Unos policías tratan de detener por ladrón de coches al Rafita, que hace nueve años, siendo menor, violó, atropelló y quemó viva a Sandra Palo.
Al instante una horda de allegados se lanza sobre los agentes. Los golpean y les muerden, con peligro de contagiarles el SIDA.
Un juez decreta inmediatamente la liberación sin cargos del delincuente, y a pesar de sus atentados contra la autoridad ningún agresor es imputado.
Quizás porque vociferan acusando a la policía de xenófoba y racista, “porque somos gitanos”, lo que especialmente ante los progresistas “Jueces para la Democracia” es una bula que permite delinquir.
Esa historia ocurrió en las afueras de Madrid, pero en el céntrico Lavapiés otros policías tratan de detener a un traficante de drogas, y una turba se lanza sobre ellos con igual violencia y acusación de xenofobia y racismo.
El camello es senegalés y los atacantes españoles antisistema y decenas de africanos, negros y magrebíes, mayoritariamente indocumentados.
Con el Rafita o los antisistema españoles los “Jueces para la Democracia” son sumamente compasivos, pero con inmigrantes sin papeles lo son mucho más, aunque delincan, ataquen y hieran a la policía.
Estos jueces actúan como padres espirituales de muchos delincuentes que quedan en España sin expulsión ni procesándolos, como si no hubiera suficientes indeseables nacionales: “Hijo, peca menos y vete en paz”.
Presentados como progresistas, esos jueces aplican las leyes igual que los curas cuando imponían como penitencia siete avemarías y tres padrenuestros.
Son el misericordioso clero de la posmodernidad laica que con su actitud cultivan la xenofobia de los ciudadanos agredidos, a los que encreapan llamándoles fascistas si protestan.
Es así como el progresismo hace brotar el ultraderechismo y lo retroalimenta al rechazar que es parte fundamental de su origen.
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