¿Qué pasa cuando uno le pregunta a la propia inteligencia artificial qué lugar ocupa Uruguay en materia de IA? La respuesta surge en microsegundos: “Uruguay es uno de los líderes regionales en IA, consolidándose en el tercer puesto de América Latina según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, gracias a su sólida infraestructura digital, alta capacidad de cómputo y una gobernanza estructurada”.
En teoría, el diagnóstico es alentador. Uno podría imaginar un Estado donde la inteligencia artificial se traduce en menos esperas, menos burocracia, menos costos y servicios públicos más ágiles. Un país en el que los trámites se resuelven con rapidez, la documentación se procesa automáticamente y los ciudadanos dejan de perder tiempo en circuitos administrativos interminables.
La experiencia cotidiana, sin embargo, ofrece otra imagen. En Uruguay, obtener un permiso de construcción, completar determinadas habilitaciones o resolver expedientes administrativos continúa siendo, en muchos casos, un proceso que puede extenderse durante meses e incluso más de un año.
Pero la brecha no parece estar en la disponibilidad tecnológica, ya que hoy existen sistemas capaces de revisar documentación, contrastar planos con la normativa, detectar inconsistencias, señalar requisitos faltantes y asistir a los técnicos en tareas que hasta hace poco requerían horas de trabajo manual.
Jeff Bezos sintetizó esa idea durante su participación en America Business Forum 2025 en Miami, al sostener que, en la era de la inteligencia artificial, un permiso de construcción en cualquier ciudad del mundo podría ingresar a un sistema, ser analizado automáticamente, devolver observaciones para su corrección y volver a evaluarse en cuestión de minutos, en lugar de permanecer por meses dentro de un circuito administrativo.
La pregunta es inevitable. ¿Por qué procesos que consisten, en gran medida, en revisar documentos, verificar requisitos y aplicar normativa siguen dependiendo de rituales burocráticos extensos? ¿Qué explica que, después de años de inversiones millonarias en digitalización por parte de distintos organismos públicos, la percepción del ciudadano siga siendo que los tiempos de respuesta apenas han cambiado?
La tecnología, por sí sola, tampoco alcanza. Nicolás Jodal lo resumía recientemente al señalar que las herramientas ya están disponibles, pero el desafío pasa por desarrollar nuevas capacidades dentro del propio Estado. La adopción de inteligencia artificial exige un cambio de cultura organizacional y una capacitación que permita a los funcionarios incorporarla a su trabajo cotidiano.
Una reflexión similar plantea Silvia Nane en una entrevista concedida a Gabriela Pallares para Galería, al sostener que la tecnología adquiere valor cuando contribuye a mejorar las políticas públicas y la calidad de vida de las personas. La inteligencia de una ciudad se expresa en la capacidad de utilizar los datos para tomar mejores decisiones, dice.
Una escena reciente en una jornada participativa sobre el futuro de Ciudad Vieja ayuda a ilustrarlo. Al ingresar, los asistentes escaneaban un código QR y respondían qué les inspiraba el barrio. Las respuestas (“arte”, “cultura”, “patrimonio”) se proyectaban en tiempo real sobre una pantalla. La dinámica demostraba el potencial de la tecnología para fomentar la participación. También dejaba una pregunta abierta: qué información necesita realmente una ciudad para planificar su desarrollo. Hay QRs de participación pero no hay (como en otras ciudades) un software abierto donde potenciales inversores en la zona puedan ver donde se concentra el consumo o los nuevos permisos y autorizaciones para obra nueva, comercios o reformas significativas. Eso supondría claramente un real impacto en la calidad de información para atracción de inversiones o residentes para el área.
El mayor aporte de la inteligencia artificial probablemente no esté en recopilar percepciones, sino en procesar información estratégica. Un relevamiento dinámico de padrones con permisos comerciales otorgados o en trámite, el análisis de la evolución de determinadas zonas, la proyección de nuevos polos de actividad o la identificación de oportunidades de densificación comercial ofrecerían insumos mucho más valiosos para orientar inversiones, diseñar políticas urbanas o brindar previsibilidad a quienes toman decisiones.
En los últimos años, la inteligencia artificial pasó a ocupar un lugar central en las estrategias de modernización de los Estados. Organismos como la OCDE y el Banco Mundial sostienen que la madurez digital de una administración pública se proyecta en su capacidad para utilizar datos y automatización para resolver problemas concretos y mejorar la experiencia de los ciudadanos.
