Cómo resolver, de una vez por todas, la renovación del Constitucional

El Tribunal Constitucional, una de las piezas esenciales del sistema democrático español actual, la más alta magistratura del Estado, adolece de un sistema efectivo de elección y renovación de sus magistrados lo cual le conduce hacia la ineficiencia.
El sistema de renovación de los cargos, diseñado en el título noveno de la Constitución española de 1978, determina que ocho de los 12 miembros sean elegidos por Las Cortes (cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado) pero establece la necesidad de cada uno de los candidatos propuestos obtenga como mínimo el apoyo al menos de las tres quintas partes de cada Cámara (artículo 159) o lo que es lo mismo 210 diputados y 157 senadores.
Esta mayoría cualificada obliga a que varias fuerzas políticas se tengan que poner de acuerdo, sobre todo en el Congreso, en base a una serie de personas de consenso que, no necesariamente acaban siendo las más competentes para el cargo.
La capacidad de entendimiento siempre ha sido muy escasa, sobre todo entre los dos grandes grupos políticos españoles por lo que los procesos de renovación no se han realizado en los tiempos oportunos. Cuando se producen mayorías absolutas como es el caso actual, la situación puede mejorar. Es el caso actual del Senado donde el Partido Popular dispone de los parlamentarios necesarios en su grupo para la elección. Pero no se da la misma situación en el Congreso donde el pacto es imprescindible.
Con este sistema se acaba conformando un alto tribunal donde los magistrados se perfilan más en función de las cuotas políticas de donde han surgido que en las bases de la independencia absoluta que les otorga la Constitución y ello se refleja finalmente en algunas votaciones sobre cuestiones fundamentales.
El sistema de elección se completa con dos magistrados nombrados por el Gobierno directamente y dos más que son propuestos por el Consejo General del Poder Judicial.
Con todos estos mimbres se da el caso que, de los 12 miembros actuales, cuatro de ellos (los provenientes del Congreso) deberían haber sido ya substituidos hace casi 15 meses por haberse completado su mandato de nueve años. Aún es más lacerante la substitución del magistrado Roberto García-Calvo que fue nombrado en 2001 y falleció en 2008.Tras tres años y ocho meses, los congresistas han sido incapaces de consensuar un nombre.
Esta irregular situación no es la primera vez que se produce. El Senado también tardó tres años más de lo previsto para conseguir sacar adelante su propuesta.
La continuidad de estas situaciones molesta sobremanera a los implicados que nada pueden hacer para resolver la situación. Ya ven uno se murió, otros han dimitido de sus cargos (dimisión no aceptada) pero ni por esas hasta el punto que solamente queda el recurso a la pataleta. La gravedad de la situación ha hecho exclamar recientemente al vicepresidente Eugeni Gay que estas irregularidades ponen en riesgo la democracia.
Ahora el nuevo gobierno del señor Rajoy ha decidido que se deben acelerar los procesos para esta renovación de cargos. Ha anunciado que lo piensa hacer no solamente en el TC sino en otros organismos que están en situación similar.
Pero realmente lo que se deberían plantear nuestros gobernantes es un cambio en el modelo de elección de los magistrados. Existen ejemplos en otros países de sistemas más eficientes.
Frente a la prorrogatio de la magistratura aplicada en España se podrían estudiar soluciones como la empleada en Alemania (terna propuesta por el alto Tribunal) o la más radical de Chile (a falta de quórum entre los partidos, el Tribunal decide a quién elegir entre una lista de candidatos), sin descartar la existencia de magistrados suplentes que posibiliten siempre la existencia de 12 votos.