Comunicado ante la repatriación de cooperantes

Las organizaciones que trabajamos por la solidaridad con el Pueblo Saharaui, tanto en los campamentos de población refugiada en Tinduf (Argelia) como en los territorios ilegalmente ocupados por Marruecos, mediante programas de cooperación y ayuda humanitaria o sensibilización, rechazamos la decisión unilateral del Ministerio de Exteriores de repatriar de forma urgente a los y las cooperantes presentes en los campamentos.

Las razones aducidas de falta de seguridad ante un supuesto riesgo inminente de ataque terrorista no concuerdan con el análisis de las autoridades argelinas y saharauis ni de personas expertas en seguridad de la zona.

Las medidas adoptadas tras el secuestro de nuestras compañeras Ainhoa y Rosella y de nuestro compañero Enric, hoy felizmente liberados, medidas tomadas en colaboración con los gobiernos español y argelino, hacen que el trabajo en los campamentos sea más seguro que nunca. En cualquier caso, las organizaciones y cooperantes que trabajan en los campamentos no asumen más riesgos que en otros lugares del mundo, donde la sociedad civil intenta paliar el fracaso del injusto orden mundial actual.

La inestabilidad política y social en los países del Sahel, y en particular del norte de Malí, donde se concentran varias organizaciones islamistas y bandas internacionales de delincuencia, no se combaten con medidas militares sino con una política clara y eficaz de ayuda al desarrollo de las poblaciones autóctonas que el mismo Ministerio de exteriores ha eliminado con la excusa de la crisis económica.

Por todo lo anterior y dado que la medida no ha sido consensuada ni con las autoridades legítimas saharauis ni con las organizaciones presentes en los campamentos, creemos que se trata de un gasto inútil encaminado a encubrir la voluntad del Gobierno español de reducir la escasa ayuda que presta al Pueblo Saharaui y para presionar políticamente al Frente POLISARIO en estos momentos de grave emergencia humanitaria para que acepte el intolerable statu quo político actual.

Queremos recordar que, de acuerdo con la legalidad internacional, España, que “de iure” es la potencia administradora del territorio, es también responsable de garantizar unas condiciones de vida dignas y seguras al conjunto de la población saharaui, algo que sistemáticamente han incumplido éste y los anteriores gobiernos españoles desde el abandono del territorio.

Aislar los campamentos y frenar los procesos de desarrollo que se acompañan desde la cooperación internacional es una violación más de los pactos internacionales y de los derechos fundamentales de los y las saharauis y solo sirve a la política de anexión y genocidio marroquí.

Reiteramos nuestra voluntad de seguir cooperando al desarrollo y la libertad del Pueblo Saharaui y de mantener nuestra presencia en los campamentos y en las zonas ocupadas en la medida que esta sea necesaria y así lo consideren el Frente POLISARIO y la RASD.