Los colegios profesionales, como corporaciones de derecho público, defienden el libre ejercicio de las/los profesionales y de los derechos de las/os usuarias/os y consumidoras/es, entre las que están las personas afectadas por la violencia machista, cuya existencia e intensidad se refleja en la larga lista de mujeres maltratadas y asesinadas.
Las medidas legales y jurídicas presentadas ante el parlamento andaluz por la formación política VOX, instando que “el Gobierno de la comunidad entregue la lista, con nombres y apellidos, de todos/as los trabajadores y las trabajadoras de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género” (empleados/as en equipos psicosociales de los juzgados de Familia y de Menores que evalúan el riesgo de las víctimas de la violencia machista) no buscan otro objetivo que el de trasladar la presión directa sobre estos/as funcionarios/as como método de coacción y con ello poner en duda la propia existencia de la violencia machista.
Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales manifestamos nuestro más absoluto rechazo a la medida propuesta, por el cuestionamiento profesional que se pretende realizar de las/os trabajadoras/es afectados/as, además del ataque a la integridad de las víctimas de violencia machista, lo que repercute en el recorte de los derechos fundamentales de las personas.
Por todo ello instamos a la Junta de Andalucía a que no tome en consideración la petición presentada, garantizando la confidencialidad y la profesionalidad del trabajo realizado, así como la protección de la identidad de las víctimas y las medidas de protección hacia ellas.
Febrero de 2019.
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