Uruguay también definió una hoja de ruta con la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024-2030, elaborada con el apoyo técnico de la CAF y la UNESCO. A ello se suma el reciente anuncio del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que buscará fortalecer las capacidades del país para desarrollar e implementar soluciones basadas en IA.
Las estrategias, la infraestructura tecnológica y los nuevos organismos constituyen una base indispensable. Aunque, en la práctica, la medida del éxito termina resultando de la rapidez con la que se resuelve un trámite, el tiempo que demanda una habilitación o la cantidad de pasos que un ciudadano necesita para acceder a un servicio público.
Ese potencial ya tiene traducción práctica en distintos países, donde la inteligencia artificial comenzó a aplicarse para reducir tiempos de gestión y mejorar la relación entre el Estado y las personas. La propia OCDE, tras analizar cerca de 200 casos de uso en gobiernos, concluyó que los resultados más consistentes se registran cuando la IA se aplica para agilizar procesos administrativos y fortalecer la toma de decisiones.
Estonia es uno de los casos inspiracionales de aplicación al lograr que el ciudadano dejara de actuar como intermediario entre los organismos públicos. La transformación comenzó mucho antes de la IA, cuando se decidió que las distintas dependencias del Estado compartieran información entre sí. Sobre esa infraestructura incorporó herramientas capaces de automatizar verificaciones y asistir a funcionarios y ciudadanos, por ejemplo ,en el tramiterío que exige el nacimiento de un hijo.
En otra variante, Singapur aplicó la inteligencia artificial para reducir uno de los mayores cuellos de botella de la administración pública, como son las verificaciones previas a la aprobación de permisos y licencias. Cuando una persona o una empresa presenta una solicitud, el sistema consulta automáticamente la información disponible en otros organismos, valida documentos, detecta inconsistencias e identifica requisitos pendientes. Los expedientes sencillos avanzan rápidamente y los funcionarios concentran su tiempo en los casos que realmente requieren análisis técnico.
Otra aplicación de alto impacto en la gestión de reclamos ciudadanos está en Corea del Sur. Cada año, millones de consultas y denuncias ingresan a la plataforma pública e-People, usándose IA para analizar automáticamente esos textos, identificar el problema principal, derivar cada presentación al organismo competente y agrupar casos similares. Si cientos de ciudadanos reportan la misma demora o un problema de infraestructura, el sistema lo detecta de inmediato y genera información que permite actuar con anticipación.
La incorporación de inteligencia artificial al sector público exige, al mismo tiempo, reglas claras de gobernanza, transparencia y responsabilidad. Automatizar procesos implica definir qué decisiones puede asumir un sistema y cuáles requieren necesariamente la intervención de personas. La confianza se construye con tecnología, pero también con instituciones capaces de establecer controles, proteger los datos y garantizar la supervisión humana allí donde el juicio experto resulta indispensable.
Muchas de esas aplicaciones podrían incorporarse a servicios públicos que los uruguayos utilizan todos los días. La renovación de una libreta de conducir podría validar automáticamente antecedentes, vencimientos y requisitos antes de que el trámite llegue a un funcionario. Un permiso de construcción podría revisar la documentación presentada, detectar observaciones y verificar el cumplimiento de la normativa urbanística en pocos minutos.
Los reclamos ingresados por canales como el 0800, formularios web o aplicaciones podrían clasificarse y derivarse automáticamente al área competente, además de identificar problemas recurrentes antes de que se acumulen cientos de expedientes. Incluso trámites frecuentes, como renovaciones de permisos, autorizaciones o certificaciones podrían completarse con formularios prellenados y validaciones automáticas, reduciendo tiempos tanto para el ciudadano como para la administración.
Uruguay cuenta con capacidades técnicas, una estrategia nacional y un ecosistema que lo ubica entre los países más avanzados de la región en términos de inteligencia artificial. El desafío consiste en que ese liderazgo deje de calcularse únicamente por indicadores y comience a percibirse en la experiencia cotidiana de quienes interactúan con el Estado. Y es que, al final del día, la calidad de un servicio público se mide por el tiempo que es capaz de ahorrarles a las personas.
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