún momento se decidiera avanzar en esta dirección.

El gobierno que eventualmente ejecute un plan de estas características deberá ser consciente que, mientras más tareas queden pendientes en el plano fiscal y en las reformas del lado de la oferta, más contaminada quedará la nueva moneda de las viejas condiciones de la economía, y el costo será el de una inflación que no habrá de aterrizar en el andarivel anual de un dígito.

Las condiciones para la reforma monetaria y la desindexación de la economía habrán madurado cuando los precios relativos locales se hayan acercado lo máximo posible al set de precios internacionales, cuando el Tesoro pueda prescindir del financiamiento en base a emisión monetaria del Central, cuando los riesgos derivados del exceso de pesos hayan dejado de presionar sobre la brecha cambiaria y los Pasivos Remunerados del Banco Central, por lo que cabe esperar una convergencia natural entre los tipos de cambios libres y el oficial.

Para contener las expectativas, en los momentos previos al lanzamiento de una nueva moneda será necesario una política monetaria activa y un anclaje temporal del tipo de cambio. No para fijar un nuevo 1 a 1, sino para ponerle un techo temporal a las cotizaciones, sin necesidad de establecer un piso en la paridad para las eventuales intervenciones compradoras de divisas por parte del Banco Central.

Si todas las tareas se llevaron a cabo, la posterior unificación de los tipos de cambios no habrá de desatar especulaciones asociadas a la memoria de los cepos. La tarea de la estabilización es una mezcla de ciencia y arte. A su vez, está fresca la experiencia de 2015 a 2019, una referencia ineludible al momento de redefinir la secuencia más apropiada de medidas de política.

* Economista del Ieral de la Fundación Mediterránea.

Origen: laprensa.com.ar