Con Estatuto o sin él, periodistas

Ayer asistí en el Foro de Periodistas Andaluces a la presentación del “Borrador para el proyecto de Ley Orgánica de Garantías del Derecho a la Información de la Ciudadanía” que se celebró en el salón de actos de la Facultad de Comunicación de Sevilla con la colaboración del Foro de Organizaciones de Periodistas.

En realidad se trata del enésimo intento de implantar lo que se ha dado en llamar el Estatuto del Periodista Profesional, sólo que ahora se hace bajo el paraguas de la alusión directa a un derecho fundamental de la ciudadanía, el de la información, aunque sea de la tutela de tal derecho de lo que menos se trate, porque con demasiada frecuencia los periodistas nos olvidamos que los ciudadanos no sólo tienen derecho a recibir información, también lo tienen a emitirla, como así lo reconoce la Constitución en su famoso artículo 20.

Es por ello que me parece cuanto menos poco apropiado que se pretenda tutelar un derecho fundamental de los ciudadanos desde un estatuto para el ejercicio de una profesión. Para eso está la justicia y el ministerio fiscal, que debería actuar de oficio cada vez que ese derecho se ve vulnerado por las empresas periodísticas o por los profesionales o por quien sea.

En mi opinión, es un craso error partir de la premisa incierta de que “la comunicación pública requiere de la mediación de empresas informativas e informadores profesionales”. Eso es a mi humilde entender dar la espalda a la realidad. Y más cuando se plantea como objetivo de la ley orgánica el “servir al derecho de la ciudadanía a ser informada garantizando la independencia de los informadores”.

Se está obviando una realidad cada vez más frecuente como la de que, dadas las circunstancias por las que atraviesa el mundo del periodismo profesional, hoy cada vez son más lo periodistas que, ante la situación de desempleo y precariedad que impera en la profesión, deciden tirar por su cuenta y de forma casi vocacional utilizando las posibilidades que les ofrecen las nuevas tecnologías. Si el Estatuto no recoge para ellos las mismas garantías que para el resto de la profesión, mal servicio hará al derecho que dice defender.

Una de las pretensiones del borrador es la creación y puesta en marcha de un Consejo de la Información en el que tengan cabida además de los políticos, las empresas periodísticas y los propios profesionales de la información, las universidades, la justicia y la sociedad civil en general, y que tendría un carácter co-regulador, además de que se pretende que sus decisiones sean vinculantes.

Una propuesta interesante en la que habría que ahondar más y, a ser posible, sacándola del ámbito de la profesión. Porque sólo así seremos capaces de comprender por qué las fuentes nos han abandonado y han decidido acudir a la red a difundir ellas sus propias informaciones, entre otras cosas.