¿Cómo se financia la "Jornada Mundial de la Juventud"?

Hace unos días publicamos un editorial con una cierta comparativa entre lo que ha sido el #15M y lo que, quizá, suceda con la JMJ. Un lector nos expresó su desconformidad vía Twitter y, tras un malentendido (aclarado al indicarle que soy creyente, con lo que no había intención de intolerancia religiosa), le propusimos realizar un artículo en el que poder hablar sobre este evento del catolicismo.
Así que a un clic os dejamos con las palabras de Carlos González Martínez (@a_carlos_glez).
Todos somos conscientes de la difícil coyuntura económica que atraviesa nuestro país. Cientos de miles de españoles sufren a diario las consecuencias de una crisis que, lejos de afectar exclusivamente al ámbito productivo y financiero, parece extenderse también al político y cultural. En este contexto, muchos han optado por ejercer su derecho a la protesta, exigiendo en la calle un cambio de rumbo. Sin embargo, el mensaje de estos movimientos -dentro de los que destaca el 15M- aún no ha encontrado una recepción adecuada entre la clase política nacional.
En esta situación de crisis parece lógico que se produzca un recorte en los gastos públicos superfluos –no los necesarios y los relacionados con el bienestar-, y así lo han percibido los citados movimientos. Ahí es donde, mal informados o, incluso, manipulados por determinadas fuentes de información, algunos ciudadanos han asociado la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) con ese tipo de desembolsos estatales.
Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad, pues surten a la ciudadanía de un derecho fundamental: la información. Por esa razón, sorprende que muchos de ellos publiquen datos erróneos sobre la JMJ y su financiación; artículos y columnas que, en una situación de crisis como la que hemos descrito, pueden provocar conflictos sociales que poco ayudan a sacarnos del agujero económico, político y cultural en el que nos encontramos. Por no hablar del espectáculo de intolerancia religiosa y crispación que España puede dar al mundo en los próximos días.
Ante las acusaciones que se han vertido contra la Jornada de la Juventud -a la que se tilda de “gasto público inútil”- hay que indicar, en primer lugar, que este evento se autofinancia, no recibiendo ni un solo euro de las arcas del Estado. El presupuesto de la JMJ es de 50 millones, de los que un 75% se recauda con la cuota de inscripción de los casi 2 millones de asistentes (la cuota mínima es de 30 euros), y un 25% de donaciones privadas. Por tanto, no existe esa subvención pública directa de la que tanto han hablado determinadas personas, organismos y medios de comunicación.
De entre las donaciones privadas, cabe destacar la aportación de los patricinadores –El Corte Inglés, Grupo Prisa, Banco Santander, Iberia, Movistar, Coca-Cola…-, agrupados en la fundación “Madrid Vivo”. Estas empresas, al ser declarada la JMJ de “interés excepcional” por la ley presupuestaria, se benefician de desgravaciones fiscales. Al respecto hay que indicar que esa denominación no supone un privilegio, pues son numerosos los actos que, así calificados, se celebran en nuestro país. Podríamos entrar al debate sobre si la Jornada de la Juventud aporta algún beneficio a la sociedad. Sin embargo, tan sólo el número de participantes –muy superior al de los restantes actos de “interés excepcional”- convertiría esa polémica en algo ridículo.
Ahora bien, si aún así se quiere poner en duda el beneficio cultural y social de la JMJ, podríamos defenderla acudiendo a datos económicos. Se calcula que, sólo en Impuestos sobre el Valor Añadido (IVA), este evento aportará a las arcas públicas 60 millones de euros. A esto hemos de añadir los más de 6 millones de beneficios que obtendrá el sector de la hostelería y el pequeño comercio de la capital. Estos datos se magnifican, además, si tenemos en cuenta que agosto es, tradicionalmente, el peor mes del año para el empleo madrileño.
Es cierto, no obstante, que los entes públicos colaboran en la seguridad de los actos, y también ceden determinados lugares para la celebración de los actos de la JMJ. Ahora bien, todos los gastos relacionados con la puesta a punto de las instalaciones, así como de su limpieza posterior, corren a cargo de la organización. Si tenemos en cuenta los beneficios económicos antes descritos, la aportación estatal parece lógica.
Tampoco es cierto que el Estado deba cargar con los gasto de alojamiento de Joseph Ratzinger. La Nunciatura Apostólica -embajada del Estado Vaticano en España- será su lugar de residencia durante la Jornada de la Juventud. Por tanto, su estancia y demás gastos personales serán sufragados por la Santa Sede.
En resumen, cientos de miles de españoles han sido mal informados a lo largo de la última semana sobre un evento que, de por sí, traerá enormes beneficios sociales, económicos y culturales. Esto ha creado el caldo de cultivo propicio para una intolerancia religiosa que, además de manchar la imagen de nuestra sociedad cara a la comunidad internacional, contribuye a fragmentarla y a crear rencores enconados.
La situación de crisis en la que nos encontramos es algo muy delicado. Por esa razón, medios de comunicación, líderes políticos y organizaciones de diversa índole, deben mostrarse responsables de sus actos. Falsear la información, en ocasiones con fines ideológicos y partidistas, va contra los derechos ciudadanos. Esto, que de por sí debería generar el rechazo por parte de todos, se agrava como falta si tenemos en cuenta que señala como culpable del sufrimiento –o de parte de él- a un grupo concreto.