Organizaciones comunitarias e indígenas exigieron a la Superintendencia de Medio Ambiente que no recurra de casación a la Corte Suprema, impugnando el fallo de los Tribunales Ambientales sobre el proyecto pues solo constituiría una nueva demora.
CHILE: Mediante una carta entregada en la Superintendencia de Medio Ambiente, un conjunto de organizaciones indígenas y comunitarias del Huasco solicitaron que el organismo se abstenga de recurrir de casación a la Corte Suprema, impugnando el fallo de los Tribunales Ambientales sobre el proyecto Pascua Lama, pues constituiría un mecanismo de dilatación y en ningún caso de búsqueda de justicia. En esta línea además hacen un llamado a que se cumpla lo ordenado por el Tribunal Ambiental, y a aplicar las sanciones correspondientes a los titulares del Proyecto, la firma Barrick Gold. Recordemos que el pasado 3 de marzo, el Segundo Tribunal Ambiental acogió por unanimidad la reclamación de diversas organizaciones y comunidades del Valle del Huasco, contra la Resolución N° 477, de la Superintendencia Evaluación Ambiental de mayo de 2013. Esta última resolución sólo multaba a la empresa Barrick Gold por parte, y no todos los incumplimientos de los que había antecedentes de cara a la implementación del proyecto minero. De ahí que a juicio de los reclamantes, el fallo del Tribunal Ambiental confirmó las denuncias sistemáticas que la comunidad ha hecho contra el proyecto, al tiempo que dio cuenta de de la complicidad de la autoridad fiscalizadora con las operaciones de esta industria minera canadiense. Las organizaciones además aludieron a los cuestionamientos al nuevo Superintedente de medio Ambiente,Cristián Franz- por sus nexos con el Grupo Alianza que se ha encargado de asesorar a firmas como Barrick, Collahuasi, Antofagasta Minerals, Agrosuper, Codelco- entre otras, haciendo un llamado a “la autoridad a que no siga socavando la nueva institucionalidad”. Igualmente, enfatizaron que Franz si no acata lo fallado por el Segundo Tribunal Ambiental y el organismo recurre de casación, quedaría en evidencia que su rol es ser agente de las industrias contaminantes al interior del aparato público, que garante de la protección del medio ambiente.