¿Cómo se perpetúa una institución de cuna?

Tras la abdicación del rey Juan Carlos el pasado lunes y la aprobación del proyecto de ley ayer por el Consejo de Ministros, el próximo paso es el debate y aprobación de la ley en el Congreso. El Gobierno y la Corona realizan todos los trámites ajenos a las calles, que se llenan día sí y día también de ciudadanos que exigen un referéndum para elegir el modelo de Estado.

El lunes abdicó el rey, y con ello se abrió en España el debate que tantos años se ha intentado inútilmente evitar: ¿Monarquía o república? ¿Qué nos corresponde realmente, teniendo en cuenta el fraude del referéndum de 1978, que incluyó la monarquía dentro del paquete de la ‘democracia’, sin opción de votarla por separado?

Comunicado de abdicación del rey Juan Carlos. Fuente: Casa Real.

Ante la abdicación, el Consejo de Ministros se reunió de urgencia ayer, donde aprobó el Proyecto de Ley de Abdicación. Este proyecto será debatido en el Congreso el 11 de junio. El artículo 57.5 de la Constitución establece que “las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica”. Y, al tratarse de una ley orgánica, debe ser aprobada por una mayoría absoluta –176 diputados–. El PP tiene 186 diputados. Tras aprobarse en el Congreso, pasará al Senado. Por lo tanto, Felipe podría ser rey dos semanas después de la abdicación de su padre.

El Proyecto de Ley Orgánica de Abdicación aprobado ayer establece un artículo único que sólo recoge la abdicación y su entrada en vigor tras aprobarse la ley orgánica.

¿Es posible un referéndum?

La respuesta inmediata a esta pregunta es sí. El referéndum es una herramienta totalmente constitucional, aunque a los sucesivos gobiernos de este país no les guste utilizarla, tal vez porque refleja la voluntad popular, y eso es algo a lo que ellos no están acostumbrados por la escasa cultura democrática que tenemos. El artículo 92 de la Constitución deja claro que es posible consultar a los ciudadanos en cuestiones “de especial trascendencia”. Pero, ¿cuál es el problema? Como siempre, hecha la ley, hecha la trampa. Y en este caso, los trámites burocráticos hacen el referéndum teóricamente legal pero prácticamente ineficaz porque rara vez puede llegar a producirse.

Además, la Corona no entra dentro de este artículo 92. El Título II de la Constitución, que es el de la Corona, está blindado. Tan blindado como los artículos referidos a los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos. Sí, se colocó la institución monárquica al mismo nivel que nuestros derechos. ¿Qué significa que esté blindada? Pues que, para modificar alguno de sus artículos, es necesario un proceso jurídico y burocrático que difícilmente se consigue. En el caso del referéndum, 2/3 partes tanto del Congreso como del Senado tendrían que aprobarlo. Sí así fuera, se disolverían las Cortes y se convocarían elecciones. Con la nueva formación, 2/3 de las Cámaras deberían aprobarlo de nuevo. Esto significan 233 diputados del Congreso y 177 senadores. Solamente después de este largo proceso, si llegara a su fin, sería posible el referéndum consultivo en relación con la Jefatura del Estado. Este proceso, actualmente, es inviable. Ya no sólo por la mayoría absoluta del PP, sino porque el partido que le sigue en presencia es el PSOE, y se ha comprometido firmemente con la Corona, a pesar de llevar la palabra ‘socialista’ en sus siglas y ser republicano tantos años atrás.

A pesar de todo esto, los partidos de izquierdas se han unido en su reivindicación de un referéndum que dé la voz al pueblo. IU, Podemos y Equo han exigido la puesta en marcha de un proceso constituyente. También lo han hecho otras formaciones como ERC, EH Bildu o BNG. Además, si el Gobierno está tan convencido de que la ciudadanía quiere la monarquía, ¿por qué no deja que lo exprese? Será porque las encuestas de opinión de la institución no han hecho más que descender en los últimos años, llegando en abril a la peor nota de su historia, un 3,6. Si Felipe fuera un verdadero demócrata, dejaría elegir al pueblo y reconocería que su padre ha estado ahí por la gracia de Franco, quien a su vez trató de hacer desaparecer a media España. ¿Es este el rey de todos los españoles?

