Comparación odiosa

Italia no es precisamente un modelo donde buscar métodos de buen gobierno, sus gobernantes han sido más bien famosos por sus desastres, pero en algunos temas y ocasiones nuestros gobiernos no resisten ni tan solo la comparación con los italianos.

Tal es el caso de la amnistía fiscal. Cuando el Sr. Montoro planteó la amnistía para los defraudadores españoles, en Italia ya la tenían en marcha, las declaraciones complementarias para acogerse a la amnistía les funcionaban muy bien y finalmente la amnistía italiana tuvo éxito y se cerró con una cifra cercana a la prevista. Una de las razones del éxito de la amnistía fiscal italiana es que unos pocos meses antes de que se anunciase la medida, los grandes defraudadores italianos recibieron la visita de inspectores de Hacienda que les metieron el miedo en el cuerpo, campaña que siguió una vez la amnistía estaba vigente.

Antes de comparar la amnistía italiana con la del Sr. Montoro debo decir que considero mucho más difícil convencer a que regularice su situación a un defraudador italiano que a uno español. En un par de ocasiones a lo largo de mi vida profesional tuve ocasión de comprobar las formas de operar de los evasores italianos, una vez en Lugano y otra en Milán, y la sofisticación de las técnicas y procedimientos que utilizan para evadir impuestos y mandar su dinero a residir cómodamente en el extranjero no creo que estén ni de lejos al alcance de los defraudadores españoles, ni de los de cualquier otro país.

En lo que a su objetivo oficial se refiere la amnistía del Sr. Montoro ha fracasado estrepitosamente, con una cifra final regularizada que queda muy lejos de la prevista y sin cumplir ni tan solo la sanción del 10 %, que en promedio se quedó en el 3 %. Estoy convencido que la razón del fracaso es que, al contrario que la Hacienda italiana, la Hacienda española no llevó a cabo gestión alguna con los grandes defraudadores, porque como hacen siempre los altos funcionarios económicos de este país lo confiaron todo a la fuerza del BOE, ya que la mayoría creen que las cosas van a ocurrir solo porque se han publicado en el BOE, sin necesidad de cualquier otra gestión. Pero no acaba aquí el desaguisado.

Ahora creo que ya está claro que algunos de los pocos que se acogieron a la amnistía lo hicieron para blanquear dinero proveniente de operaciones de corrupción, y ya en plan opereta, algunos de estos fondos pertenecían nada menos que a miembros  del partido que gobierna y al que pertenece el Sr. Montoro. Hay quien incluso aventura que el blanqueo de esos fondos era el objetivo real no oficial de la amnistía, cosa que puede no ser cierta, pero que la desidia con que el Ministerio gestionó la medida casi se podría afirmar que lo da a entender.  

Para acabar el sainete, los inspectores de Hacienda a nivel gremial piden ahora, con razones sobradas, que se investigue a todos los que se han acogido a la amnistía, dentro de una exigencia más general y antigua para que Hacienda se tome más en serio la inspección de los grandes defraudadores. El resultado final puede ser que Hacienda incumpla su compromiso de no inspeccionar a los que se han acogido a la amnistía, con lo que los que no se han acogido celebrarán su inteligente decisión en el restaurante más caro del paraíso fiscal donde tienen sus fondos no declarados ni acogidos a la amnistía.

Esta no es solo la historia de una desastrosa gestión, además es el más espantoso de los ridículos, más todavía cuando está claro que nada de esto habría pasado si la Hacienda española no tuviese la mala costumbre de mirar hacia otro lado cuando algunos grandes defraudadores ocultan parte de su riqueza, y solo faltaba que después de una explicación que consistió en tirar pelotas fuera y largas justificaciones que en sanscrito o coreano se habrían entendido mejor, la Directora General de la Agencia Tributaria, Sra. Beatriz Viana, no se diese cuenta de que el micrófono estaba abierto y soltase aquello de “No sé ni lo que he dicho”. No me extraña, los que la escuchaban todavía se lo están preguntando, porque entre otras cosas para justificar la posible inspección de los que se han acogido a la amnistía afirmó que Hacienda tiene la obligación de aplicar la Ley con cualquier defraudador. Seguramente la Sra. Viana no ha leído los artículos del New York Times sobre el Sr. Botín y otros grandes defraudadores que fueron denunciados en 2010 por un ex-banquero suizo y su Agencia Tributaria no los sancionó y les concedió un plazo para regularizar su situación.

Después de los dos últimos gobiernos que ha padecido este país, y de sus dos ministros de Hacienda, Salgado y Montoro, no dejo de pensar que en Bélgica, después de las últimas elecciones, funcionaron más de un año sin gobierno y no les fue mal del todo. Creo que en España deberíamos copiar la experiencia por un período mucho más largo y seguro que se empezarían a solucionar muchos de nuestros múltiples problemas.