Con Alemania hemos topado

Ha escocido lo suyo la decisión de los jueces alemanes sobre Puigdemont. Tengo para mi que tanto el juez del Supremo español, Pablo Llarena, como el Gobierno de Mariano Rajoy ya habían dado por hecho que el ex presidente catalán sería entregado  por la justicia alemana para ser juzgado en nuestro país por rebelión y malversación. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en uno de sus habituales ejercicios de imprudencia, llegó a decir pocas horas antes de que decidieran los jueces alemanes que no "concebía otro escenario que no fuera ese". Pues lo había y a la vista está. Ahora, los jueces alemanes se cuestionan incluso si la malversación de la que se acusa en España a Puigdemont es equivalente a la corrupción que recoge el ordenamiento jurídico alemán. Al parecer no terminan de tener claro si el empleo de dinero público por parte de Puigdemont para financiar un referéndum ilegal es corrupción o no. 
Al menos - eso hay que reconocerles - sí consideran que en la consulta hubo violencia pero entienden que sin la suficiente intensidad para doblegar al Estado. Una pena que Puigdemont y los independentistas no pudieran sacar los tanques a las calles el 1 de octubre para garantizar máxima intensidad y la celebración del referéndum en paz y camaradería republicana. También destacan - y aquí les escuece a los independentistas - que Puigdemont no es un preso político como él y los suyos son tan aficionados a considerarse. Por si el golpe a las expectativas del Gobierno y de la justicia de nuestro país no fue lo suficientemente duro, una lenguaraz ministra alemana de Justicia vino a echar un poco más de sal en la herida defendiendo la decisión de los jueces y provocando un mal disimulado malestar entre Berlín y Madrid. 

El debate jurídico y político se centra ahora en si los jueces alemanes se excedieron en su interpretación de la euroorden española de detención y entrega de Puigdemont. Hay coincidencia entra la mayoría del juristas en que no formaba parte de las atribuciones de la justicia alemana entrar a determinar si la violencia empleada por los independentistas fue o no suficiente y descartar a continuación el delito de rebelión. Su misión consistía en discernir si en el ordenamiento jurídico alemán hay o no un delito equivalente al de rebelión. Ese delito existe y se llama alta traición, castigado con penas más duras que el de rebelión en España. El fallo, por tanto, cuestiona abiertamente la figura de la euroorden en tanto no respeta la competencia jurisdiccional de otro estado  de la UE, tan democrático como el alemán y perfectamente capacitado para enjuiciar los delitos cometidos en su territorio. Ello sin contar con el hecho de que la medida la adopta un tribunal equivalente a una audiencia provincial española frente a todo un Tribunal Supremo de otro país. 
La intensidad de la violencia de la que hablan estos jueces no era cuestión de su incumbencia, en primer lugar porque carecían de los imprescindibles elementos de juicio para adoptar una decisión fundamentada. Ese es un asunto para la controversia judicial ante los tribunales españoles, país en el que presuntamente se cometió el delito. Sea como fuere, el fallo alemán ha venido a dar oxígeno a los independentistas y ha vuelto a dejar con las vergüenzas al aire la inmovilidad política del Gobierno español dentro y fuera de España ante el desafío secesionista catalán. De todos modos, lo que me pregunto es qué decidirían los jueces alemanes de esta historia si las autoridades de un estado federado convocaran un referéndum ilegal y de forma más o menos violenta o pacífica declararan unilateralmente la independencia de la República Federal de Alemania, país en el que, por cierto, los partidos independentistas son ilegales.