Además, en muchas ciudades de todo el país se han llevado a cabo manifestaciones multitudinarias tanto el lunes como el martes, y seguirán adelante. Mientras tanto, la Casa Real y el Gobierno realizan todos los trámites de espaldas a las protestas, como de costumbre. Por lo tanto, se puede decir que en pleno siglo XXI el rey continúa ajeno al pueblo al que dice representar, y eso que la institución asegura ser demócrata –algo incompatible, porque en una democracia todas las personas son iguales, y el concepto de inviolabilidad destruye esa igualdad–. Además, se suele escuchar mucho eso de que estos reyes son campechanos y sencillos, al nivel de un ciudadano. También esto es incompatible. Si quisieran estar a nuestro nivel, si se consideraran iguales a nosotros, no podría existir una institución que se basa en la divina providencia, haciéndoles creer dioses o, al menos, superiores al resto de personas. Así que se puede decir que la monarquía continúa como en siglos atrás. No concentra el poder absoluto, es cierto, pero permanece inmóvil ante el progreso de la sociedad, tratando de perpetuar unos privilegios de cuna y sangre que son incompatibles con dicho progreso. Y, para no variar después de tantos siglos, sigue sin escuchar al pueblo.

¿Qué pasará con el rey?

Después de 36 años, aún no se han elaborado leyes concretas relativas a la abdicación de un monarca, ya que, por lo general, la sucesión se produce en el momento de la muerte. La única referencia que se tiene ahora mismo es la Constitución, repleta de ambigüedades y vacíos legales. No existe ninguna ley que garantice la impunidad e inviolabilidad del rey tras su abdicación, y tampoco se ha reflejado en el proyecto de ley de ayer. Por esto, partidos como IU anunciaron que llevarían a cabo querellas contra el rey “por los hechos delictivos que hubiera podido cometer en todo su reinado”. Sin embargo, aun suponiendo que no se legislen nuevas normas para garantizar su impunidad, Juan Carlos sólo podrá ser juzgado como civil por los delitos que cometa de ahora en adelante, y no de manera retroactiva en su reinado. Existe un anteproyecto de ley que impulsó Alberto Ruiz-Gallardón en marzo que blindaría a la reina y a los príncipes. Este texto aún está en trámite, pero, de salir adelante, no sería extraño que incluyera en sus líneas al monarca que ha abdicado.

Son muchas las voces que consideran que Juan Carlos estará blindado de alguna manera. Es el caso de los partidos de izquierdas y de Julio Anguita. El fundador de Frente Cívico ve en la abdicación “una maniobra para que la oligarquía económica del franquismo siga siendo la representante del poder” y se refuerce tras la debacle del bipartidismo en las elecciones europeas y los movimientos sociales cada vez más constantes. Asimismo, considera que la abdicación es un intento de crear “una nueva imagen de un producto que ya está podrido”. Para Anguita, la oligarquía va a exigir, a través de esta maniobra, el fin de procesos judiciales como el Caso Nóos, el de los ERE o el Caso Gürtel, porque “si siguen adelante estos procesos, el régimen de la transición se hundiría”.

El Club Bilderberg

Aunque tanto Mariano Rajoy como Alfredo Pérez Rubalcaba han asegurado que sabían desde marzo la decisión del rey, no son pocas las voces que han dejado caer la posible relación entre las reuniones del Club Bilderberg y la abdicación del rey. La última reunión ha tenido lugar en Copenhague entre el 29 de mayo y el 1 de junio y los españoles que han asistido a ella han sido los participantes fijos: la reina Sofía; el director general de La Caixa, Juan María Nin; el presidente del Grupo PRISA, Juan Luis Cebrián; y este año se ha unido a ellos el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo.

En teoría, el Club Bilderberg es un exclusivo grupo de entre 120 y 150 personalidades del planeta que se reúnen anualmente para tratar los asuntos más importantes del mundo. El problema es que las reuniones son privadas y no se permite el acceso a periodistas. Además, en caso de que después se lleven a cabo decisiones tomadas allí, no se revela el inspirador de las mismas, para proteger su propia privacidad. Entre los participantes figuran el exsecretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger; la directora general del FMI, Christine Lagarde; el exprimer ministro italiano Mario Monti; el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen; el presidente de Airbus, Thomas Enders; o la princesa Beatriz de Holanda.

No es un secreto para nadie que, teniendo como presidente a Henri de Castries, presidente del Grupo AXA; y a otros importantes oligarcas de planeta, como David Rockefeller, en esas reuniones se tomen muchas de las decisiones importantes del planeta, llegando incluso a extremos que no somos capaces de considerar.

IMAGEN: Puerta del Sol de Madrid durante la huelga del 29 de septiembre de 2010. Carlos Novillo